En un mundo en el que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cobran cada vez más protagonismo en la vida cotidiana de las personas y la virtualidad constituye uno de los principales espacios de interacción social, la violencia de género digital emerge como un tema específico en la agenda de los feminismos. Este fenómeno, en realidad, no es más que una extensión de la violencia estructural de género que atraviesa a las sociedades, pero se ejerce en internet –en particular en las redes sociales– y tiene características específicas.

El informe “Ser periodista en Twitter: violencia de género digital en América Latina” parte de esta problemática para centrarse en los ataques que reciben específicamente las periodistas mujeres en siete países de América Latina: Argentina, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La investigación, presentada esta semana, fue coordinada por la asociación civil argentina Comunicación para la Igualdad y la organización colombiana Sentiido, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO.

El estudio se realizó de abril de 2019 a abril de 2020 y se basó en el análisis de datos de 66 cuentas públicas de periodistas en Twitter, red social elegida por ser “en la que se expresa mayormente en la actualidad el debate social y político, además de que es más flexible en el acceso a sus publicaciones por su carácter de plataforma pública”.

Además, el trabajo incluyó entrevistas anónimas y semiestructuradas a 28 periodistas de los siete países, realizadas con el apoyo de investigadoras locales. En Uruguay, las encargadas fueron Cecilia Giordano y Silvia Font, integrantes de Cotidiano Mujer.

Si bien el objetivo era caracterizar la violencia de género digital, la muestra estuvo integrada por 75% de periodistas mujeres y 25% de periodistas varones, “de tal forma de poder establecer comparaciones en el tipo de violencias recibidas según el género de la persona atacada”, dice el informe.

Las investigadoras toman como base los criterios de la Organización de las Naciones Unidas, que definió la violencia de género digital como “cualquier acto de violencia que se comete, se presta asistencia o se agrava en parte o totalmente por el uso de las TIC, tales como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico, contra una mujer porque es una mujer, o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada”.

Una de las primeras conclusiones del estudio es que las periodistas mujeres, al igual que sus colegas varones, son atacadas mucho más por los temas políticos o de coyuntura y las opiniones que publican que por sus notas. Sin embargo, se utilizan contra ellas “muchas más expresiones discriminatorias vinculadas al género y agresiones con connotaciones sexuales”.

Esto parece agravarse cuando la profesional, a la vez, cubre temas de género, algo que “pone a las mujeres en el foco de agresiones y ataques permanentes, a tal punto de que algunas de ellas buscan otras maneras de tratar el tema sin utilizar términos que creen que atraen mayor agresión”. Una periodista paraguaya, por ejemplo, dijo que para evitar los agravios prefirió dejar de usar palabras como “patriarcado”, “machirulo” o “violencia machista”.

Por otra parte, la investigación reveló que en los ataques contra las periodistas hay aproximadamente 10% más de menciones que ponen en duda su capacidad intelectual en comparación con los colegas varones, 20% más de expresiones sexistas y 30% más de comentarios vinculados a su apariencia física. Según el informe, este último indicador se duplica en el caso de Argentina y Uruguay.

Tanto las mujeres como los varones periodistas entrevistados aseguraron haber vivido distintas formas de violencia en internet, pero las mujeres fueron las más afectadas en todas las categorías: campañas de desprestigio, expresiones discriminatorias, acoso, monitoreo y acecho, y control y manipulación de la información. La diferencia más notoria se vio en el caso de la difusión de información personal o íntima, que afectó a 47,5% de las mujeres, frente a 14% de los varones.

Las mujeres manifestaron además mayor vulneración de su derecho a la libertad de expresión a partir de los ataques. El estudio reveló que 67% dejó de publicar sobre temas que podrían generarles agresiones, se retiraron de Twitter por un tiempo, restringieron la frecuencia o el tono de sus publicaciones o redujeron las opiniones. En cambio, la mayoría de los varones (57%) continuó participando en Twitter como si no hubiera pasado nada.

Al mismo tiempo, a ningún varón le hackearon la cuenta (como sí le sucedió a 9,5% de las mujeres) y ninguno fue víctima de abuso sexual relacionado con la tecnología (lo cual sí le pasó a 5% de las mujeres). Sólo las amenazas fueron dirigidas en un grado apenas mayor a los varones (57%) que a las mujeres (52%).

El informe cierra con una serie de recomendaciones para hacer frente a la violencia de género digital. A los estados: incluir dentro de sus programas de gobierno y en las políticas públicas “apartados enfocados a prevenir, diagnosticar, contrarrestar y eliminar la violencia digital de género, así como a capacitar a periodistas, educadores y funcionarios en la materia”. A las redes sociales: establecer políticas claras en torno a los criterios de reporte de cuentas, crear estrategias específicas frente a la existencia de comportamientos inauténticos y promover campañas de sensibilización. A los medios de comunicación: identificar los principales riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las redes sociales, promover capacitaciones en seguridad digital y desarrollar un protocolo de acción con perspectiva de género para acompañar a quienes sufren ataques.

Las investigadoras recomiendan a las y los periodistas evaluar su seguridad digital con manuales recomendados por organizaciones de la sociedad civil, identificar los canales de denuncia que ofrecen las instituciones del país frente a violencia digital, incorporar prácticas de disminución de riesgos para el uso de Twitter (como el silenciamiento de trolls, por ejemplo), y promover instancias de capacitación y sensibilización sobre violencia digital en los equipos de trabajo.

La principal sugerencia para las organizaciones de la sociedad civil, en tanto, es incorporar en los proyectos de investigación sobre usos de redes sociales un enfoque de género que permita discriminar los tipos de violencias contra identidades de género femeninas, masculinas y no binarias.