La Ley Integral para Personas Trans, aprobada en octubre de 2018, habilita un régimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género. Las solicitudes para acceder a esta prestación son recibidas y analizadas por la Comisión Especial Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil.
Desde su creación hasta diciembre de 2020, la comisión aprobó 123 de las 198 solicitudes recibidas, según información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la que accedió la diaria. Del total de aprobadas, la mayoría (64) corresponde a personas que viven en Montevideo. Por otro lado, sólo cuatro fueron rechazadas y las otras 71 están en proceso de estudio.
El artículo 10 de la ley establece que podrán recibir la reparación quienes documenten que sufrieron “daño moral o físico” y que fueron “impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado”. En cambio, no podrán hacerlo las personas que sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial -salvo que prefieran la prestación reparatoria- o quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones (BPC) mensuales (que a febrero de este año superarían los 73.000 pesos). La prestación reparatoria para las personas trans equivale a tres BPC mensuales, un monto que con los valores vigentes equivale a 14.610 pesos. Es vitalicia y retroactiva.
Las solicitudes se reciben en un sobre cerrado en la oficina 707 de la sede central del Mides, en las Oficinas Territoriales de la cartera o a través del correo [email protected]. En principio, no es obligatorio reunir documentos o testigos: sólo es necesario presentar una fotocopia de la cédula y un informe detallado sobre el o los episodios de violencia institucional.
A partir de ese material, la Comisión Reparatoria recaba pruebas para comprobar el relato. En general, el primer paso es un pedido de acceso a los fichajes del Ministerio del Interior (MI). Un obstáculo que puede presentarse allí es que la persona no haya quedado registrada y, por lo tanto, no se puede contar con la prueba documental. En ese caso, se pasa a la segunda vía subsidiaria, que es la testimonial. “Esta prueba es importantísima porque podemos contar con testigos que puedan dar veracidad de lo que esta persona cuenta, que hayan visto toda la situación y que hayan sido acompañadas, porque a veces se nos ha dado que son compañeras que han estado juntas en ese momento”, explicó a la diaria la directora de la División de Derechos Humanos del Mides, Rosa Méndez, que preside la comisión. La tercera es la “vía residual”, que consiste en una declaración jurada con el relato de la situación vivida.
Méndez dijo que en el último año, debido a la pandemia, la mayoría de los procesos pasaron a ser en formato virtual y muchas de las entrevistas “se vieron retrasadas”, pero destacó que el trabajo de la comisión no se vio interrumpido “ni en los peores meses”.
Para la jerarca, cumplir con la prestación reparatoria es “importantísimo”, primero porque así lo dice la ley y es el deber del Estado darle cumplimiento, pero sobre todo porque se trata de “garantizar derechos a estas personas que han sufrido y que siguen siendo una población vulnerada”. “Más allá de esta reparación, que es histórica y puntual, es una población que necesita ser mucho más respetada, mucho más visibilizada y menos discriminada”, aseguró Méndez. “Porque acá hay un tema puntual de discriminación y de odio que se sigue viviendo en el día a día y que se ve en las redes sociales y en otros contextos […] Dentro del colectivo de la diversidad sexual, es la población más vulnerada”.
Saldar una deuda histórica
“Por lo que me comentan las compañeras que ya están cobrando la reparatoria, están no felices pero sí contentas, porque te están retribuyendo por algo por lo que pasaste tanto dolor y tantas injusticias y eso no hace feliz a una persona, pero reconforta”, aseguró a la diaria Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), una de las organizaciones civiles que está representada en la Comisión Reparatoria. La activista dijo que muchas mujeres trans que accedieron a la reparación estaban en situación de calle o vivían en refugios “y hoy por hoy pueden tener para pagarse una pensión o construir un espacio donde vivir por sus propios medios”. “Les ha cambiado la vida”, reflexionó.
Pankievich considera que incluir el régimen reparatorio en la ley era, en definitiva, asegurarse de que las personas trans, que se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de encontrar trabajo, puedan vivir “más dignamente” su vejez. “Porque una mujer trans a los 50 o 60 años no puede ejercer el trabajo sexual”, especificó la activista. Según el primer censo de personas trans, realizado por el Mides en 2016, 67% de esta población ejerció el trabajo sexual en algún momento de su vida. “Quisiéramos como sociedad civil manifestar también el deseo de que en el futuro el trabajo sexual no sea una opción o la única opción” para las personas trans, dijo Pankievich, “por eso dentro del proyecto de ley se puso la reparatoria para mujeres mayores de 40 y pico de años”.
La titular de ATRU dice que tiene “potestad” para hablar de la violencia institucional basada en la identidad de género porque la vivió en carne propia. “Las violencias fueron de todo tipo: golpes, maltratos, violaciones, extorsiones, un montón de cosas. Fue una época muy difícil que queremos olvidar pero lamentablemente hay momentos que te hacen volver atrás en el tiempo y recordar, por eso es tan importante que todas las compañeras que sufrieron ese tipo de violaciones puedan hacer esta reparación”, aseguró Pankievich. “Si no, lo que nos pasó va a quedar -como tantas cosas en la vida- impune”.
La activista trans habla en nombre de una generación de mujeres que fueron violentadas, vulneradas, discriminadas y estigmatizadas por el Estado pero también por sus propias familias. El censo ya mostraba que 25% de las personas trans había abandonado el hogar familiar a los 18 años, producto de conflictos que se desencadenaron a partir del cambio de identidad de género.
“Muchas de nosotras fuimos excluidas de nuestros hogares cuando teníamos 11, 12 o 13 años”, lamentó, “y hoy por hoy ver que capaz que aceptan a sus hijas e hijos, mujeres trans y varones trans, y les dan ese apoyo que nosotras no tuvimos, es el futuro que vamos a tener en el mañana, porque pueden estudiar y no tienen que salir fuera del grupo del hogar a ejercer el trabajo sexual como nosotras”. Las más jóvenes tienen hoy, además, una ley integral que las ampara.
Hacia una implementación total de la ley
La directora de Derechos Humanos del Mides aseguró que, a más de dos años de la aprobación de la ley trans, la implementación no llegó todavía al 100% pero se está “en la búsqueda del cumplimiento”. En ese sentido, hay un trabajo “muy activo” del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que preside justamente su cartera con otras entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
Una de las situaciones que más preocupa a los colectivos trans tiene que ver con los cupos laborales. Un informe elaborado el año pasado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) reveló que durante el primer año íntegro de vigencia de la ley, sólo ingresaron a organismos del Estado siete personas trans. Esto representa apenas 0,03% de los cupos generados en toda la administración, lejos del 1% que estipula la normativa.
Méndez dijo que el cupo laboral trans se cumplió en el programa Uruguay Trabaja del Mides pero que está a medio camino a nivel de los ministerios y la administración central, “porque aún no está reglamentada la propia ley sobre los cupos laborales dentro de la ONSC”. Recordó a la vez que en 2019 no hubo llamados de la administración central porque fue un año electoral y que 2020 fue “un año atípico para todas y todos”. De todas formas, adelantó que mantuvo conversaciones con la ONSC sobre el tema y que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual planea citar a sus representantes para hacer un seguimiento.
Por otra parte, Méndez dijo que se trabaja en un proyecto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para la inclusión laboral y educativa, mediante becas de estudio.
La atención a la salud de las personas trans es otro terreno en el que hay que “trabajar muchísimo”, dijo la funcionaria, “no solamente por el lado de lo que prevén los artículos en cuanto a la hormonización y la reasignación de sexo”, sino para derribar las barreras a las que se enfrentan en el acceso a los servicios. “Ahí tenemos un gran trabajo para hacer de capacitación y sensibilización a profesionales y es parte de lo que todavía no se está cumpliendo”, señaló.
Lo que sí hizo el Mides fue un convenio con el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para derivar a personas trans que busquen atención, orientación y asesoramiento en salud mental.
“Empezamos a trabajar en 2019 [en la implementación de la ley], hubo un cambio de gobierno, después llegó la pandemia y pensamos que era más prioritario darles una ayuda económica a las compañeras trans y trabajar en la reparatoria para poder darles una mano”, explicó Pankievich. “Las políticas sociales se van a seguir haciendo porque queremos que todos los artículos que están en la ley se cumplan, no solamente la reparatoria: educación, salud, trabajo”, agregó. “Las ganas están, la lucha continúa”.