El femicidio y el femicidio agravado ahora son delitos imprescriptibles en El Salvador. Así lo aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 22 de febrero, mediante una reforma del Código Penal. La iniciativa recibió el apoyo de 76 de los 84 diputados que integran el órgano legislativo. En ese país el femicidio es sancionado con penas de entre 20 y 35 años de prisión, pero, hasta la aprobación de esta reforma, estaba estipulada su prescripción en un período de 15 años.

“Con esta reforma, los que cometan un femicidio van a ser condenados sin importar los años que hayan pasado del hecho”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas –el partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele– y presidenta de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, en una conferencia de prensa luego de la votación. “Muchos de esos delitos quedaron impunes porque los hombres se iban para otros países [después de cometer un femicidio] y regresaban a los diez o 15 años [cuando ya había caducado la penalidad del delito]. Ahora no importa el tiempo, van a poder ser perseguidos”, agregó la legisladora.

“Aprobar y aplicar esta reforma garantiza a las víctimas y sus familiares el acceso a la Justicia y la utilización de la Justicia penal para el enjuiciamiento de los responsables de manera justa, imparcial, oportuna y rápida”, señala el informe de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género que impulsó esta propuesta. El texto añade que “es necesario que el Estado adopte medidas que permitan proteger a las mujeres de todo estrato social, sin distinción de edad, religión o creencia, de una conducta misógina en su contra”.

Según cifras de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, recogidas por el diario Pagina 12, en 2021 hubo 132 femicidios en El Salvador y, en 2022, 68 mujeres fueron asesinadas por razones de género en el país. En tanto, de acuerdo a datos de la Fiscalía, en los primeros días de 2023 se registraron siete femicidios.

Además de estas modificaciones en el Código Penal, está previsto que la Asamblea Legislativa discuta modificar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que busca reforzar la no caducidad de este tipo de hechos cometidos en contra de las mujeres y que no queden en la impunidad.