La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género integrada con la de Constitución y Legislación del Senado comenzó a tratar la semana pasada el proyecto de ley que propone aumentar la edad mínima del matrimonio, y este lunes recibió por primera vez la visión de organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa, que fue presentada el 25 de abril por senadoras y senadores del Frente Amplio (FA), propone modificar el Código Civil para aumentar la edad mínima requerida para casarse a los 18 años. El texto plantea que esta disposición sólo podrá tener como excepción aquellos casos en los que un juez o una jueza lo autorice por motivos fundados –como, por ejemplo, el consentimiento de los progenitores– y únicamente para personas mayores de 16 años.
La normativa vigente, que fue aprobada en 2013, establece que la edad mínima para casarse es de 16 años y no especifica límites para quienes tengan menos de 18 años si presentan el consentimiento expreso de los padres.
En el espíritu de la exposición de motivos del nuevo proyecto está la preocupación por las consecuencias que pueden generar las uniones tempranas en la vida de las niñas y las adolescentes, de acuerdo con lo que revelan distintos estudios de Unicef y otros organismos internacionales, como la posibilidad de embarazos no deseados, mayores riesgos de vivir situaciones de violencia sexual, transmisión intergeneracional de la pobreza y una alta tendencia a la deserción escolar, lo que a la vez impacta en la pérdida de autonomía económica.
La senadora frenteamplista Silvia Nane, una de las principales impulsoras del proyecto, recordó durante la sesión de la semana pasada que la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio “es una de las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño y, de hecho, el Estado uruguayo tiene observaciones desde hace más de diez años al respecto”.
Sin ir más lejos, el 30 de octubre, el comité que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) incluyó en su extensa lista de recomendaciones que el Estado uruguayo “modifique el Código Civil para eliminar toda excepción a la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, tanto para las mujeres como para los hombres”.
También la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh, “recomendó fuertemente” que se respalde la “reforma legal” impulsada para aumentar la edad mínima a los 18 años, después de una visita a nuestro país a mediados de mayo. En ese entonces, la experta recordó que, según datos de Unicef, 25% de las mujeres jóvenes contrajo matrimonio antes de los 18 años en Uruguay y que esto impacta “en su salud sexual y reproductiva, y en su bienestar en general”.
Una “deuda pendiente”
La comisión recibió este lunes a representantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) y de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anong), que compartieron sus análisis y comentarios sobre el proyecto. En líneas generales, las dos organizaciones manifestaron que “evidentemente están a favor” de la propuesta, señaló Nane a la diaria, aunque dijo que remarcaron algunos elementos que “llamaron la atención, que están buenos para levantar la mirada y ver un par de cosas que quizás haya que revisar”.
Establecer la edad mínima de matrimonio en 18 años “es una deuda pendiente del Estado uruguayo desde hace mucho tiempo”, apuntó a la diaria la exjueza Ana Lima, coordinadora nacional de Cladem y una de las integrantes que asistieron ante la comisión, al argumentar el respaldo de la organización al proyecto. La referente consideró positivo que la iniciativa les dé a progenitores y tutores “la potestad de otorgar su consentimiento expreso o negarlo para que contraigan matrimonio los hijos menores de 18 años, pero mayores de 16”, ya que va en línea con la visión de la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez de Uruguay, que “colocan en el centro a las infancias” y por el cual “los progenitores tienen una tarea de acompañamiento, pero respetando la autonomía de los niños y las niñas”.
A su vez, Cladem “aprovechó” la ocasión para recordar que el comité Cedaw también “volvió a recomendar que se eliminen del Código Civil las disposiciones discriminatorias”, como, por ejemplo, el hecho de que los artículos que se van a modificar “mantienen una distinción entre ‘hijos legítimos’ y ‘naturales’, algo que es inexistente en nuestro país, porque los hijos legítimos y naturales tienen los mismos derechos”.
Lima dijo que se plantearon otras “dudas”, que no tienen que ver estrictamente con la edad para casarse, pero que revelan la “pauta patriarcal” del Código Civil, como la exigencia de que mujeres viudas y divorciadas tengan que esperar 301 días “de la muerte del marido o de la separación personal” para volver a contraer matrimonio, según indica el artículo 112.
Las representantes de Cladem también expresaron su preocupación por el artículo 3 del proyecto de ley, que establece que “se entenderá faltar el padre y la madre si han perdido la patria potestad, pero no si les ha sido simplemente limitada, salvo resolución expresa”. En ese sentido, Lima se preguntó si también “estaría autorizado a impedir un matrimonio” un progenitor “que haya sido condenado por un delito sexual y haya perdido la patria potestad, de acuerdo a la ley, y tenga hijos de otra relación”.
Nane dijo que “es interesante tener este feedback” y, en función de cómo se desarrolle el trámite parlamentario, analizar si después es posible “tratar de hacer una adecuación normativa” a la realidad de estos tiempos. La legisladora aseguró que ya se está armando un “plan de trabajo” para implementar a partir de febrero, luego del receso parlamentario, con el objetivo de recibir “a dos delegaciones por cada instancia de reunión”. Según estimó, “deberíamos estar en condiciones de que esto salga a mediados del año que viene”.
Objeciones
Consultada sobre las expectativas de cara a la eventual votación del proyecto y, particularmente, respecto de las opiniones de las y los legisladores oficialistas, Nane dijo que “no los ve muy afines” y que “hay un montón de trabajo para hacer” en ese sentido.
En la sesión de la semana pasada, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, fue el primero en expresar sus reparos por una propuesta que, a su entender, “se inscribe dentro de una concepción ideológica que pretende contrariar la naturaleza del ser humano”, según se puede leer en la versión taquigráfica. “Los seres humanos adquieren su madurez sexual a una determinada edad y a partir de allí pueden procrear. Yo no soy partidario del matrimonio temprano y pienso que, como todas las cosas, lo deseable es tener una cierta experiencia de vida, pero debo decir que este proyecto de ley es absolutamente antinatural, porque no podemos prohibir el concubinato. Entonces, prohibir el matrimonio y no el concubinato –que, por otro lado, es imposible de prohibir– me parece un absurdo mayúsculo”, alegó Domenech.
Frente a estas declaraciones, Lima consideró que “el senador Domenech está profundamente confundido”. La coordinadora de Cladem aclaró que, “primero, no estamos hablando de concubinato, sino de uniones de hecho que se dan en contextos desfavorables, donde hombres de 40 años, por ejemplo, empiezan a convivir con adolescentes de 14 y 15 años, y se van incorporando al núcleo familiar como si fueran de la familia, porque realizan aportes en dinero, porque se vuelven necesarios, con lo cual las niñas y las adolescentes aumentan sus riesgos de embarazos tempranos, de violencia sexual y de no poder acceder a sus derechos a la educación, económicos, sociales y culturales”.
La exjueza aseguró que “lo que sí está ideologizado es lo que propone el senador Domenech” y dijo que “es acorde con lo que parece que piensa en general respecto del lugar que ocupamos las mujeres y las niñas en una sociedad”. Agregó: “Hacer un planteo de que, una vez que estamos en condiciones de ser las reproductoras, [somos] los objetos que vamos a parir, tiene que ver con una concepción que coloca a las mujeres en un lugar que está absolutamente a contramano de la evidencia científica, de los estándares internacionales de derechos humanos, de nuestra legislación y de la legislación internacional”.