El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que aplicará durante los próximos dos años, “para la prevención, asistencia y erradicación de todas las violencias basadas en género”. El plan abarca a las mujeres y a la población LGBTI. Prioriza tres cuestiones principales: las violencias extremas (femicidios, travesticidios, transfemicidios), la autonomía económica de las personas en situación de violencia, y la dimensión cultural y estructural de la violencia de género.
Durante la presentación oficial, que estuvo encabezada por el presidente argentino, Alberto Fernández, y la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, las autoridades destacaron que el plan ya tiene presupuesto asignado: están estipulados 18.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 260.000 dólares, de acuerdo al cambio oficial) para su implementación entre junio de 2020 y junio de 2022.
El plan introduce un cambio de paradigma en el abordaje de las situaciones de violencia hacia las mujeres y personas LGBTI respecto de las estrategias de gobiernos anteriores. En primer lugar, porque propone pasar de un abordaje individual a uno integral e interseccional. “Esto quiere decir que estamos impulsando políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”, explica la ministra Gómez Alcorta en el documento que presenta las líneas estratégicas. “El acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo”, puntualiza, “forma parte de esta definición de políticas de protección integral”.
Por otro lado, se aleja del abordaje centrado sólo en la atención de la emergencia para acercarse a uno que tiene por horizonte la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas en situación de violencia por motivos de género. Busca además reforzar la presencia del Estado en los territorios, y para eso propone la creación de Centros de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en las provincias y el fortalecimiento de las redes territoriales locales y regionales ya existentes.
La estrategia 2020-2022 también plantea no reproducir esquemas de revictimización de las mujeres y disidencias sexuales, y hacer foco en el trabajo con los agresores. “No pensamos en las personas en situación de violencias por motivos de género como víctimas pasivas. Nuestra apuesta es otra: nos importa reconocer su agencia política, su trayectoria y redes de pertenencia, sabiendo que no hay salida individual para las situaciones de violencia de género, sino posibilidades abiertas por un Estado presente con políticas públicas que promuevan la igualdad y el abordaje estructural de las condiciones que hacen posible cada nuevo hecho de violencia”, asegura Gómez Alcorta.
El plan argentino establece cuatro ejes estratégicos para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al abordaje integral de las violencias por razones de género:
Prevención. Este eje está basado en un sistema de alertas tempranas para actuar a tiempo ante las situaciones de violencia de género. Está integrado además por un Programa Nacional de Prevención para trabajar en el mediano y largo plazo los mandatos y patrones socioculturales “que moldean los estereotipos, las identidades y las relaciones entre los géneros, las cuales constituyen la matriz sobre la que se reproducen las violencias por motivos de género”.
Asistencia y abordaje integral. El segundo eje se sustenta en un cambio de paradigma en materia de asistencia: de una estrategia de abordaje individual a una integral e intersectorial. En ese sentido, apunta a la promoción de intervenciones que no se concentren sólo en la atención de la emergencia, sino que apunten a la modificación de las condiciones estructurales que reproducen las violencias. Para eso, el plan propone políticas que tiendan a la autonomía económica y al autovalimiento de las mujeres y personas LGBTI. Una de las medidas centrales de este eje es la creación de un Programa de Transferencia Monetaria para personas en situación de violencia de género.
Protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia. Incluye todas las acciones que supongan el resguardo de la integridad física y emocional de las mujeres y las personas LGBTI, y el fortalecimiento de las redes territoriales y comunitarias frente a situaciones de riesgo. En esa línea, el ministerio propone impulsar acciones que garanticen el acceso a la vivienda, a casas de medio camino y otros dispositivos que articularán coordinadamente con los hogares y refugios ya existentes. “El objetivo más importante es el desarrollo de proyectos de vida autónomos y libre de violencias”, señala el documento. Este eje también contempla medidas para promover un mayor acceso de mujeres y personas LGBTI a la Justicia, en condiciones de igualdad, sin discriminación ni violencia, desde una perspectiva de género, derechos humanos y diversidad.
Gestión de la información, transparencia y monitoreo. Este eje incluye medidas que tiendan a producir diagnósticos, información y estadísticas, así como a la creación de herramientas y dispositivos que permitan visibilizar las situaciones de violencia por motivos de género. Las principales medidas en este sentido tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de consultas y denuncias (en sede policial o judicial), y la integración de los registros sobre causas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. También propone medidas de producción de información sobre violencia de género para el diseño de políticas preventivas, el fortalecimiento del sistema de indicadores de género y la creación de observatorios sobre violencias y desigualdades por motivos de género provinciales y municipales.
Los cuatro ejes suponen la puesta en marcha de un total de 27 medidas y 144 acciones estratégicas.
Desde el 1º de enero al 30 de junio se registraron 162 femicidios en Argentina, de acuerdo con los datos del Observatorio “Ahora que sí nos ven”. Es decir que, en promedio, una mujer fue asesinada por razones de género cada 27 horas. De ese total de femicidios, 81 se produjeron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno argentino a raíz de la pandemia de coronavirus.