El “caso Beatriz” o cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede marcar un precedente en el derecho al aborto en la región

Esta semana se hizo viral el hashtag #JusticiaParaBeatriz, una campaña que promovieron en redes sociales organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador y otros países de América Latina. El objetivo era acompañar la audiencia pública que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el miércoles y el jueves, en relación al caso “Beatriz vs El Salvador”.

La sentencia podría ser histórica, porque, de fallar a favor de quienes representan a Beatriz, sería la primera vez que el organismo sanciona a un Estado por no garantizar el acceso al aborto como un servicio de salud. Esa decisión, a la vez, sentaría un precedente importante para los demás países de la región que tienen la prohibición total del aborto y también para aquellos que mantienen leyes restrictivas al respecto.

Beatriz es el nombre ficticio que se le dio a una mujer de 22 años que vivía en una zona rural de El Salvador, en condiciones de pobreza extrema, cuando en febrero de 2013 se confirmó que tenía un embarazo de alto riesgo. La mujer padecía lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que daña diversas partes del cuerpo, y los médicos le dijeron que el embarazo ponía en riesgo su vida. A la vez, diagnosticaron desde el inicio que el feto era anencefálico, es decir, que no iba a desarrollar cráneo ni cerebro, una malformación incompatible con la vida extrauterina. Por esos motivos, los profesionales coincidían en que era necesario interrumpir el embarazo.

Sin embargo, El Salvador es uno de los pocos países de la región en donde el aborto está totalmente prohibido –junto con Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana– y se castiga con cárcel, tanto a las mujeres que deciden abortar como a los profesionales que lo practican. Ante la negativa de los médicos de realizar el procedimiento por miedo a ir a prisión, Beatriz interpuso un amparo para poder acceder a un aborto. Pero a pesar de las recomendaciones médicas, de los reclamos de organizaciones sociales y del monitoreo de los organismos de derechos humanos, la Justicia se negó a autorizar el aborto y la joven fue forzada a continuar con el embarazo inviable durante 81 días.

Sólo después de la intervención de la Corte IDH, el Estado salvadoreño fue obligado a realizar la interrupción del embarazo el 3 de junio, cuando Beatriz tenía seis meses de gestación. Le hicieron una cesárea y el feto murió cinco horas después de nacer, tal como preveían los médicos. Para ese entonces, su salud se había visto profundamente deteriorada. Beatriz murió el 8 de octubre de 2017: su deteriorado estado de salud provocó que las consecuencias de un accidente de tránsito menor se agravaran y no sobreviviera.

Las organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron desde el principio iniciaron entonces un proceso de litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado salvadoreño para exigir la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición para asegurar que ninguna niña ni mujer se verá forzada a pasar por lo que Beatriz pasó, además de la modificación del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas.

En enero de 2022, la CIDH remitió el caso de Beatriz a la Corte IDH por considerar que el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones que le había hecho para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados a ella y a sus familiares por las violaciones a sus derechos. Esta semana, finalmente, tuvo lugar la audiencia pública.

“Para mi hija, tomar la decisión de querer seguir viviendo fue una tortura. Yo quiero que nadie pase por lo que mi hija pasó. Sólo eso”, dijo la madre de Beatriz ante los integrantes del tribunal durante la primera jornada de la audiencia.

Después de escuchar a familiares de Beatriz, abogadas, médicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el organismo tendrá tiempo hasta fin de año para dictar una sentencia.

Las organizaciones litigantes en el caso son, a nivel local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; y, a nivel internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la red Ipas LAC (Latinoamérica y el Caribe).

Con el caso de Beatriz, El Salvador enfrenta nuevamente un juicio relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, después de haber sido condenado, en noviembre de 2021, por el “caso Manuela”, una mujer que fue sentenciada a 30 años de cárcel por una emergencia obstétrica.