Ayer se reunió la bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) para empezar a estudiar la reasignación de los recursos de la Rendición de Cuentas. Si bien en esta oportunidad no se analizó en profundidad de dónde se extraerán los montos necesarios para aplicar la ley integral contra la violencia basada en género, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi aseguró a la diaria que en el oficialismo descartan la posibilidad de postergar su aplicación: “La ley va a seguir, no hay necesidad de postergar nada; es un planteo del diputado Pablo Abdala que ni siquiera el Partido Nacional respalda. Con lo que existe actualmente hay suficiente para que la ley arranque”.

El oficialismo se resiste a la idea planteada por el diputado nacionalista, quien sugirió este martes a El País que se debería postergar la aplicación de la ley o, en su defecto, los aspectos vinculados con los procesos judiciales, porque la asignación presupuestal para que la ley comience a caminar es escasa. La diputada del Movimiento de Participación Popular Lilián Galán aseguró que el FA “es muy responsable” con lo que vota y es por ese motivo que en la Rendición de Cuentas existe una partida de 80 millones de pesos (2,5 millones de dólares) para la ley. Agregó que es posible “que surja algún incremento más” y destacó que hay organizaciones sociales que señalan que el Poder Judicial tiene la capacidad necesaria de llevar adelante su implementación sin incremento presupuestal, y que hoy en día lo único que se necesita es voluntad política. “El FA no plantea leyes para que luego queden muertas”, aseguró.

El Poder Judicial reclamó en su mensaje presupuestal unos 950 millones de pesos (30 millones de dólares) y la Fiscalía, por su parte, aseguró que necesitará 300 millones de pesos (9,5 millones de dólares) para poder cumplir con lo que establece la normativa. El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti señaló que el oficialismo definió que esta ley no va a quedar en el tintero y por ese motivo asignó partidas para tobilleras, viviendas y el fortalecimiento de la atención a las víctimas de violencia basada en género. De todas formas, el diputado propuso a la bancada hablar con integrantes de la Fiscalía y de la Suprema Corte de Justicia para ver cómo reasignar los recursos ya existentes. Asti descartó la posibilidad de que se incremente el presupuesto. Según explicó, actualmente, con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, los juzgados de Paz y algunos juzgados penales, la Justicia tiene menos actividad que antes, en parte porque el proceso se hace más breve y la investigación queda en manos de los fiscales. Por eso, una de las posibilidades que se maneja en el oficialismo es usar los recursos de esos juzgados que no se encuentran operativos.

Otras coincidencias

En la bancada oficialista existe una opinión bastante generalizada de modificar el artículo 188 de la Rendición de Cuentas, aseguró Asti. Este artículo dice que los pacientes podrán acceder a los medicamentos de calidad autorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero no podrán iniciar cualquier “acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su inclumplimiento”.

Pozzi aseguró que este es el artículo que más discrepancias causa en la bancada del FA, y adelantó que existe una “idea mayoritaria de sacarlo de la Rendición”, pero todavía no lo han terminado de definir. Según informó la diaria la semana pasada, el diputado nacionalista Martín Lema denunció, luego de la comparecencia de las autoridades del MSP ante la Comisión de Presupuesto, que este artículo es “inconstitucional” y una manera de “blindar” al Estado de las posibles demandas que surjan por los medicamentos de alto costo. También aseguró que si el FA no da marcha atrás con este artículo, presentará una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Las cuentas del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, asistió ayer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar sobre el articulado de la cartera en la Rendición de Cuentas.

Según explicó el diputado nacionalista Gustavo Penadés, el ministro recalcó que el personal subalterno de las Fuerzas Armadas (FFAA) recibirá un aumento salarial de 3%. Para lograr este objetivo, el ministro explicó que se eliminarán algunas vacantes para “trasladar ese aumento salarial al personal”. “En líneas generales compartimos el planteo, pero le expusimos al ministro la necesidad de elaborar rápidamente un plan estratégico, porque no se puede sustentar el presupuesto de las FFAA en la reducción del personal rendición tras rendición”, dijo el diputado. El ministro respondió que de la misma manera que en otras épocas se había agrandado la planilla del personal, en esta Rendición se achicaba, explicó el diputado nacionalista.

Menéndez informó que el Estado uruguayo recibió 50 millones de dólares anuales por las misiones de paz realizadas desde 2010. También explicó que Uruguay recibió “extraoficialmente” una invitación de la ONU para que Uruguay aumente su presencia en la República Democrática del Congo y adelantó que el ministerio aceptó la propuesta, relató Penadés.