Legisladores y grupos antiderechos multiplican iniciativas para prohibir el aborto en Estados Unidos

Al igual que sucede en varios países de América Latina y Europa, la ultraderecha religiosa avanza a pasos agigantados en Estados Unidos, y se mueve rápido para imponer su agenda política tanto en las calles como en las legislaturas locales. Si bien este sector siempre tuvo poder en el país, se vio particularmente alentado por las medidas conservadoras que ha impulsado en estos últimos dos años el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el centro de la agenda ultraconservadora está la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, que es legal en todos los estados del país gracias al fallo Roe contra Wade aprobado por la Corte Suprema de Justicia en 1973. La sentencia estableció un límite legal de tres meses de embarazo para poder practicar un aborto, y declaró inconstitucional cualquier interferencia por parte de los estados. Sin embargo, el fallo –por cómo está redactado– habilita a los estados a imponer restricciones una vez superado el primer trimestre. Esto dio pie a que, desde ese entonces, fueran presentadas muchas iniciativas para restringir la práctica.

Con el amparo de un gobierno que ya demostró estar contra el aborto y alentados por la nueva formación de la Corte Suprema, que pasó a ser de mayoría conservadora, los grupos ultraderechistas multiplicaron sus esfuerzos de manera vertiginosa en los últimos meses, tanto que según el Instituto Guttmacher, una organización civil dedicada a rastrear los datos de investigación y análisis de políticas sobre el aborto en Estados Unidos, las legislaturas estatales ya promulgaron 21 restricciones al aborto en lo que va de 2019. En algunos casos son restricciones que se agregaron a la normativa vigente, y en otros las prohibiciones se convirtieron en leyes. A las iniciativas aprobadas se suman otras presentadas por legisladores de 28 parlamentos estatales que se debatirán de acá a fin de año y que, en algunos casos, buscan agregar más obstáculos a normas ya de por sí restrictivas –como, por ejemplo, aquellas que buscan que el aborto sea penalizado–.

Un informe de la revista estadounidense Fortune señala que se pueden distinguir cuatro tipos de restricciones en los proyectos de ley presentados desde que empezó el año. Una es la prohibición del aborto en caso de que el feto presente anomalías genéticas. Las organizaciones pro-choice interpretan esta medida como un intento directo por parte de los legisladores de quitarles a las mujeres y personas gestantes el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Esta prohibición se aprobó este año en Arkansas, Utah, Georgia, Illinois, Missouri, Pennsylvania, Carolina del Sur, Texas y Kentucky. En este último estado, la legislación fue bloqueada por una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés).

En tanto, 16 estados presentaron proyectos de ley para prohibir a los centros de salud realizar procedimientos específicos, como el método de dilatación y evacuación, que consiste en eliminar quirúrgicamente el feto. Esta medida prohibiría a las personas acceder a técnicas de aborto que se usan generalmente en procedimientos a partir del segundo trimestre de embarazo.

Este año también se aprobaron varias trigger bans, como son conocidas las leyes que prohibirían de inmediato el aborto si se llegara a revocar el fallo Roe contra Wade. Las trigger bans fueron avaladas en Arkansas, Kentucky, Georgia y Tennessee y están en discusión en otros cuatro estados. Las defensoras del aborto denuncian que estas leyes, además de estar diseñadas para prohibir de forma inmediata y total el aborto a nivel estatal, también obligarían a las clínicas de aborto a cerrar.

El cuarto tipo de prohibición que fue impulsado este año es el vinculado a la edad gestacional. Un total de 15 estados presentaron iniciativas de lo que llaman “leyes de los latidos del corazón”, porque establecen que no se puede interrumpir un embarazo si se detectan los latidos del corazón en el feto, algo que sucede aproximadamente a las seis semanas de gestación, momento en el cual las mujeres suelen descubrir que están embarazadas. “La llaman ‘ley de los latidos del corazón’, pero sabemos que si aplicás esta restricción a las seis semanas es, en los hechos, una prohibición del aborto”, dijo a Fortune el cofundador de la organización Acceso a Cuidado Reproductivo-Sudeste, Oriaku Njoku. Actualmente, la organización antepuso una demanda al estado de Misisipi para detener esta prohibición, una acción legal que repitió también la ACLU en Ohio.

El avance antiabortista no se ve sólo a nivel de las legislaturas estatales: los militantes antiderechos también salieron a las calles. Kathleen Pittman, administradora de una clínica que practica abortos en Luisiana, contó la semana pasada a la cadena alemana Deutsche Welle: “Tenemos manifestantes afuera de nuestra clínica todos los días. Los manifestantes se han hecho más fuertes y sus ataques verbales hacia las mujeres que vienen a abortar son más personales”. Pittman dijo que le preocupa especialmente que las nuevas restricciones en el estado puedan terminar dañando a las mujeres más vulnerables de la comunidad. “Las mujeres más pobres son las que más sufren. No pueden buscar ayuda profesional debido a restricciones financieras y es más probable que intenten un aborto casero”, una práctica que representa hasta 11% de las muertes maternas en el mundo, dijo Pittman. En Luisiana rige la trigger ban y también la ley que prohíbe practicar abortos si se detectan los latidos del feto.

“Hemos visto un nivel de acción sin precedentes en estas prohibiciones de aborto casi total y vamos a ver más”, advirtió por su parte Elizabeth Nash, experta en políticas del Instituto Guttmacher, a Deutsche Welle, y agregó: “Esto no está menguando”.

Hay otro dato significativo. Según la organización civil Stop the Lies, el número de los llamados centros “de atención y crisis” en donde grupos religiosos intentan convencer a mujeres embarazadas de que no aborten aumentó “de manera acelerada” en los últimos años y llegó a 2.700 en todo el país. La cifra, de acuerdo con el mismo grupo, es tres veces más alta que la de las clínicas que practican abortos.

Ante este panorama adverso, las activistas a favor del aborto se organizan con más fuerza y oponen resistencia. En algunos casos, han llegado a lograr avances. Los estados de Nueva York, Vermont y Virginia, por ejemplo, han introducido nuevas leyes para proteger los derechos de las mujeres a acceder a abortos seguros. En Illinois, los legisladores demócratas presentaron un proyecto que, de aprobarse, ampliaría el acceso a los servicios de aborto.

En el plano de la sociedad civil, el desafío es combatir la desinformación. El cofundador de Acceso a Cuidado Reproductivo-Sudeste dijo que las diversas leyes contra el aborto que se presentaron contienen datos erróneos o falaces, y que esto “ha creado miedo” entre la población. Por eso, dijo, su organización concentra los esfuerzos en promover educación sexual y difundir información “para que la gente conozca sus derechos”.

De las fronteras para afuera

Unos pocos meses después de llegar a la Casa Blanca, Trump dejó clara su postura respecto de la interrupción voluntaria del embarazo al anunciar el retiro de los fondos que el gobierno estadounidense destinaba a organizaciones civiles que ofrecían servicios de salud sexual y reproductiva y asesoraban a mujeres sobre el aborto en el extranjero. También quedó claro, desde el principio, que el hombre que manejaba los hilos en estas cuestiones no era tanto el presidente sino su vicepresidente, Mike Pence, de confesión evangélica y representante del sector más religioso del Partido Republicano. A modo de ejemplo: en 2017, Pence fue el primer vicepresidente de Estados Unidos que participó y habló en la Marcha por la Vida que organizan todos los años varios grupos que se oponen al aborto legal.

La semana pasada, la posición antiabortista de la administración Trump volvió a quedar en evidencia cuando Estados Unidos amenazó con tirar abajo una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la violencia sexual en conflictos armados si no se eliminaba el párrafo en el que se garantizaba el acceso de las víctimas a servicios de salud sexual y reproductiva. Washington criticó que el texto apoyara de manera implícita el aborto en los casos de embarazos producto de una violación y dijo que usaría su poder de veto si la resolución se sometía a votación con esa parte incluida.

El borrador original, presentado por Alemania, reconocía la “importancia de dar asistencia a tiempo a los sobrevivientes de violencia sexual” y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar “servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento”. Para lograr que la resolución saliera adelante, la delegación alemana no tuvo otra alternativa que ceder al reclamo y a último momento retiró el cuestionado párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor. “Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción”, lamentó más tarde el embajador alemán ante la ONU, Christoph Heusgen.

Según explicó el diplomático a periodistas, dado que hubo que retirar ese párrafo, el documento aprobado insiste en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema en la que sí figura la salud sexual y reproductiva. Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado, y en algunos casos criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado. “Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva. Es una medida que va en contra de los 25 años de avances por los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto armado”, dijo el representante francés ante la ONU, François Delattre, quien insistió en que además “socava la dignidad y los derechos de las mujeres”.

Por su parte, el representante especial de la primera ministra de Reino Unido ante la ONU, Tariq Ahmad, lamentó que el texto considere que “la atención reproductiva integral” y la “salud sexual” sean tratados como temas separados. “Reino Unido continuará apoyando el acceso a la salud sexual y reproductiva para los sobrevivientes de violencia sexual en todo el mundo”, aseguró, antes de agregar: “Si queremos tener un enfoque centrado en el sobreviviente, no podemos ignorar esta importante prioridad”.

Con el apoyo de Rusia y China, Estados Unidos también logró que se eliminara del texto original una propuesta para crear un mecanismo encargado de revisar el progreso en la erradicación de los crímenes sexuales en las guerras y conflictos armados. De todas formas, pese a los cambios, Alemania defendió que la resolución supone un “hito” y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.

En los últimos meses, el gobierno de Trump advirtió que rechazaría cualquier documento de la ONU que hiciera referencia a la salud sexual o reproductiva, porque ese lenguaje implica el apoyo al aborto. También se ha opuesto al uso de la palabra “género”, ya que considera que en el fondo encubre la promoción “liberal” de los derechos de las personas trans.