“No estamos entendiendo todo lo que significa una situación de violencia”

En 1994 July Zabaleta, con 23 años, entró en la Policía como agente de segunda. 24 años después se convirtió en directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI). En esos 24 años también trabajó en la Dirección Nacional de Policía Técnica (lo que ahora es Policía Científica) como especialista en huellas digitales.

En 2010 fue entrevistada por Marisa Lindner, quien en ese entonces era la directora de la División de Políticas de Género, y Zabaleta ingresó al área. Tres años después pasó a ser subdirectora, y en 2015 se hizo cargo de la dirección.

Recuerda que en sus primeros tiempos en la Policía era difícil para una mujer entrar porque había pocos cupos, y además “era raro” que una muchacha quisiera ese trabajo. “Si bien ya había otras mujeres que allanaron el camino, las posibilidades seguían siendo reducidas”, dijo a la diaria. En su caso, tomó esa decisión, en parte, porque se trataba de un trabajo estable que le permitiría estudiar, un deseo que cumplió y pudo recibirse de psicóloga, pero la vocación de servicio también tuvo que ver: “Me pareció que podía ser útil”, aseguró. A lo largo de su carrera Zabaleta tuvo que enfrentar dificultades de todo tipo, como por ejemplo la falta de recursos materiales. Recuerda que mientras estaba en la Policía Técnica tuvo que pagar de su propio bolsillo los guantes para tomar las huellas. En un momento tampoco había uniformes, y cuando llegaban “nunca era el talle”.

En esas primeras épocas Zabaleta sufrió varios episodios de acoso. Fue algo que en el momento no identificó, pero con el correr de los años y la experiencia, pudo reconocerlo como acoso sexual. “Es difícil decir que puse límites, porque no se trata de que las personas tengamos que irnos defendiendo sino de que nos respeten. Recuerdo pila de situaciones, pero una fue especialmente clara”, relató. Zabaleta contó que uno de sus jefes la llamaba por teléfono, en forma insistente, y la invitaba a salir. El hombre ni siquiera se identificaba, “yo era una policía nueva y me resultaba complicado poner el límite porque tenía miedo a las represalias”. A pesar de esto, logró salir de la situación. Un día lo encaró, le dijo que sabía que la llamaba y que no tenía problema en salir a tomar un refresco con él, siempre y cuando su pareja los acompañara. “No sé si fue por mi carácter, pero en su momento lo que se me ocurrió fue sacarle la careta”. Zabaleta nunca supo si otras compañeras pasaban por lo mismo porque “esas cosas no se hablaban”. De todas formas, la jerarca insistió en que “las mujeres no deberíamos estar preparadas para repeler o defendernos sino que deberíamos trabajar sin que se desubiquen”.

Fue con la asunción de Daisy Tourné como ministra del Interior, en 2007, que Zabaleta se dio cuenta de que quería trabajar en políticas de género. El clic lo hizo cuando vio que sus compañeros criticaban a Tourné por determinadas conductas. “Cuando la ministra salía en el informativo hacían comentarios sobre su vida personal y criticaban las mismas cosas que ellos hacían. Yo escuchaba y me subía algo. Las primeras veces me quedaba pensando en que algo no cerraba, después empecé a contestarles”.

El pasaje de Tourné por el MI fue importante para Zabaleta en el plano simbólico: “A las que nunca nos imaginamos en determinados lugares de poder, ella nos habilitó a soñar con que era posible”, dijo.

Hoy en el MI existe una Comisión Permanente de Acoso Sexual que depende de su división. La comisión investiga los casos de acoso, y si bien no es un comportamiento erradicado, ya que hay alrededor de 30 denuncias por año, ahora existe seguridad de que la investigación no sigue la línea jerárquica, condición fundamental para que esta transcurra en condiciones adecuadas y sin presiones.

Zabaleta asegura que hubo un “gran avance” en la interna del ministerio, sobre todo desde 2005. En 2009 había 19 unidades especializadas, una por departamento. En 2017 ya había 56 en todo el país. También se trabajó en la capacitación de los funcionarios y en el currículo; “hemos tenido un promedio de 4.000 personas capacitadas por año, en 2017 fueron 5.360”, aseguró.

En cuanto a las denuncias por violencia de género, se pasó de 6.000 en 2005 a más de 39.000 en 2017. “Esto nos dice algo sobre la mejora de la recepción”, pero reconoció que “los números de femicidios no van de la mano con los esfuerzos que hace el Estado”.

Uno de los reclamos de los gremios policiales es que las denunciantes se alojen en albergues transitorios; esta es una propuesta que Zabaleta rechaza. “Las casas de acogida no son una solución. No creo que ninguna sea la solución definitiva. Pienso que se está depositando demasiadas expectativas en la Policía y en los refugios”. Explicó que cuando las víctimas vuelven a sus hogares luego de esa solución transitoria “no tienen ni rastros de la casa”, y esto “les sucede a las personas con pocos recursos económicos y sociales”. El abandono del hogar de la víctima tiene que repensarse. Las custodias tampoco son la solución para la situación; “muchas veces es al revés, se agrava, porque la víctima no puede hacer una vida normal”. Sobre las tobilleras, dijo que se sumaron 100 a las 300 que ya había, un número que debería alcanzar para cubrir la demanda. El problema, según la jerarca, es que los casos se prorrogan y cuando ingresan nuevos no dan abasto.

Para Zabaleta el problema real es que “estamos en una fase en la que, como sociedad, no estamos entendiendo todo lo que significa una situación de violencia. No se resuelve cuando se hace la denuncia. En ese momento se puede intentar que cese, pero la realidad es que se disparan una cantidad de variables que hay que resolver. Hay que considerar muchas cosas: si el agresor es la pareja hay que solucionar dónde va a vivir la denunciante; si la persona se tiene que mudar hay que ver si eso se puede conciliar con el trabajo; si nunca trabajó tiene que conseguir un empleo, y si nunca trabajó y tampoco tiene una formación le va a llevar más tiempo. También hay que considerar si hay hijos a cargo; hay que ver a qué escuela van a asistir, si la mujer va a tener dinero para acompañarlos, o si van a poder ir caminando”.

Zabaleta destacó que la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género establece un sistema de respuesta interinstitucional, algo que el MI hace con algunos actores como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud o el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). No obstante, dijo que es necesario que todo el Estado esté involucrado.

Sobre femicidios

Zabaleta es consultada con frecuencia sobre la pertinencia de hablar sobre femicidios. Asegura a la diaria que más que pensar en lo que hay que informar hay que reflexionar sobre “lo que no hay que informar”. “Hay que pensar en lo que pasa por la cabeza de alguien que está agobiado con un problema. Por lo general esa persona no ve una salida clara a la situación. Y si escucha que un ‘pobre hombre’, devastado por los problemas y por las traiciones de su pareja, no aguantó más y decidió quitarle la vida y matarse, el que pasa por un problema similar puede llegar a entender que esa es una salida posible. Y nunca la muerte, ni propia ni ajena, puede ser pensada como una solución”.

Como ejemplo puso los casos en que los informativos toman testimonio a vecinos que dicen que el agresor era “un buen hombre que pasaba del trabajo a la casa”.“Todos esos testimonios pueden hacer que otro hombre que está escuchando, que no cree ser una mala persona pero que está pasando por problemas, se identifique y vea [el femicidio] como una posible salida”.

Además, sostuvo que los medios especulan con el rating, “porque todos sabemos que hacer reír o hacer llorar es lo que engancha a la gente”.

Cuando el policía es el agresor

En 2016 hubo 489 retiros de armas a policías por denuncias de violencia de género. Esto es producto del decreto 111, vigente desde 2015, que establece un protocolo específico para el MI. Los gremios policiales se quejan de que el ministerio demora demasiado en devolver el arma cuando no se comprueba la agresión. Zabaleta aseguró que se hizo una consultoría externa para analizar posibles mejoras a este decreto. “A partir de nuestros números y de esa consultoría hay cosas que quedan bastante en evidencia. Por ejemplo, es un mito eso que se decía de que estábamos desarmando policías por denuncias anónimas falsas”. La jerarca no descartó la posibilidad de que una mujer haga una denuncia falsa para perjudicar a su ex pareja, pero dijo que lo más frecuente es que la persona que hace la denuncia no sea la víctima sino el agresor que “le ganó de mano” a la mujer. “Lo que hacen es cambiar los roles”, sostuvo, y aclaró que en 2017 entre 50% y 60% de los policías denunciados ya tenían denuncias previas. Cabe aclarar que no todas las armas retiradas son de agresores, también se puede retirar el arma a las víctimas. “Porque cuando la mujer víctima de violencia es policía y sigue viviendo con el agresor es un riesgo que haya un arma en la casa”. También se hacen desarmes cuando hay un intento de autoeliminación o cuando se perciben conductas depresivas. En estos casos se pide un informe médico que diagnostique la enfermedad.

Zabaleta reconoció que hay desarmes en situaciones de bajo riesgo que han tenido una demora importante en la devolución del arma. “Eso es algo en lo que trabajamos con la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, que es de la que depende la junta que reintegra el arma”. Antes de la devolución el policía tiene que pasar por una junta médica, que es la que determina si la persona está en condiciones de volver a portar el arma. En los casos en los que hay elementos suficientes como para determinar que hubo violencia, también tiene que pasar por los servicios específicos del Hospital Policial y tomar talleres obligatorios de reeducación.

“Nosotros decimos que no se trata de una enfermedad. Lo que se aprendió mal sobre el relacionamiento se puede reaprender. También tienen la posibilidad de tener un acompañamiento psicosocial, dependiendo del perfil. Lo que sucede es que, muchas veces, los ofensores no tienen apego al proceso. Pueden ir todos los días, pero uno se da cuenta de que no lo están trabajando. En esos casos se hace un informe a la junta médica, que es la que decide si el funcionario se reintegra o no”.