El Consejo de Ministros de España aprobó el martes una reforma de la ley de aborto que busca terminar con los obstáculos que existen para acceder a la práctica y, además, amplía derechos sexuales y reproductivos. La norma, que modifica la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010, fue impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien trabajó en el anteproyecto junto con el Ministerio de Sanidad. Con la aprobación del gobierno, el texto inicia así un trámite que continuará en la Cámara de Representantes y el Senado, donde puede experimentar cambios.
La reforma propone eliminar dos de los requisitos para abortar que están dispuestos en el artículo 14 de la ley vigente: la entrega de información sobre “los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad” y el “plazo de reflexión” de tres días obligatorio para las mujeres desde el momento que reciben ese material. Con este cambio, el gobierno busca que la información se brinde sólo en el caso de que la mujer la solicite y no se imponga como un requisito.
La nueva ley elimina, además, la exigencia del consentimiento de los padres para las adolescentes de 16 y 17 años que busquen interrumpir su embarazo. La ley aprobada en 2010 contemplaba este derecho, pero fue eliminado en 2015 por medio de una primera reforma promovida por el gobierno del derechista Partido Popular.
Por otro lado, la reforma procura garantizar el acceso al aborto en todos los centros de salud públicos. En la actualidad, la mayoría de los abortos en España son realizados en clínicas privadas: en 2020, esto pasaba en 85% de los casos, según datos del Ministerio de Sanidad relevados por eldiario.es. El objetivo de la modificación propuesta es evitar que las mujeres que viven en provincias donde no hay clínicas privadas que realicen la práctica tengan que desplazarse cientos de kilómetros, como sucede en muchos casos.
Para lograrlo, se establece que los servicios de salud que no puedan ofrecer la prestación en su ámbito geográfico deberán remitir a las usuarias a otro centro “en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio” y obliga a que los servicios públicos “se organicen siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno” al aborto. Al mismo tiempo, se exige la creación de un registro de profesionales objetores de conciencia, como medida para asegurar que en los hospitales siempre haya personal disponible para realizar las intervenciones.
Algo importante es que la reforma mantiene los plazos para abortar, que en España no tiene restricciones hasta las 14 semanas de gestación, se extiende hasta las 22 semanas por causas médicas y no tiene límite si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que lo determine un comité clínico.
Luego de aprobada la iniciativa en el Consejo de Ministros, Montero aseguró que la nueva ley “amplía derechos” y “da un paso decidido para garantizar” el acceso al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Las instituciones asumimos la responsabilidad de dejar atrás los estigmas y prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres”, agregó la ministra de Unidas Podemos en rueda de prensa.
Salud menstrual, anticoncepción y otros derechos
Además de eliminar obstáculos en el acceso al aborto, la reforma promovida por Montero pretende ampliar otros derechos de las mujeres. En ese sentido, la ley reconoce por primera vez en un país europeo la salud menstrual como parte de los derechos sexuales y reproductivos. En ese marco, establece la licencia laboral por menstruaciones dolorosas e incapacitantes, que tendrá que ser cubierta por el Estado y no por la empresa. Esto incluirá la creación de un catálogo con las causas que generan incapacidad temporal, que deberá ser certificada por un médico.
El apartado también contempla el combate a la “pobreza menstrual”–la situación a la que se enfrentan quienes no pueden pagar los artículos de higiene femenina por el alto costo que tienen– y por eso prevé la entrega gratuita de tampones y toallitas en centros educativos, cárceles, servicios sociales y organismos públicos. La propuesta inicial del Ministerio de Igualdad pretendía una reducción del IVA de 10% a 4% en estos productos, pero se descartó por la oposición del Ministerio de Hacienda.
El anteproyecto apuesta, además, a reforzar la anticoncepción. En esa línea, estipula la distribución gratuita de la pastilla del día después en los centros de salud y de preservativos en centros educativos, servicios sociales y cárceles, durante las campañas de educación sexual que realicen. La propuesta pone el énfasis en la “corresponsabilidad en la anticoncepción” entre mujeres y varones y, por esa razón, alienta en particular la promoción de métodos anticonceptivos masculinos.
La reforma también plantea la necesidad de una educación sexual integral en las principales etapas educativas, con el foco en el consentimiento y el fomento de los “buenos tratos”, así como la formación en “educación sexual y menstrual” a docentes, personal que trabaja en cárceles y funcionarios públicos.