El Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que establece un protocolo sobre la detección e investigación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que fue firmado este lunes en el Consejo de Ministros, según informó tras la reunión el titular del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, en conferencia de prensa.

Bonomi explicó que el protocolo “busca orientar la actuación policial en los cometidos de prevención, detección, investigación y represión de los delitos de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes”. “Se brindan herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, testigos, peritos, organizaciones y demás personas intervinientes en todas esta situaciones. Se busca protocolizar y estandarizar los mecanismos de coordinaciones interinstitucional en la investigación y atención integral de los casos de violencia basada en género”, agregó el jerarca. Bonomi sostuvo que se requiere establecer “principios rectores de los procedimientos policiales” en estos casos, de manera de “garantizar los estándares mínimos establecidos en las directivas de Naciones Unidas y la normativa internacional”.

Bonomi añadió que el Plan Nacional de 2007 para “atacar la explotación sexual comercial” la define “como una relación de poder y sexualidad mercantilizada en la que niños, niñas y adolescentes adquieren el rango de mercancía comercializable, lo que cual ocasiona graves daños psicosociales”. Según el ministro, el enfoque establecido en el protocolo tiene cuatro conceptos generales: los derechos humanos, el concepto de género, la diversidad sexual y el concepto de generaciones. “Esto de alguna manera establece los principios rectores para la intervención policial: la no revictimización, que las autoridades intervinientes no emitan juicios de valor sobre las costumbres y conducta de las víctimas -ellas no son responsables de lo que les sucedió-, protección inmediata a todo el que quede involucrado en algunas de estas situaciones, garantizar que se pueda llevar a buen puerto la investigación”, expresó.

El ministro continuó afirmando que se necesitan funcionarios policiales especializados y que se trabaje “con la diligencia debida desde el inicio de la investigación y la toma de la denuncia”. Agregó que la víctima tiene derecho a “estar informada”, y “habiendo prueba anticipada no se puede detener en ningún momento la investigación”. Finalmente, habló sobre la necesidad de la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en las investigaciones y que en esa intervención “deberán tener prioridad en la atención, evitando la espera y toda forma de revictimización”.