“Porque denunciar no es suficiente; Estado ausente”. Así decía la pancarta que encabezó la movilización que organizaron el lunes familiares, vecinos y amigas para visibilizar el caso de Paola Laguna, la mujer de 31 años que fue asesinada por su pareja el jueves pasado frente a sus hijas. La frase, de apenas siete palabras, resume bien la sensación que quedó en muchas y muchos después de que se supo que Paola había realizado ocho denuncias por violencia doméstica contra el hombre que finalmente la mató. A raíz de la última denuncia, la Justicia había dispuesto como medida cautelar la prohibición de acercamiento, que estaba vigente cuando ocurrió el femicidio. Sin embargo, pese a los pedidos de Paola, no se ordenó tobillera electrónica, por considerar que “no había pruebas” que “ameritaran” el uso del dispositivo, según informó Subrayado con base en el testimonio de amigos. Ahora la Fiscalía investiga qué pasó entre la primera denuncia y el disparo que terminó con la vida de la mujer.
El femicidio de Paola revela las grietas de un sistema que alienta a las mujeres a denunciar la violencia, pero que en muchos casos –como en este– fracasa a la hora de protegerlas. Más allá de los resultados que surjan de la investigación sobre el periplo judicial de Paola, urge analizar y poner arriba de la mesa en qué está fallando el Estado cuando da respuesta a las víctimas de violencia de género.
Los obstáculos
Especialistas consultadas por la diaria coincidieron en que el principal problema es que la violencia de género no es una “prioridad nacional”. Esto se traduce en obstáculos más tangibles, como la falta de capacitación del funcionariado público que aborda estas situaciones, o que no se asignen los recursos suficientes para generar mecanismos, estrategias y acciones concretas que apunten a la prevención, atención y protección de quienes atraviesan violencia.
“Basta escuchar a los diferentes referentes políticos que hoy están en la coalición [de gobierno] para ver que no aparece la violencia basada en género como un tema importante y prioritario”, cuestionó Andrea Tuana, activista feminista, trabajadora social y directora de la asociación civil El Paso. “Cuando no das el mensaje de que es un problema clave para el gobierno, lo que se genera es un no poner todos los recursos y la atención a este tema en los distintos ámbitos institucionales”, agregó.
Por su parte, la abogada Marina Morelli, integrante de la cooperativa Mujer Ahora y de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), aseguró que “el Estado no da una respuesta que esté a la altura de esta vulneración de derechos humanos” y “está fallando en el sistema educativo, en el de salud y también en el de justicia”.
Respecto a la Justicia en particular, la experta señaló que, por ejemplo, en un caso de “violencia crónica”, en el que hay más de una denuncia radicada, “la evaluación de la situación de riesgo tiene que ser muy rigurosa”. “Disponer restricción de acercamiento y prohibición de comunicación suelen ser las medidas estandarizadas con las cuales la Justicia se expide en los casos, pero las situaciones de violencia tienen que ser estudiadas una a una. Hay que evaluar cuáles son los derechos humanos que están siendo vulnerados en ese momento y crear la mejor medida de protección que se ajuste a esa situación concreta”, explicó Morelli.
Por eso es importante que se destinen recursos “para tener equipos técnicos suficientes que puedan hacer valoraciones de riesgo profundas; no solamente la entrevista que hacen en el juzgado, sino que puedan conectarse con los equipos territoriales, con los efectores de la salud, con distintos actores que conocen a esa familia, a esa mujer o a esos niños” violentados, complementó Tuana.
Acerca de qué acciones se pueden desplegar para prevenir los femicidios, las expertas coincidieron en que las tobilleras son una buena herramienta, pero advirtieron que no alcanza sólo con aumentar la cantidad de los dispositivos. “Requiere siempre de recursos humanos especialmente formados y que sean proporcionales al número de dispositivos que tenés disponibles, porque si el Poder Judicial solicita la colocación de un dispositivo y no tenés funcionarias y funcionarios que sean capaces de colocarlo, de activarlo, de monitorear dónde están presentes esas personas, de poder alertar de la situación cuando hay un incumplimiento, mandar el móvil, oficiar a la sede judicial o a la Fiscalía de que hubo un desacato, etcétera, no tiene sentido”, explicó Morelli.
La abogada dijo que la RUCVDS y otros colectivos alertaron a las autoridades del Ministerio del Interior (MI) sobre un “déficit” de funcionarias y funcionarios en la Dirección Nacional de Monitoreo Electrónico (Dimoe), pero no hubo respuesta. “En 2020, se advirtió que la Dimoe contaba con 140 funcionarios, que era casi justo para los 800 dispositivos que había”, puntualizó. En la actualidad, hay 1.600 duplas de personas monitoreadas con tobilleras electrónicas, según informaron fuentes del MI a la diaria. Es decir, el doble que hace dos años, lo cual requeriría cerca de 280 funcionarios. Ante la consulta de cuántas personas trabajan hoy en la Dimoe, las fuentes de la cartera respondieron que se trata de “información reservada”.
Una emergencia “olvidada”
Más allá de las tobilleras, lo que hace falta para generar medidas inmediatas de contención de los femicidios es un “plan de alerta”, aseguró Tuana. “Así como se hizo un plan de contingencia por el tema sanitario, hacer un plan de contingencia para generar redes comunitarias y tener profesionales, expertos y asesores que estén muy atentos para poder detectar a tiempo una situación, y que luego cada ministro se comprometa a desarrollar ese plan en el área que le toca y a ponerle recursos”, detalló la trabajadora social.
En tanto, Morelli recordó que en Uruguay está todavía vigente la emergencia nacional por violencia de género que fue declarada a fines de 2019, pero que desde entonces está “encajonada” y “olvidada”.
“Estamos hablando de 32 meses en que el Estado se mantuvo omiso en hacer lo que debía hacer: no se creó un comité de emergencia, no se generó un plan de contingencia, no se citó a expertas y expertos para que pudieran asesorar al Estado, no se realizó ningún cambio operativo a nivel de la respuesta. [...] Esa emergencia sigue vigente, por lo cual la responsabilidad a nivel estatal está activa en todas y cada una de las violencias que se suceden diariamente y, sobre todo, en los femicidios, que desde diciembre de 2019 siguen aconteciendo”, manifestó la especialista.
Tuana dijo que, desde las redes que ella integra, sienten una “receptividad casi nula” por parte del gobierno a la hora de plantearle estas inquietudes. De todas formas, aseguró que están armando un “plan estratégico” para “movilizarnos más y ver cómo generamos incidencia y presión, porque la realidad es que esto está cada vez peor y no vemos ninguna reacción de parte del gobierno”.
Asesoramiento y contención
Uno de los efectos que pueden tener los casos como el de Paola es que las mujeres que hoy viven situaciones de violencia se vean desestimuladas a la hora de denunciar. El consejo para ellas es “buscar siempre un buen asesoramiento y una buena contención, y ahí definir cuáles son los pasos a dar y cuál es la mejor estrategia para emprender el proceso de salida y salvarse”, recomendó Morelli, y consideró que “no siempre es ir a la comisaría y no siempre es ir al juzgado, porque a veces hacerlo te coloca en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Para Tuana, “lo más importante es poder concurrir a un servicio de atención”, en la medida de lo posible, para transitar el proceso con el apoyo de un equipo de profesionales y “no quedarse sola haciendo la denuncia”. Recomendó en particular recurrir a los servicios de atención de las Comuna Mujer, llamar al 0800 4141 (el servicio telefónico de orientación y asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres) o incluso buscar el apoyo en los centros de salud.
“Tienen que saber que la gran mayoría de los casos, por suerte, no tiene estas consecuencias tan tremendas y muchas veces se logra hacer una diferencia, salir adelante. Entonces, que se animen, que le cuenten a alguien, que se acerquen a los servicios. Rodearse y buscar ayuda profesional puede servir de mucho respaldo”, sugirió la directora de El Paso.
Por su parte, Morelli dijo que, aunque sea un “proceso largo, íntimo y muchas veces doloroso”, “siempre se puede recuperar nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra vida”.