Paraguay tiene la mayor proporción de católicos en la región y para el papa Francisco no hay dudas: la mujer paraguaya es la “más gloriosa de América”. Pero el relato que pinta a un país con una profunda conciencia cristiana se desdibuja con datos. Las mediciones del Foro Económico Mundial nos ubican en el peor lugar para ser mujer en Sudamérica. Este es el escenario donde se desarrolló otra movilización por el 8 de marzo.

Fue el cuarto año de volcar a las calles las reivindicaciones de un movimiento feminista en expansión en los últimos años y que hoy se perfila como uno de los actores sociales más importantes de Paraguay. Para dimensionar la relevancia de la agenda que empujan desde hace décadas mujeres organizadas –trabajadoras, campesinas, indígenas, lesbianas, bisexuales, no binaries, mujeres trans, estudiantes secundarias y universitarias– vale mirar algunos de los avances y las transformaciones que han logrado, así como los desafíos a los que se enfrentan.

Avances

  • Una ley para reconocer y prevenir la violencia de género. Poco antes de la primera marcha por el Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar en 2017, luego de mucho debate y de la oposición de grupos autodenominados “pro vida” y “pro familia”, ambas cámaras del Congreso aprobaron una histórica legislación para las mujeres: la Ley 5.777, “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. Así, el país se convirtió en el 18º de América Latina y el Caribe en tipificar como femicidio los asesinatos cometidos contra mujeres por razón de su género. Producto del trabajo articulado de organizaciones, colectivos y activistas feministas, la ley caracteriza 15 tipos de violencia de género, como la violencia sexual, la patrimonial, la obstétrica y la telemática. También esboza mecanismos de protección a sobrevivientes, como asistencia legal y refugio.
  • Un movimiento feminista masivo. El 8 de marzo de 2017 marcó un hito en el movimiento feminista. Alrededor de 10.000 mujeres tomaron las calles de la capital, Asunción, y otras ciudades bajo la consigna “Roikovese ha roikoveta”, que está en guaraní y significa “Vivas nos queremos”. La marcha, que se hizo en el marco del Paro Internacional de Mujeres, significó un gran avance por la convocatoria lograda, la masificación de las consignas y demandas feministas y el proceso de construcción asamblearia de este evento. Niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas coparon la vista ese día con pancartas y carteles que exigían igualdad salarial, no más violaciones y un alto a los femicidios.
  • Un crimen de odio recibe una condena ejemplar. En 2019, la Justicia paraguaya condenó a 25 años de cárcel a Blas Enrique Amarilla, un hombre que apuñaló y mató a Romina Vargas, una mujer trans. Por primera vez se reconoció que el motivo de un crimen fue el odio manifiesto a las personas trans, lo que mereció una pena máxima.
  • Justicia salarial para las trabajadoras domésticas. Bajo la consigna “Nuestro trabajo vale”, trabajadoras domésticas organizadas lograron que el Congreso aprobara una ley que les permite acceder al salario mínimo. Hasta antes de julio de 2019, la misma legislación las discriminaba al establecer que sólo podían acceder a 60% del salario mínimo. En Paraguay, el trabajo doméstico es el tercer rubro que más emplea a mujeres, alrededor de 200.000.

Desafíos

  • Generaciones de niñas abusadas y obligadas a parir. El número de denuncias por abuso sexual a niñas y niños se mantiene en un promedio de seis por día. En un país donde el aborto es ilegal, salvo que la vida de la mujer corra riesgo, esto deviene en otra cifra que alarma: dos niñas de entre diez y 14 años dan a luz por día. Además de sufrir consecuencias físicas y psicológicas a causa de esto, pierden oportunidades educativas y económicas. Una de cada diez niñas abandona la escuela por embarazo. Mientras tanto, el Ministerio de Educación, al mando de un hombre afín a las iglesias evangélicas, promueve a organizaciones religiosas que difunden información falsa sobre sexualidad en escuelas y colegios.
  • Un plan de terror contra las mujeres que luchan por la tierra. Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, las mujeres campesinas e indígenas han sido víctimas de un régimen de expulsión de sus tierras con métodos propios del terrorismo de Estado. Si bien no las matan, como han asesinado a más de 120 campesinos en el período democrático, el aparato represor estatal, en complicidad con el agronegocio, avanza sobre ellas: enferman a sus hijos con fumigaciones, queman sus viviendas, pisotean sus alimentos, interrumpen sus embarazos a golpes en los desalojos, violan sus cuerpos y judicializan sus protestas.
  • Justicia patriarcal. La historia de Belén Whittingslow, una joven que se animó a denunciar el acoso de su profesor Cristian Kriskovich, un poderoso abogado, deja en evidencia la actuación corporativa del poder machista en el Estado. Aunque el docente admitió el envío de más de 1.600 mensajes a Belén, un fiscal desestimó la denuncia argumentando que “sólo cortejó y galanteó” a la estudiante y que no había delito alguno para investigar. Belén se vio obligada a buscar refugio en Uruguay a raíz de la persecución judicial que sufre desde que hizo su denuncia. Asegura que no tiene garantías de debido proceso en Paraguay. Kriskovich es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –donde se juzga a jueces– y del Consejo de la Magistratura –donde se eligen jueces y fiscales–.
  • Una representación política limitada. Aunque ocupan cargos de poder, las mujeres siguen en desventaja. En más de 30 años de democracia ninguna ocupó la presidencia del Congreso, y en las últimas elecciones sólo sumaron 18% de las bancas. También son minoría en el Ejecutivo: cinco de 18 ministerios están a cargo de mujeres. Un proyecto de ley que buscó cambiar esta realidad y hacer efectiva la igualdad que establece la Constitución paraguaya fue descartado en el Parlamento bajo la presión de grupos antiderechos.
  • La violencia tiene rostro familiar. En todos los juzgados del país, la violencia intrafamiliar es el hecho punible más registrado, por encima de robos y hurtos. Varios casos así resultan en femicidios. En 2019 se registraron 40 femicidios, una cifra menor a la del año anterior. Pero casi todos los crímenes fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. A raíz de estos crímenes, 67 niños y niñas quedaron huérfanos. La violencia intrafamiliar es el hecho punible más registrado en todos los juzgados del país, por encima de robos y hurtos.