El lunes 13 de agosto, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores empezó a discutir el proyecto de ley integral trans. A pedido del Partido Nacional (PN), se comenzó con la lectura de los primeros artículos, sin pasar a la votación. Ese día, mientras los senadores analizaban los primeros cinco, fuera del Palacio Legislativo un grupo de personas se manifestó en contra del proyecto. Al día siguiente, Santiago Suárez, uno de los organizadores de la movilización, dijo en una entrevista con el programa Esta boca es mía, de Canal 12, que la población trans no “se da cuenta de la realidad de éxito y aceptación que está viviendo”. Según Suárez, esto queda demostrado porque en la actualidad hay “políticos y profesores” trans. Consultado sobre la discriminación que sufre el colectivo, aseguró: “Todos somos de alguna manera discriminados. A mí me discriminaron de chico por gordo, [además] tenía un estrabismo [...] y me decían que era ‘El tuerto Virola’ [...]. Hace muchos años, muchísimos años, sí había estigmatización; hoy en día no es real. Vemos los programas de televisión, te puedo nombrar cantidad de lugares [en los] que [la presencia de personas trans] es lo más normal”. Suárez afirmó que su opinión es descalificada porque es cristiano. “Ahora parece que los cristianos no pueden hablar, no se puede mencionar la moral. Somos empresarios, profesores, estudiantes, y defendemos la moral [...]. Nos discriminan mucho a nosotros, en todos los medios de comunicación nos tienen como el último orejón del tarro”, sostuvo.

Con respecto al proyecto, dijo que es una “injusticia” el artículo 7, que establece un régimen reparatorio de tres bases de prestaciones por mes (11.544 pesos al valor actual) para personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de la dictadura por su identidad de género, alegando que los trans “van a cobrar más que un discapacitado”, y que por 900 personas se está haciendo una ley “muy extraña”. No obstante, según el Censo Trans que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2016, sólo 16% de las 853 personas registradas tiene más de 50 años; 58% de esas personas dijeron haber sido discriminadas por algún miembro de su familia, y 88% que fueron discriminadas a nivel general. En los centros educativos, los niveles más altos de discriminación declarados provinieron de los compañeros, 75% de los casos en primaria y 72% en secundaria, y también se registró un nivel alto entre los educadores y profesores, 19% en las escuelas y más de 20% en secundaria.

Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (Atru), aseguró a la diaria que no llegan a 40 o 50 las personas que podrían recibir una reparación económica, porque “la mayor parte de las chicas han muerto”.

Discusión parlamentaria

En el Parlamento parece haber consenso para rever el artículo 17 del proyecto, que dice que todas las personas podrán acceder a “intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo”. En este punto se incluye a los menores de 18 años que cuenten con el consentimiento de sus responsables legales, y se establece la posibilidad de que quienes no lo tengan también accedan a esos tratamientos, apelando a un trámite judicial.

Marcos Otheguy (Frente Amplio, FA) aseguró a la diaria que la bancada de su partido está intercambiando opiniones al respecto, pero agregó que “la posición es favorable a este proyecto, eso es lo primero que hay que dejar claro”. Indicó que él es partidario de quitar de la redacción la posibilidad de que menores de edad puedan acceder a las operaciones de reasignación de sexo, porque “es un elemento que a la ley no le aporta nada y que no da respuesta a una necesidad objetiva”. “El censo que hizo el Mides dice que sólo 1% de las personas trans han recurrido a cambio quirúrgico de sexo” y que, “por otra parte, tampoco existen antecedentes de solicitudes realizadas por menores de 18 años”, alegó.

Otheguy hizo referencia a la comparecencia de representantes de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología para explicar su posición acerca de los tratamientos con hormonas. “Lo que nos relataron fue que hay una serie de protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública y que ya se aplican. La hormonización ya se hace, con el consentimiento de los padres; por lo tanto, no hay que generar ninguna alarma”, señaló. Según el senador, el artículo debe ser más específico en lo que refiere a los menores de 18 años, ya que a los menores de 16 no se les dan hormonas para modificar el cuerpo. “En la primera etapa del tratamiento, para permitir la maduración de la persona, lo primero que se hace es bloquear el desarrollo de la pubertad. Eso es un tratamiento reversible en cualquier momento. Es a partir de los 15 o 16 años que los endocrinólogos recomiendan una hormonización que tiene un impacto en las características corporales”, explicó. Otheguy sostuvo que hay que encontrar una redacción que defina con mayor precisión las distintas etapas, y reiteró: “No se está hormonizando a niños de 12 años para que cambien su cuerpo. Eso no pasa”.

Sobre el trámite parlamentario, aseguró que cuando el FA acuerde sus propuestas de modificación las presentará al resto de los partidos y la comisión sesionará para votar el articulado. Esto deberá hacerse en una reunión extraordinaria, porque mañana ingresará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Senado y durante 45 días sólo funcionará en forma ordinaria la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda; de todos modos, aclaró, la cámara alta siempre habilita reuniones especiales durante esos períodos.

Otheguy aseguró que a lo largo del debate en comisión se podía inferir que había una posición favorable de todos los partidos, “independientemente de algunas dudas”. Sin embargo, Carol Aviaga, del PN, aseguró en diálogo con la diaria que los legisladores de esa colectividad política no votarán nada si no se quita del proyecto el artículo 17 y el 5 (que establece la posibilidad de que menores de 18 años puedan cambiar su nombre y género en los documentos de identidad). De todos modos, no aseguró que si se eliminaran esos dos artículos el PN acompañaría lo que quede del proyecto, y se limitó a comentar: “Estoy dispuesta a estudiar el resto del contenido y ver la mejor forma de ayudar en las distintas problemáticas que tienen las personas trans en Uruguay”. Otheguy atribuyó esta postura a que “hubo un empuje de algunos colectivos, fundamentalmente de origen religioso, que empezaron una campaña muy fuerte para influir en los partidos para que tengan una visión negativa del proyecto”.

Según el senador del FA, en esos colectivos de origen religioso hay un “prejuicio” en relación con este proyecto y con otros que han impulsado los gobiernos frenteamplistas, como la ley de salud sexual y reproductiva, y la de matrimonio igualitario. “Yo no atiendo este tipo de planteo, no doy ningún crédito a este tipo de posiciones. Creo que no aportan nada a dar un debate racional, que es lo que la sociedad necesita para abordar estos temas”, sentenció.

El lunes 13, cuando se llevó a cabo la movilización que se opuso al proyecto, se entregaron casi 40.000 firmas de personas que lo rechazan. Otheguy dijo que parte de la base de que esas firmas fueron recolectadas “con engaños y sin relatar lo que el proyecto expresa en realidad”.

Aviaga afirmó que “todas las firmas son con justicia”, porque existe la propuesta de “aprobar una ley en la que se va a promover y aceptar el cambio de sexo y la hormonización a menores, cuenten estos o no con el consentimiento de los padres”, pero aseguró que ella no está de acuerdo con estos procedimientos ni siquiera si se llevan a cabo con el consentimiento de los padres. También sostuvo que “el gobierno, con diversas propuestas, violenta el derecho a criar a los hijos de la forma que se crea más conveniente”. Dijo que no está de acuerdo con “las políticas que se llevan adelante desde la perspectiva de género en la educación”, y que “la frutilla de la torta fueron estos artículos”. “La gente ya está harta de que quieran inmiscuirse en su casa y en la forma de criar a sus hijos, y que pretendan enseñarle los valores de distinta índole. No sé lo que buscan, pero defender el derecho de las personas trans, seguro que no; al contrario. A mí me da una pena horrible, pero se equivocaron en los enfoques”, subrayó.

La senadora aseguró que desde el principio el PN está en contra de los artículos 5 y 7. “Que se hagan terapias irreversibles en menores de edad no lo votamos, no nos parece nada conveniente. Es más, [la Atru] dijo en el Senado que para nada estaba de acuerdo con la hormonización ni con el cambio de sexo realizado a menores”.

Consultada sobre este punto, la presidenta de Atru aseguró a la diaria que el día que fue a la comisión no se entendió bien lo que dijo. En la versión taquigráfica consta que sostuvo que la asociación “nunca” planteó la posibilidad de que niños de ocho o nueve años fueran hormonizados, porque “en ninguna cabeza cabe eso”, y que dijo: “Esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho: no podemos hacerle un tratamiento de hormonización a un niño, pero sí a toda persona mayor de 18 años [que lo requiera]”. Pankievich solicitó concurrir nuevamente a la comisión para rectificar sus dichos, ya que sostiene que ella excluía a los niños y no a los adolescentes. “Hay que ser muy concisa con lo que se dice, porque se puede sacar de contexto”, reflexionó.

Según Aviaga, “Lo que ha hecho el gobierno al introducir este artículo [el 17] es lo contrario de lo que se buscaba: ha provocado una especie de rechazo generalizado hacia todo el proyecto. Los verdaderos problemas de las personas trans no se han visibilizado, y quedó de manifiesto la intención del gobierno, o de algunos actores, de generar discordias familiares y sociales, porque se pone el foco en el cambio de sexo en menores”.

Germán Coutinho dijo que el Partido Colorado tomará una posición cuando conozca las modificaciones que propondrá el FA.