A dos meses y medio de la consulta popular que plantea bajar la edad jubilatoria a 60 años, equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP, el PIT-CNT elaboró un documento que defiende punto por punto la propuesta del plebiscito constitucional, según informó El Observador y confirmó la diaria. El texto fue analizado este jueves en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical y este viernes se tratará en la Mesa Representativa; posteriormente será evaluado por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, también integrantes del comando a favor del plebiscito.

El documento, al que tuvo acceso la diaria, abre con la frase “La vida debe estar al servicio de la vida”, como “el principio ético y el compromiso político sobre los que se afirman las acciones, ideas y valores que atraviesan esta reforma constitucional”. Para el PIT-CNT, la seguridad social es una “herramienta al servicio de la dignidad humana”, por lo que “no puede ser objeto de lucro” ni estar “empañada por intereses ajenos a su rol social superior”. Para la central sindical, el sistema previsional “es un deber y una responsabilidad del Estado”.

Con relación a la disminución de la edad de retiro, que la reforma jubilatoria aprobada en este período de gobierno subió a 65 años, el PIT-CNT sostiene que volver a los 60 años “apunta a impedir que se utilice la extenuación del trabajador como variable de ajuste” y señala que, al incluirse en la Constitución, se limitan “las potestades del legislador de fijar requisitos más exigentes para ser titular de una prestación de jubilación”.

Este punto de la papeleta pretende “asegurarles a las y los trabajadores la posibilidad de elegir, a partir de esa edad, si quieren y pueden seguir en el mundo del trabajo”, mientras que, al mismo tiempo, se permite “la posibilidad de generar inducciones positivas que motiven a las personas a mantenerse en la actividad laboral por encima de la accesibilidad primaria”.

Sobre el incremento de las jubilaciones mínimas, la central sindical asegura que es un objetivo que “Uruguay puede y debe hacer”. De acuerdo con estimaciones del Instituto Cuesta Duarte, se señala que este “mejoramiento social” tendría un costo de 460 millones de dólares anuales, lo que equivale a 0,6% del PIB.

Acerca de la eliminación del lucro en el sistema previsional, el PIT-CNT sostiene que el régimen de ahorro individual de las AFAP es “ineficiente”, “caro” e “inseguro”, y además “sólo existe en 12 países del mundo”. “La mayoría de los países que en su momento escogieron ese modelo lo fue abandonado a la luz de sus limitaciones, inequidades y fracasos. Es hora de que Uruguay se sume a la tendencia mundial en ese sentido”, se afirma.

Por otra parte, la central sindical advierte que el plebiscito “no es una reforma del sistema de seguridad social”, y señala que tanto los “cambios en el mundo del trabajo” como las “desviaciones demográficas imprevistas”, entre otros factores, “pueden implicar” que en determinado momento “se requiera discutir nuevamente la financiación” de la seguridad social.

Para ello, el PIT-CNT plantea revisar el aporte patronal en el sector agropecuario, dado que “si se llevara su aporte a un 7,5%, como es para el resto de los sectores, se recaudarían 50 millones de dólares anuales”; reducir en un tercio la evasión tributaria de IVA e IRAE, lo que permitiría una recaudación adicional de 730 millones de dólares anuales, y disminuir de manera progresiva las exoneraciones fiscales, “del actual 6,4% al 3,7% del PIB, que es el promedio de América Latina, [lo que] implicaría un ahorro por menor gasto tributario de 2.000 millones de dólares anuales”.

La central sindical asegura que hay “muchos cambios” para realizar con respecto a “quienes más tienen”, en lugar de “generar nuevamente un costo a las espaldas de los trabajadores y jubilados, como aumentar el IVA o los aportes”.

Gerardo Rodríguez, dirigente del sindicato de Ancap e integrante del Secretariado Ejecutivo, señaló a la diaria que este documento, que en 15 páginas resume “la orientación y la fundamentación de la iniciativa”, será “un hilo conductor de la discusión en todo el territorio”.

La papeleta y el programa del FA

Aparte del PIT-CNT, Fucvam y la FEUU, el plebiscito es apoyado por Unidad Popular-Frente de Trabajadores, Identidad Soberana y el PERI, así como por algunos sectores del Frente Amplio (FA), que orgánicamente ha dado libertad de acción a sus integrantes. En ese sentido, la candidata a la vicepresidencia por el FA, Carolina Cosse, anunció días atrás que no votará la reforma y aseguró que existe una “sintonía conceptual básica” entre los tres puntos de la papeleta y las bases programáticas del FA, ya que la fuerza política propone “generar las condiciones de acceso a la jubilación a los 60 años”, garantizar “pisos básicos de protección” e “impulsar” un sistema previsional con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo).

La comparación es resistida por algunos integrantes del comando a favor del plebiscito. El dirigente de la Asociación de Funcionarios Postales e integrante del Secretariado Ejecutivo, Juan González, dijo a la diaria que el programa del FA “no tiene ninguna sintonía” con la papeleta, y, a título personal, consideró que Cosse “se dejó presionar por la derecha de la coalición y por la propia derecha que opera dentro del FA”.

González señaló que el FA no presentó “una sola propuesta concreta que hablara de eliminar las AFAP”. Asimismo, apuntó que el economista Gabriel Oddone, “que va a ser el ministro de Economía, dijo hace unos meses que la Ley 20.130 [de la reforma jubilatoria] se había quedado corta incluso”.

La dirigente del sindicato del BPS, Nathalie Barbé, dijo a la diaria que la “diferencia principal” es “la eliminación total del lucro de las AFAP”. Si bien señaló que el programa del FA “habla de mantener República AFAP [como] un ahorro individual público”, sostuvo que “el ahorro individual le sirvió solamente a 27.000 trabajadores y perjudicó a un millón y medio de trabajadores, entonces, en esa puesta de equilibrio no podemos mantener un ahorro individual, así sea público, que le sirve a menos del 1% de los trabajadores”.

Por otro lado, Barbé resaltó que, por tratarse de un cambio constitucional, “ningún gobierno podría cambiarlo el día de mañana por mayoría parlamentaria”. Mencionó que, aunque un nuevo gobierno del FA tenga “las mejores intenciones de avanzar con la seguridad social” mediante una nueva ley, posteriormente puede asumir “otro gobierno que lo cambie con el mismo método legislativo”.

Con respecto al incremento de las pasividades mínimas, González reconoció que en los gobiernos del FA hubo “aumentos muy por encima de lo que es el [actual] gobierno de la coalición”, aunque apuntó que actualmente “no hay ningún planteo de un aumento como este”.