En 2019, la tasa de mortalidad materna en Uruguay se ubicó en 13,3 cada 100.000 nacidos vivos (se produjeron, en total, cinco muertes). Al año siguiente, la cifra se duplicó: hubo 11 decesos y la tasa alcanzó a 30,7 cada 100.000 nacidos vivos, de acuerdo con las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las cifras oficiales correspondientes a 2021 aún no han sido publicadas. No obstante, según el estudio Mortalidad materna por covid-19: la emergencia dentro de la emergencia sanitaria (2021), sólo durante el primer semestre del año pasado fallecieron diez mujeres por mortalidad materna, principalmente, por “complicaciones derivadas de la infección por covid-19”.
“Nunca habíamos visto una situación de este tipo”, sostuvo en diálogo con la diaria el ginecólogo Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina (Fmed) de la Universidad de la República (Udelar) y uno de los responsables del estudio. La investigación estuvo liderada por esta clínica, en conjunto con la red de Centros Docentes Asociados de la Fmed y en coordinación con la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.
En relación a los resultados obtenidos, el ginecólogo destacó que no sólo se incrementó “muchísimo” la mortalidad materna, sino que se “profundizó notoriamente” la diferencia de valores entre los subsectores de salud público y privado. En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se produjeron “80% de las muertes maternas”, afirmó. El prestador público de salud registró tres casos de muerte materna en 2019, cinco en 2020 y 14 en 2021, según cifras oficiales a las que accedió la diaria.
Las autoridades del MSP vinculadas a la temática se negaron a conversar con la diaria tanto sobre las cifras publicadas y el incremento registrado en 2020 como sobre las proyecciones de los datos de 2021. Fuentes de la cartera se limitaron a expresar que las cifras de 2021 “van a estar a mediados de junio”.
El “indicador más importante”
La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio –el período de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo–, explicó Briozzo. “Es el indicador más importante para analizar el estado sanitario de una sociedad”, sostuvo, y agregó que la cantidad de muertes maternas demuestra “el valor social que tienen las mujeres en una comunidad determinada”.
Además, “en términos conceptuales y [desde una perspectiva] de derechos”, la mortalidad materna se ubica dentro de la “mortalidad evitable”, señaló el ginecólogo y exsubsecretario del MSP. “99% de las causas de muerte materna son evitables con medidas sanitarias adecuadas”, afirmó. Asimismo, señaló que una buena atención debe garantizarse en cumplimiento del derecho de las mujeres a una “maternidad sin riesgo de enfermedad o muerte”. Por eso, es claro el vínculo entre las cifras de mortalidad materna de un país o lugar determinado con “las políticas públicas y el nivel de atención en salud de las mujeres”, apuntó.
A partir del año 2000, Uruguay experimentó un descenso sostenido “en términos absolutos” de la mortalidad materna, comentó Briozzo. Ese proceso estuvo vinculado a una “serie de acciones que se impulsaron para mejorar el sistema de atención en salud de la embarazada y el nacimiento”. Por un lado, el experto destacó el impulso de la organización Iniciativas Sanitarias, integrada por profesionales de la salud, cuando el aborto aún era ilegal. “El modelo de reducción de riesgo y daño que se desarrolló consistió en recomendar el uso de misoprostol y evitar muertes por aborto en situaciones de riesgo. Eso tuvo un impacto brutal en los niveles de mortalidad materna”, señaló.
Por otro lado, Briozzo subrayó la incidencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada en noviembre de 2012. A partir de su aprobación, y con mayor énfasis desde 2015, se produjo un decrecimiento de la mortalidad materna que ubicó a Uruguay en un lugar “muy destacado a nivel mundial” y segundo en toda América. Sólo lo superaba Canadá, con una prevalencia de 11 muertes cada 100.000 nacidos vivos. Pero en 2020 el escenario cambió con la llegada del coronavirus, el decreto de emergencia sanitaria y el impacto de las medidas de restricción de la movilidad.
“Desatender todo lo que tiene ver con salud en esta área tiene costos y consecuencias negativas muy rápidas de las que después el país se tiene que lamentar porque son todas evitables. No son muertes por enfermedad. Por lo tanto, debidamente atendidas, prevenidas y resueltas, pueden evitarse y con esas condiciones los indicadores son bajos”, aseguró a la diaria Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Abracinskas dijo que en los últimos dos años la organización advirtió a las autoridades del gobierno sobre esta situación y sus planteos no fueron tomados en cuenta. A la vez, señaló que no se debe “manejar sólo el dato como el problema”, porque detrás de los números hay mucha “información en las sombras”.
En el caso de la mortalidad materna, las cifras “hablan” de la “violencia obstétrica”, la “falta de acceso a los servicios de salud de parte de algunas mujeres” y la “no información adecuada” de parte de personal de la salud “con intención de interferir en decisiones”, dijo la titular de MYSU. “Todo eso no se mide, porque la única medida es la denuncia, que no se hace. Así, el MSP lee que no hay problema. En salud reproductiva, cuando empezás a contar datos de morbilidad y mortalidad, es porque tu fracaso ya está en muchos otros campos”, manifestó.
La incidencia de la covid-19 y otros factores
Para la recolección de datos, quienes elaboraron el estudio generaron un “sistema de vigilancia online” con un relevamiento diario de las internaciones en los centros de cuidados intensivos y las muertes por covid-19 en la población de mujeres embarazadas, explica el documento. Los Centros Docentes Asociados –que trabajan tanto en los ámbitos públicos como privados de salud– están presentes en nueve departamentos del país (Canelones, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto y San José) y “concentran aproximadamente 80% de los nacimientos totales de Uruguay”, dice la investigación.
Briozzo advirtió que aún es pronto para hacer un análisis en profundidad y determinar con certeza cuáles son las causas del incremento de la mortalidad materna. No obstante, a partir de la investigación en la que participó y que estuvo centrada en las muertes de embarazadas con covid-19 se pueden hacer algunas conclusiones.
Durante 2020, el aumento de la mortalidad materna estuvo relacionado, principalmente, a “un retraso en las consultas por parte de las pacientes” vinculado “al estrés social y el miedo generalizado en toda la población” por la expansión del virus, dijo el ginecólogo. Esas demoras en la atención repercutieron en que algunas mujeres llegaran a centros de salud con “cuadros clínicos graves que no se pudieron revertir”, planteó.
Por otra parte, durante los primeros meses de 2021 tuvo una gran incidencia el comportamiento de la variante P1 (Delta) del virus SARS-CoV-2, que ingresó al país a principios de ese año. “La variante Delta provocó una ola impresionante de contagios y muertes en la población. Esto también tuvo un impacto en las mujeres embarazadas”, señaló Briozzo.
A este contexto, en 2021 se sumaron otros “factores de riesgo”. Uno de ellos es la “vulneración socioeconómica”, dijo el ginecólogo, y apuntó que eso se visualiza en la disparidad entre la mortalidad materna en ASSE y en el sector privado. El segundo elemento es la prevalencia de “sobrepeso y obesidad” en las embarazadas. “Uruguay está muy mal en ese sentido. De acuerdo a datos de 2019 del Sistema Informático Perinatal [del MSP], 44% de embarazadas tiene sobrepeso u obesidad. Este es sin dudas un factor de riesgo muy importante para la muerte materna por covid”, comentó el experto.
El último factor que destacó Briozzo fue que todas las mujeres que fallecieron en 2021 por mortalidad materna tenían incompleto el esquema de vacunación contra la covid-19. “La falta de inmunización al momento del contagio es un elemento fundamental para el análisis de esta situación”, señaló. El ginecólogo aseguró que el plan de vacunación fue “muy importante” porque “tuvo un impacto muy rápido en la población de embarazadas” y, aunque puede ponerse en discusión si se debió haber priorizado con anticipación la inmunización de este sector poblacional específico, consideró que adelantar la campaña “no hubiera variado de manera absoluta esta situación”.
Monitoreo permanente y políticas específicas
En el escenario actual “es muy difícil saber cómo está ubicado Uruguay respecto a otros países”, dijo Briozzo. No sólo por los movimientos que se produjeron en la interna del país, sino porque lo que “ha pasado aquí lo han vivido todos los países de América Latina y el Caribe”, afirmó. Sin embargo, el “privilegio” de Uruguay es que es un país pequeño, “con muy buenos sistemas de datos” y “donde se puede conocer online prácticamente todo lo que ocurre”.
En esa línea, el experto sostuvo que para que Uruguay vuelva a ser uno de los países con menor mortalidad materna de América Latina el “primer paso” es poder contar con las cifras oficiales del MSP y establecer un sistema de monitoreo de este tema en forma directa en todo el territorio nacional. A partir de los datos y su análisis correspondiente, el siguiente paso sería la generación de “políticas específicas de prevención”, señaló Briozzo.
“Es fundamental que cuanto antes se tome una valoración en profundidad sobre este tema desde el MSP, la academia y todas las personas que trabajamos en esto”, expresó el ginecólogo, y añadió que “no se debe ocultar” esta situación que “coloca a Uruguay en valores de mortalidad materna de la década de 1980”. Reconoció que hay una parte de responsabilidad en esta situación de todas las personas que trabajan en esta área de la salud y que están involucradas en el tema, pero el MSP como órgano rector es quien “tiene las capacidades de para tomar medidas globales a propósito”.
Briozzo señaló que a partir del estudio y los datos obtenidos “no puede concluir” que exista “un debilitamiento de las políticas públicas” en materia de derechos sexuales y reproductivos y la atención en salud de mujeres en proceso reproductivo. “Desde el punto de vista académico”, expresó, “hay que sentarse a analizar lo que ha pasado con la mortalidad materna en los últimos diez años para tener una tendencia más generalizada y poder evaluar”.