¿Cómo se desarrolla el trabajo sexual en Montevideo? ¿Qué servicios se ofrecen? ¿Quiénes lo ejercen? ¿En qué condiciones? ¿Qué impacto tiene en el cuerpo, la salud y la vida de quienes lo ejercen? ¿Existen alternativas de salida para las personas que quieren cambiar de actividad laboral?

Las preguntas orientan algunas de las principales líneas del Diagnóstico sobre el trabajo sexual en Montevideo. Lo visible y lo oculto, presentado la semana pasada por la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM). Se trata del primer diagnóstico sobre trabajo sexual que realiza una institución del Estado en Uruguay. El proyecto surgió con el objetivo de recabar información de las personas que realizan esta actividad –que en general están expuestas a múltiples formas de discriminación, estigmatización y violencia– para diseñar políticas públicas que mejoren su calidad de vida. Que la hagan más digna.

El estudio fue elaborado por la asociación civil El Paso, que quedó seleccionada para hacer la consultoría por medio de un llamado de la IM. Estuvo a cargo de las investigadoras Natalia Guidobono y Heloisa Greco, integrantes de la organización, con el asesoramiento de la licenciada en Trabajo Social Andrea Tuana. Contó además con la colaboración de Karina Núñez, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales Organizadas (Otras), y Florencia Buslón, ex trabajadora sexual.

El ejercicio del trabajo sexual es legal en Uruguay. Está regulado por la Ley 17.515, aprobada en 2002, y reglamentado por el Estado. Esto significa que las personas que lo ejercen deben registrarse y cumplir con los requerimientos que las regulaciones establecen. Sin embargo, este marco legal “no contempla aspectos nodulares vinculados al sistema de protección social y a las situaciones de vulneración de derechos que se desarrollan en el ejercicio de la tarea”, asegura Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, en la introducción del diagnóstico. Por eso, se hace necesaria la creación de una política pública que aborde todo lo que queda por fuera de la ley y que afecta específicamente a esta población.

Para lograrlo, dice Quesada, es clave “tener una idea clara de cuáles son las características que presenta el ejercicio del trabajo sexual en nuestro departamento y captar la visión y vivencias concretas de las personas que lo desarrollan”. A eso apunta el diagnóstico.

El estudio se hizo teniendo en cuenta la normativa vigente, que regula el trabajo sexual autónomo de personas mayores de 18 años, y se basó en tres conceptos principales: derechos humanos, perspectiva de igualdad de género y violencia basada en género.

El trabajo de indagación se realizó entre febrero y marzo de este año. En total, fueron realizadas cuatro entrevistas en profundidad y seis entrevistas simples, que se hicieron durante el proceso de observación en la calle. Además, 71 trabajadoras sexuales respondieron a un “formulario-encuesta”, tanto de manera presencial (en la calle, en la clínica de profilaxis o mediante contactos) como en forma virtual. Todas trabajaban en Montevideo al momento de responder el formulario o habían trabajado durante el último año.

Presentar el diagnóstico “es poner en papel las vulnerabilidades de muchas mujeres que no tienen voz”, afirmó Núñez durante el lanzamiento de la publicación. La líder de Otras dijo que la ley de 2002 “se acompasa a la realidad que vivían las compañeras trabajadoras sexuales de 1990 a la salida de la dictadura cívico-militar en el país”, pero “no cubre” a las mujeres que hoy ejercen el trabajo sexual. “No nos representa y es totalmente obsoleta”, insistió. La trabajadora dijo que espera que esta publicación sea apenas “el puntapié inicial”.

Buslón, por su parte, aseguró que la investigación “puede cambiar la vida de las mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual”. Dijo que “hay un montón de mujeres que no entran dentro de las políticas públicas” y que “por tener un techo que no sea de chapa” siguen ejerciendo el trabajo sexual. “Después van a un lugar a pedir ayuda y son violentadas; el propio sistema te violenta y te expulsa”, criticó, “entonces es bueno reconocerlo, trabajarlo y que se propongan ciertas miradas para atender a una población que ya de por sí es muy marginada”.

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Más allá del necesario abordaje de las violencias a las que las trabajadoras están expuestas, Buslón abogó también por políticas públicas que “busquen alternativas laborales para las mujeres, para que antes de pensar en optar por el trabajo sexual tengan otras opciones”.

Principales resultados: quiénes, dónde, cuándo

Una de las primeras conclusiones que arroja el diagnóstico es que la amplia mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual en Montevideo son mujeres (94%), tanto cisgénero como trans. En su gran mayoría son jóvenes (alrededor de 90%), aunque también hay mujeres mayores de 40 años que generan ingresos mediante el servicio sexual. En cuanto al nivel educativo, si bien el abanico es variado, se puede decir que predominan aquellas que completaron los grados mínimos de formación (43% terminó ciclo básico o UTU). Residen en los barrios más alejados del centro de la ciudad y de las zonas de mayores niveles económicos donde se concentra la oferta sexual, por lo que la mayoría tiene que transitar por la ciudad para generar sus ingresos.

En cuanto al origen étnico racial, 72% de las mujeres que completaron el formulario se autoidentificaron con la categoría “blanca”, seguida por “afro o negra” (14%). Esta proporción es mayor a la identificada en las estadísticas nacionales, detalla el documento, “lo que se intuye como un aspecto relevante al coincidir con apreciaciones cualitativas que afirman que las mujeres de orígenes étnico raciales afro o negras se concentran en actividades en sectores laborales de menor remuneración y mayores riesgos de vulneración de derechos”.

Por otro lado, el diagnóstico reveló que el lugar donde se ejerce el trabajo sexual es múltiple y se puede dividir en ámbitos públicos –calles, rutas, parques, plazas, sitios web– o privados –autos, fiestas privadas, moteles de alta rotatividad, hoteles, apartamentos–. Guidobono aclaró que identificaron dos tipos de apartamentos: los “prostibulares”, que son gestionados por terceras personas, y los individuales, que suelen ser gestionados por las propias trabajadoras sexuales.

Al mismo tiempo, los lugares pueden ser espacios abiertos o cerrados, “donde el hecho de estar al aire libre o accesible a todas las personas que lo quieran ver es la condición clave”, dice el documento. Estos espacios pueden ser presenciales o virtuales.

A nivel territorial, el estudio muestra que hay oferta sexual en todo el departamento, con una importante concentración en los municipios B y C, donde están aglutinados distintos espacios cerrados de ámbito público, como whiskerías y prostíbulos. El trabajo sexual en la calle se encuentra por lo general en zonas linderas a estos municipios.

La investigación muestra que las mujeres dedican todos los días de la semana al servicio sexual para generar ingresos –con una clara concentración los viernes y sábados– y en todos los horarios: sobre todo de noche, pero también de madrugada, de mañana y de tarde. También muestra que casi todas las mujeres que respondieron el formulario (96%) deben costear elementos sustanciales para el desarrollo de la actividad, independientemente de si la efectúan en prostíbulos, whiskerías, calles o apartamentos. Entre otras cosas, pagan la calle –es decir, el lugar en la esquina, para poder hacerlo bajo la seguridad de una tercera persona–, los pases, la publicidad, los preservativos.

Trabajar expuestas a la violencia

“¿Has vivido alguna situación de violencia en tu actividad?”, era una de las preguntas que aparecía en el formulario, y 35% de las mujeres respondió que sí. Sin embargo, el estudio asegura que la proporción de mujeres que identifican haber vivido violencia durante la actividad laboral asciende a 48% si se analiza a las personas que en sus respuestas indican haber tenido que realizar alguna actividad sin su consentimiento o que tuvieron que apoyar a una compañera en una situación de violencia.

En algunos casos, las trabajadoras sexuales entrevistadas narraron situaciones en las que se configuraba más de una forma de violencia de género. “No sé si muy violenta, pero violenta sí, porque algunos no entienden los límites. Me había puesto crema en la cola, adentro. ¡Esto no es lubricante! Y le hice todos los adicionales y no me los pagó. Me gritó”, respondió una de ellas. Sólo en este relato se identifican tres manifestaciones de violencia: sexual –por la introducción de un elemento externo en el ano sin su consentimiento–, psicológica –por gritarle– y económica –por el no pago de los servicios–.

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Guidobono recordó el caso de una mujer que en el formulario dijo haber sido violada más de una vez bajo amenaza con un arma. “Había muchos relatos de este estilo. ¿Y quiénes son los perpetradores de la violencia en estos casos? Los clientes”, aseguró la investigadora. 

Fuera de la actividad laboral, las trabajadoras sexuales también visualizaron haber vivido situaciones de violencia: en la comunidad (33%), en la familia (20%), por parte de la Policía (19%), en el ámbito de la salud (19%) y en el de la educación (9%).

Por una atención integral de la salud

Uno de los apartados del diagnóstico analiza la relación de las trabajadoras sexuales con la salud. Allí aparece, entre otros datos, que 62% de las que respondieron al formulario reconocen un impacto emocional por el ejercicio del trabajo. Para las investigadoras, este número refleja que el “sufrimiento psíquico” es alto. “Es difícil percibir el estado emocional de uno mismo. Para tener conciencia de que hay impacto emocional, vos tenés que tener contacto con tu interior. Entonces, que 62% diga que sí hay un impacto me parece que dice mucho del sufrimiento psíquico generado por el trabajo”, dijo Greco durante el lanzamiento.

Por otro lado, 73% dijo que nunca sufrió una enfermedad física relacionada con el trabajo. En este punto, el estudio presenta algunas hipótesis. Por un lado, asegura que la cifra alta es “comprensible” si se tiene en cuenta que el trabajo sexual, al ser reconocido legalmente como una ocupación, les proporciona a las trabajadoras derechos y garantías como el cuidado de su salud. A esto se suma que hoy en día muchas están más empoderadas y autónomas, por lo que se cuidan más. Pero “teniendo en cuenta la carga moral y prejuicio que relaciona el trabajo sexual con las infecciones de transmisión sexual, podría haber una negación por parte de las trabajadoras de posibles enfermedades, producto del mecanismo de autoprotección ante la estigmatización social”, plantea el documento.

Esto lleva a otro punto, contemplado en el apartado sobre salud, que tiene que ver con la falta de una atención integral de las trabajadoras sexuales. El principal contacto que tienen con la salud es por la clínica de profilaxis, a donde acuden cada seis meses para renovar la denominada “libreta de visita médica”, el carné sanitario que junto a la inscripción en el Registro Nacional del Trabajo Sexual habilita el ejercicio del trabajo según lo dispuesto por la ley.

El problema es que en la clínica de profilaxis se hacen los estudios principalmente para identificar las infecciones de transmisión sexual. “No hay una visión integral de la salud donde puedan entender la salud emocional, física, todo”, cuestionó Greco.

Otro problema a abordar desde una perspectiva de salud integral es el del consumo problemático de sustancias. En este sentido, la mayoría de las mujeres que respondieron al formulario afirmó que consume alguna sustancia de manera frecuente para sostener el trabajo o las situaciones de violencia anteriores que las llevaron al trabajo sexual. Las principales son el tabaco y el alcohol.

Estrategias para sostener la vida

El diagnóstico se completa con dos temas vinculados entre sí: las estrategias de cuidados de las mujeres y las de mejora o salida del trabajo sexual. Según la investigación, 73% de las trabajadoras sexuales tienen hijas e hijos a cargo, por lo que buscar alternativas para el cuidado es una preocupación urgente. Las estrategias que buscan no difieren mucho de las de las demás mujeres que están insertas en el mercado de trabajo –instituciones educativas, centros comunitarios, red de apoyo de amistades, familiares o vecinos, o pagar por el cuidado–. Pero con el diferencial de que la mayoría trabajan por la noche y es más difícil conseguir instituciones o personas que puedan adaptarse a los horarios.

Por otra parte, 92% de las mujeres encuestadas o entrevistadas dijeron que querían cambiar de actividad laboral. Sin embargo, no es fácil, porque para la mayoría de las mujeres “sería necesario encontrar un trabajo que les garantice condiciones para vivir, lo que implica además la capacitación para poder desarrollar otras actividades que exigen habilidades específicas”, evalúa el diagnóstico.

La salida del trabajo sexual está fundamentalmente vinculada a la existencia de otra oportunidad laboral que genere ingresos suficientes para la manutención de la vida familiar de las mujeres. Esto implica “sólidas políticas públicas en el ámbito de la inserción laboral para personas en contextos de vulnerabilidades, que posibiliten realmente la autonomía económica de la mujer”. En ese sentido, “el avance en legislaciones y políticas públicas únicamente podrán ser consideradas conquistas cuando se tornen efectivas en la práctica tanto a nivel nacional como departamental”.

Recomendaciones a la política pública

El diagnóstico trae al final una serie de recomendaciones para guiar acciones que deberían ser implementadas en la política departamental:

  1. Instrumentar acciones tendientes a un cambio cultural hacia la no estigmatización de las trabajadoras sexuales.
  2. Aportar a la autonomía física de las mujeres mediante la atención integral de la salud de las mujeres.
  3. Asegurar la prevención y atención de vivencias de violencia fundamentalmente vinculadas al trabajo sexual.
  4. Fortalecer la autonomía económica de las mujeres que hoy se sustentan con el trabajo sexual.
  5. Promover su activa participación social.
  6. Profundizar estudios en el tema trabajo sexual, incluyendo todos los actores que confluyen en la actividad.

La estrategia principal para desarrollar cada uno de estos bloques es pensar en una red de referentes de servicios con perspectiva de igualdad de género que entiendan sobre trabajo sexual, se puedan capacitar y tengan sensibilidad.