Bienestar y género: aportes para el debate de la seguridad social

En esta nota nos proponemos argumentar que lo que está en crisis no es sólo la seguridad social, sino un modelo de protección social basado en la participación de las personas en el mercado de empleo y en la organización social de los cuidados, a costa del trabajo gratuito que las mujeres realizan a lo largo de todas sus vidas.

Seguridad social, protección social y bienestar: recordatorios para pensar más allá del “desequilibrio” actuarial

El debate sobre la seguridad social es de suma importancia en tanto brinda la oportunidad de redefinir colectivamente nuestras condiciones de vida en el marco de las sociedades del envejecimiento. Excede el debate sobre el equilibrio o desequilibrio actuarial, ya que es una parte importante de la matriz de protección social que requiere ser pensada a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta sus diferentes componentes.

La seguridad social no sólo se trata del sistema de jubilaciones, pensiones y prestaciones a activos para cubrir algunos riesgos (desempleo, enfermedad, subsidios por maternidad, paternidad, asignaciones familiares, entre otros), sino que parte de un conjunto más amplio de políticas, programas y medidas diseñadas para dar garantías a los derechos básicos de toda la población que conforman lo que conocemos como “protección social”. Si bien el Estado, el mercado, la comunidad y las (mujeres de) las familias producen bienes y servicios necesarios para el bienestar social, el Estado tiene un papel primordial en la definición de su impronta distributiva, más allá del posicionamiento particular de las personas en el mercado laboral o los apoyos familiares con los que cuenten.¹

Nuestro actual sistema de seguridad social tiene su origen en otro momento histórico: se basa en un modelo de cobertura ligado con el mercado de trabajo y su grado de formalización, siguiendo la tradición bismarckiana impulsada a fines del siglo XIX para enfrentar los problemas surgidos de la industrialización. Este modelo se erige sobre dos arquetipos del trabajo: su condición moderna de “estable, seguro y para toda la vida” y de género (varón que provee económicamente a través de su participación en el mercado de empleo y mujer cuidadora, ama de casa, disponible para el hogar y la familia). El vínculo con el mercado laboral y las relaciones familiares y de género han cambiado fuertemente; es por eso que consideramos relevante invitar a la reflexión para evitar la reproducción de un modelo que no atiende los desafíos actuales de la desigualdad social.

Uruguay en 2020: algunas diferencias básicas entre varones y mujeres a tener en cuenta

Una cantidad importante de personas puede tener dificultades para acceder a las causales jubilatorias, como quienes tienen empleos informales o están en seguro de desempleo. Estas dificultades pueden ser más graves entre quienes están desocupadas/os o son “inactivas” por “quehaceres del hogar”, es decir, trabajan, pero no reciben ingresos ni realizan aportes por dichas tareas. Se trata de 273.000 personas de 24 años o más en estas situaciones, de las cuales 81% son mujeres, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2020. Los datos de la encuesta revelan que, en Uruguay, del total de las personas ocupadas en 2020, unas 710.000 eran mujeres y 858.000 varones, mientras que unas 193.000 eran “inactivas” por dedicarse a los quehaceres del hogar, de las cuales 92% eran mujeres.

En el contexto de la feminización del envejecimiento en Uruguay, que condice con una mayor esperanza de vida para las mujeres y una mayor proporción de mujeres en los tramos de 65 años y más, la propuesta de aumentar la edad mínima para acceder a causal jubilatoria, sin mayores referencias a sistemas de cuidados que distribuyan los tiempos entre las mujeres y el Estado, podría redundar en una precarización de las condiciones de vida de estas.

Si bien en Uruguay tenemos destacados niveles de cobertura de jubilaciones y pensiones, los montos para una amplia mayoría distan de ser apropiados, particularmente para las mujeres, que representan 57% del total de quienes reciben jubilaciones mínimas.

La propuesta de reforma de la seguridad social tiene como objetivo declarado garantizar la sostenibilidad financiera y social de las jubilaciones y pensiones, siendo los aspectos institucionales y financieros (edad de retiro, años de aporte, tasas de reemplazo, formas de financiamiento, normas comunes para los distintos subsistemas) el núcleo central del debate. Se hace foco en la desbalanceada relación entre personas que trabajan y personas jubiladas o pensionistas, en vez de hablar sobre qué es lo que se reparte, cómo aumentar nuestra productividad o acerca de cuán mal o bien logra el Estado aumentar sus ingresos e imprimir en sus políticas una impronta redistributiva. ¿Modificaciones a las tributaciones de las rentas de no residentes? ¿Aportes patronales?

Implica preguntarnos no sólo sobre cómo solucionamos un problema de sábana corta, sino también sobre cómo engrosamos los ingresos del Estado, ¿A costa de una mayor “focalización” o recorte en los ingresos de aquellas personas mayores cuyos montos ya son muy magros?

Historias desiguales y repercusiones en los ingresos en las vejeces

La desigualdad entre las mujeres es un fenómeno en aumento muy importante, fuertemente marcado por los niveles educativos y las cargas de cuidados. En 2020, 47,2% de las mujeres estuvieron ocupadas en el mercado de empleo, ante 62,2% de varones. Pero los niveles de ocupación son diferentes entre las que tienen bajos niveles educativos (hasta primaria completa) –sólo 27% estaban ocupadas en el mercado de empleo en 2020–, mientras que 76% de las de altos niveles educativos (terciaria completa o incompleta) lograron emplearse en el mercado laboral. En el caso de los varones, 55% de los de niveles educativos más bajos estaban ocupados en el mercado de empleo, cifra que aumenta a 81% en los varones de niveles educativos altos. La diferencia de la tasa de ocupación entre mujeres de altos niveles educativos y bajos es de 49%, mientras que la de los varones es de 36%, evidenciándose que ellos logran estar más integrados al mercado laboral.

La informalidad en el empleo también es distinta por niveles educativos: afecta a 20,6% de las personas de 24 años o más y, si bien en promedio las mujeres tienen una leve menor incidencia de la informalidad en el empleo con relación a los varones (19% ante 23% de los varones), esta relación se invierte en los niveles educativos más bajos. En 2020, de las mujeres de 24 años o más ocupadas con primaria completa como nivel educativo máximo alcanzado, 43% eran informales ante 40% de varones. Esta situación se extiende a secundaria básica (32% de mujeres informales ante 28% de varones) y comienza a converger para revertirse en secundaria superior (16% mujeres, 15% varones), siendo que entre los/as universitarios, por cada 100 varones informales sólo hay 69 mujeres (aunque tengan mayores brechas salariales con sus pares varones). Además, sectores altamente feminizados como el trabajo doméstico se caracterizan por la presencia de mayores niveles de informalidad, incluso siendo Uruguay un país destacado en la región a nivel normativo y de efectiva formalización del empleo.

Los escenarios de ingresos en las vejeces actuales expresan las desigualdades laborales de género en el pasado y la ineficiente capacidad de redistribución del sistema de seguridad social tal y como opera ahora: los varones se jubilan en mayor proporción que las mujeres (61% y 49%) y ellas ganan en promedio 85 pesos por cada 100 que ganan los varones (Cooperativa Comuna, 2021). Hay 27.000 mujeres de 65 años y más (8,1% del total) que no cuentan con ingresos personales hoy en día, ante 4.000 varones en la misma situación (1,9% de los de 65 años y más). Y esto, sin considerar a las personas mayores en situación de calle, que no están contempladas en la muestra de hogares particulares de la ECH 2020.

Acentos familistas e “igualdad de género” en la propuesta

El anteproyecto de ley para el debate de la reforma de la seguridad social, en su capítulo sobre pensiones de viudez, solicita para el acceso tres años mínimo de matrimonio y cinco de concubinato, y son menores los trámites si hay al menos una hija/o en común.

Además de beneficiar el uso de la institución matrimonial con una vara distinta hacia los concubinatos, se plantea una disminución progresiva del monto de ingresos de las viudas, que ahora se sitúa en 215.000 pesos hasta llegar a los 100.000 pesos o menos para acceder a una pensión por viudez. En el caso de los varones, se plantea ampliar de 50.000 para llegar a la convergencia entre ambos sexos en el monto de 100.000. Si bien puede parecer un equilibrio justo, encierra dos trampas: los varones viudos son una pequeña proporción del total (no habrá igual redistribución de ingresos) y la exigencia de ingresos menores a 100.000 pesos puede desfavorecer a las mujeres viudas con hijos/as a cargo u otras personas con necesidades de cuidados que no accederán a la pensión por el trabajo de la pareja que falleció. Por tanto, considerar las cargas de cuidado sería relevante a la hora de pensar los nuevos límites de edades e ingresos que se establecen para acceder a las pensiones por viudez.

En cuanto a los cuidados, mientras que en 2008 se introdujo el reconocimiento de un año por hijo nacido vivo o adoptado para las mujeres, la actual propuesta de reforma no amplía los beneficios hacia las mujeres que participan en los cuidados, particularmente el de las personas mayores en situación de dependencia, o personas con enfermedades crónicas y el trabajo que muchas mujeres (no madres) realizan para el cuidado de niñas/os de manera no remunerada. Además, el año por hijo tiene la desventaja de reproducir las desigualdades de ingresos, dadas las trayectorias laborales de las mujeres, y no logra compensar la pérdida salarial durante el período inmediato después del embarazo, una de las tantas dimensiones de las múltiples sanciones sociales a la maternidad.²

El actual anteproyecto plantea el otorgamiento de un “Bono de brecha de género” para aquellas mujeres ocupadas formales que logren mostrar una pérdida salarial mayor a 15% luego del nacimiento o adopción de hijas/os. Las cuidadoras privilegiadas en este caso son las mujeres-madres ocupadas formales, sin extenderse al total de las mujeres que se estima que producen 16,3% del producto interno bruto³ mediante la realización del trabajo no remunerado por el cual no reciben ingresos, ya que no aportan por la ausencia de reconocimiento de su trabajo. Entre ellas, podemos destacar a 84,6% de mujeres de 65 años y más que realizan 34 horas semanales promedio de trabajo no remunerado de cuidados y doméstico (8,3% más que los varones de 65 y más, quienes dedican 12 horas semanales menos que las mujeres de sus mismas edades).⁴

Preguntas para el debate de un nuevo sistema de seguridad social desde una mirada de género a mediano y largo plazo

¿Cómo contemplamos las diferencias en la esperanza de vida al nacer según niveles socioeconómicos de las personas, identidades de género, lugar del territorio donde habitan para evitar que quienes mueren antes financien a las/os más longevos privilegiados?

¿Cómo se compensa el trabajo físico e insalubre de cuidados que realizan las mujeres que cuidan de personas en situación de dependencia, y que frecuentemente pagan con el detrimento de su propia salud los costos de cuidar a otros?⁵

¿Cómo se retribuye a las trabajadoras/es que han aportado alguna vez, pero no llegan a los criterios para poder abrir una causal jubilatoria? ¿Deben esperar hasta los 70 años para acceder a una pensión no contributiva si el núcleo familiar no tiene recursos suficientes? ¿Con qué parámetros se asignaría el dinero que les debemos?

¿Por qué centrar el debate en lo que no alcanza para compensar las jubilaciones mínimas y no en los 223 millones de dólares de aportes patronales exonerados en 2019,⁶ o los 1.244 millones de dólares producidos en el mismo año para el cuidado de personas mayores en situación de dependencia considerando sólo Montevideo y el Área Metropolitana?⁷

¿O en los 9.068 millones de dólares producidos por mujeres que cuidan y realizan trabajo doméstico, sin considerar lo que deberían ser sus aportes a la seguridad social?⁸

Es evidente que tenemos un problema con el concepto de trabajo y que, en tanto pensemos la seguridad social como un juego de suma cero a la interna del Estado⁹ y a la interna del mercado de empleo, estaremos en problemas: el trabajo de cuidados y doméstico tiene un papel central para el bienestar y la producción de riqueza que no se tiene en cuenta en el debate y que no permite visualizar con claridad que, hasta que no haya una adecuada redistribución de las ganancias económicas y una infraestructura importante y diversa de servicios de cuidados, nuestro potencial estará jalado hacia lugares estancos de desigualdad y falta de oportunidades, principalmente para las mujeres y personas que están en situación de dependencia o requieren cuidados y para las personas de niveles educativos más bajos y niveles de precarización más altos.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta al problema en el que se está centrando el debate (el desbalance financiero) está en adquirir una mirada de mediano y largo plazo, evitando la reproducción del síndrome de miopía estructural, mediante la generación de servicios de cuidados de calidad, de larga duración y de coberturas horarias compatibles con jornadas laborales de carácter gratuito y realmente universales. Esto implica una dotación robusta de recursos financieros y de personas y conocimientos para el desarrollo de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, engrosando definitivamente el 0,3% invertido hasta 2019.¹⁰ La universalización de centros para niñeces de cero a 12 años de ocho horas de calidad, un significativo aumento de la oferta de servicios de cuidados de larga duración para personas mayores en situación de dependencia, comunitarios, conectados con la ciudad, la promoción de una vida integrada y saludable que permita el desarrollo de las personas, son condiciones básicas para ser una sociedad más justa, más viva, creativa y proyectada hacia el futuro. Para esto, podemos pensar la reforma de la seguridad social comenzando por los cuidados y no con el recorte cuasi endogámico de ingresos a las vejeces. En cualquier caso, el tiempo dirá.

Referencias citadas

Aguirre, R y S Scavino (2016). Cuidar en la vejez: desigualdades de género en Uruguay. Papeles del CEIC, 2016/1(150). Vizcaya: Universidad del País Vasco. doi: 10.1387/pceic.15449

Batthyány, K, Genta, N y Perrotta, V (2015). El aporte de las familias y las mujeres al cuidado no remunerado de la salud en el Uruguay. Serie Asuntos de Género, 127. Santiago de Chile: Cepal.

Cecchini, Filgueira y Robles (2014). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: una perspectiva comparada. Cepal. Disponible online: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/36831

Cooperativa Comuna (2021). Reforma de la seguridad social: poner la vida en el centro del debate. Críticas al Informe diagnóstico de la Comisión de Expertos. Cooperativa Comuna. Disponible online: https://cooperativacomuna.uy/reforma-de-la-seguridad-social-poner-la-vida-en-el-centro-del-debate-criticas-al-informe-diagnostico-de-la-comision-de-expertos/

Cuesta Duarte (2022) “Trabajo doméstico remunerado, una mirada en perspectiva. Informe: “Empleo y condiciones de trabajo en el servicio doméstico”. Disponible online: https://www.cuestaduarte.org.uy/sites/default/files/2022-08/Presentaci%C3%B3n%20informe%20T.D.R..pdf

Esping-Andersen Gosta (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel Sociología.

Esping-Andersen Gosta (2008) Modelos de sociedad, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de género. En María Pazos Morán (ed.), Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, páginas. 31-43. Disponible online: https://www.ief.es/docs/investigacion/genero/LGEspingAndersen.pdf

Gallo, Alejandra y Sanguinetti, Paola (2021): “Las desigualdades en el mundo del trabajo y repercusiones en el retiro”. Asesoría en Políticas de Seguridad Social, Comentarios de Seguridad Social Nº 74, abril 2021.

Salvador S. (2015). La valoración económica del trabajo no remunerado. En Batthyány K, editor. Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. Montevideo: Doble Clic Editoras; 2015.

Scavino, S. (2018). ​Familismo soportado y feminización de las estrategias de cuidado en salud: desafíos persistentes para la equidad de género y el ejercicio del derecho al cuidado. Tesis de Maestría en Sociología. Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Disponible en: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/20013/1/TMS_ScavinoSola riSol.pdf

Sobre las autoras

Rosario Aguirre Cuns es una socióloga uruguaya. Fue profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y fundadora del Grupo de Investigación de Sociología de Género. Actualmente es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Es cofundadora e integrante de la Red Procuidados.

Sol Scavino Solari es una socióloga uruguaya. Es asistente de investigación y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Trabaja en el Grupo de Investigación de Sociología de Género, en donde está culminando su tesis doctoral sobre cuidados y vejeces.