“Con profundo dolor e indignación lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Mi solidaridad con su madre Elizabeth y su pequeño hijo”. Con este mensaje de Twitter, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el miércoles el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal. Y dijo la palabra clave: fue femicidio. La noticia profundizó una rabia colectiva que empezó a gestarse diez días antes.
Bernal, abogada de 34 años, había sido vista por última vez en la noche del 11 de setiembre, cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía de Quito –el centro de formación para policías más importante del país– para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, que trabajaba allí como instructor. Las autoridades dijeron que el ingreso de la mujer quedó registrado en las cámaras del lugar, pero no su salida, y que hay imágenes de un vehículo que conducía Cáceres con vidrios polarizados que no fueron revisadas. El teniente, que es el principal sospechoso, se encuentra prófugo.
La primera en denunciar la desaparición de Bernal fue su madre, Elizabeth Otavalo, quien desde entonces comenzó una campaña para encontrar a su hija, y denunció además complicidad y negligencia por parte de las autoridades. La semana pasada, decenas de mujeres acompañaron el reclamo de Otavalo con manifestaciones en las afueras de la sede de Fiscalía, para exigir conocer el paradero de la mujer y reclamar transparencia en la investigación.
La desaparición de Bernal fue denunciada por el propio Cáceres, dos días después de que fue vista por última vez en la Escuela de Policía. Pese a que la Fiscalía aseguró que hubo inconsistencias en su declaración, el hombre fue dejado en libertad, aunque hubo un pedido de que se lo vigilara. Sin embargo, según informó CNN, el seguimiento no se cumplió por un “obstáculo burocrático”, ya que la Policía dijo que el pedido de la Fiscalía no llegó a tiempo y el hombre ya había huido.
El cuerpo de Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua, a unos cinco kilómetros de la escuela donde se forma a los policías. Este jueves, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dijo a una radio local que la mujer fue asesinada “por estrangulamiento y asfixia”.
Una vez que se confirmó el femicidio, cientos de personas –en su mayoría mujeres– marcharon hasta la Comandancia de la Policía de Quito para manifestar el dolor por el asesinato y repudiar cómo se manejó el caso desde el principio. En gritos y carteles, varias calificaban a los funcionarios policiales de “asesinos”, mientras otras pedían justicia por todos los casos de femicidio que se registran en el país, de acuerdo a lo reportado por Reuters. “La Policía no me cuida, me desaparece”, se repetía en algunas de las pancartas.
Mientras, en Twitter, la mamá de Bernal escribió: “Presidente, exijo justicia. Esto es un crimen que pasó en la Escuela Superior de la Policía de Ecuador. Me arrebataron a mi hija, a manos de un servidor de la Policía prófugo. Ruego a las universidades apoyo en los exámenes médicos legales. Necesito saber la verdad”.
Repercusiones políticas
El Estado es responsable siempre de proteger a las mujeres de la violencia de género. En este caso, al tratarse de una desaparición y femicidio dentro de una dependencia estatal, perteneciente justamente al organismo encargado de la seguridad de las personas, la necesidad de que el Estado rinda cuentas es más evidente. De hecho, la Asociación de Abogadas Feministas de Ecuador consideró el miércoles que el femicidio de Bernal es un “crimen de Estado” debido a la serie de omisiones que encierra la desaparición.
Una de las primeras medidas que tomó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fue remover al director de la Escuela de Policía, Francisco Zumárraga, y designar como nueva directora a una mujer, la coronel Irany Ramírez. En la misma línea que Lasso, el jerarca prometió en redes sociales que el femicidio “no quedará en la impunidad” y aseguró que encontrarán a Cáceres “donde esté” y lo “entregarán a la Justicia”. Además, pidió “perdón” a la madre y al hijo de Bernal.
La semana pasada, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, cuestionó en una rueda de prensa la forma en la que la Policía estaba abordando la desaparición de la abogada y aseguró que, hasta ese momento, la Fiscalía no había recibido un informe oficial de lo que ocurrió dentro del centro de formación de policías. “Le he conminado al ministro del Interior, Patricio Carrillo, a que tiene que aparecer esta persona. No puede desaparecer en un destacamento policial una mujer. Los agentes del orden tienen como obligación estatal encontrar a las personas, no desaparecerlas, y menos aún en un regimiento que está absolutamente controlado por estos agentes del Estado”, apuntó Salazar.
Por otro lado, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador convocó a varias autoridades para que la semana que viene rindan cuentas por la desaparición y femicidio de Bernal, incluido el ministro del Interior y la fiscal general, entre otros jerarcas de la Policía.
La Fiscalía confirmó en un comunicado que el próximo lunes llegará al país una “comisión internacional de expertos”, que incluye “fiscal, técnico criminalístico e investigador civil”, para acompañar la investigación del caso “con un proceso objetivo y transparente”.