La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes recibió este martes a Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones, Gremiales y Afines (SUTIGA), que nuclea a profesionales de diferentes ramas de lo social, y a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, para abordar la situación de los servicios de atención de violencia basada en género.
Integrantes de SUTIGA plantearon a la comisión su preocupación “ante los cambios que se vienen realizando desde el inicio del nuevo período, entendiendo que perjudican los servicios de atención directa con impacto sobre las personas destinatarias de los servicios, tratándose de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial”.
Explicaron que estos cambios “significan un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en dichos servicios y en algunos casos estiman que significará el cese de los vínculos laborales”, según un documento difundido por el sindicato. Si bien han tenido instancias de diálogo con las autoridades, aseguraron que estas “no han sido muy fructíferas”.
Uno de los programas que atraviesa esta situación es Tobilleras, que cuenta con 33 equipos de atención a mujeres y 12 para varones, además de 18 dispositivos de articulación territorial en todo el país.
Según señalaron, “la licitación pública realizada en 2019 en la cual se encuentran afectados estos programas de atención no fue firmada por las autoridades entrantes, lo que hace que quede sin efecto”. Se estableció una prórroga de la licitación anterior (de 2017) para continuar con el funcionamiento por seis meses, período en el cual se pretende llamar a una nueva licitación que tendrá algunos cambios que aún no se han explicitado.
La licitación realizada en 2019 aumentó los requisitos para quienes concursen, con base en los cambios que propuso la Ley 19.580 en materia de protocolos. El sindicato manifestó su preocupación ante los dichos de Bottero a la prensa, quien, según dicen, planteó que habría una intención de “flexibilizar los requisitos para brindar los servicios de atención”. Para las y los trabajadores esto podría redundar en la disminución de la calidad de los servicios.
Otro de los programas que se ven afectados por esta situación es Cercanías, que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, violencia y desvinculación educativa de niñas, niños y adolescentes. Son 54 equipos que trabajan en todo el país con financiación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Mides. Al respecto, el SUTIGA planteó que “los equipos quedarían sin financiación y se pasaría a una modalidad de llamado unipersonal”. Mientras tanto, “el servicio de interrumpe y las familias quedan sin atención”.
Aseguraron que “los criterios que les han transmitido las autoridades hasta el momento, en cuanto al nuevo funcionamiento, constituyen un grave error técnico-metodológico, además de ético”, y que vulneran “los derechos de las personas con las que se viene trabajando”. Además, trabajadores que están hace largos períodos de tiempo al frente de esta actividad se quedarían sin su fuente laboral.
A su vez, aseguraron que les preocupa “la figura del voluntariado como recurso técnico para los servicios de atención”, y resaltaron que hay varios programas que ya están interrumpidos. “En lo social, hay un tema de desprofesionalización que se intenta hacer desde las jerarquías del Mides con esto de que cualquiera lo puede hacer; un voluntario lo puede hacer”.
Desde SUTIGA exigen que “haya garantías para actuar con responsabilidad a la hora de realizar cambios en aspectos tan delicados y con impacto en los derechos de las personas a las que se dirigen estas políticas”.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, por su parte, expresó preocupación por la desestimación del pliego de la licitación realizada en 2019. También coincidió en la preocupación por los dichos de la directora de Inmujeres, ya que consideran que no se ajustan a lo dispuesto por la ley de violencia basada en género, que establece las condiciones para los servicios de atención.
Durante una reunión anterior con la Comisión de Derechos Humanos, Bottero había manifestado la decisión de no firmar los pliegos de la licitación. Dijo en esa ocasión que se estaba “trabajando en un nuevo llamado, prorrogando mientras tanto la licitación anterior para no interrumpir los servicios abruptamente”. Según explicó, “los argumentos para realizar un nuevo llamado se basan en querer dar participación a otras organizaciones que aún no han conveniado con el Mides y darles la oportunidad a profesionales que no han tenido experiencia específica y formarse en la temática”. La capacitación en la temática sería brindada por el propio Inmujeres.