Los feminismos cuestionan a diario cómo el machismo y el patriarcado están enraizados en absolutamente todos los ámbitos de la vida, y la manera en la que informan los medios de comunicación no es una excepción. El reclamo feminista tiene que ver, en particular, con el abordaje mediático de los temas vinculados a la violencia de género, que muchas veces revictimiza o culpabiliza a las víctimas, difunde datos que refuerzan estereotipos de género, expone a las niñeces e, incluso, llega a justificar al agresor.

Si bien en los últimos años ha habido avances en la cobertura periodística de estos temas –el ejemplo más emblemático es que haya caído en desuso la expresión “crimen pasional” para referirse a un femicidio–, la realidad es que todavía quedan sesgos de género y fórmulas machistas por erradicar. Y esto se debe, en gran medida, a que falta capacitación puertas adentro de las redacciones, los canales de televisión y las radios.

El primer paso para cambiar esta situación es poder contar con materiales accesibles y prácticos que incluyan recomendaciones concretas sobre qué hacer y qué evitar, especialmente en una época en el que el periodismo compite con las plataformas digitales y muchas veces tiene que navegar en el terreno de la inmediatez. A esto es que apunta, en concreto, la Guía para la cobertura periodística de femicidios y violencia basada en género, elaborada por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), ONU Mujeres y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), con el apoyo de la Embajada de Suiza, y que fue presentada el miércoles pasado.

La intención de la guía es “generar herramientas realistas que permitan un cambio social y una nueva mirada sobre el femicidio”, según describe el prólogo, en el entendido que medios y periodistas “juegan un papel clave en la reproducción o el desmantelamiento de los estereotipos de género”.

El manual fue redactado por la periodista Victoria Fernández, que basó su investigación en entrevistas a editores, editoras y periodistas de medios uruguayos, a especialistas del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Mujeres, y a representantes de la sociedad civil. El trabajo también integró el análisis de manuales similares que hay en otros países.

De hecho, la idea de elaborar la guía surgió a raíz de un proyecto de ONU Mujeres que promueve la creación de guías sobre cómo cubrir femicidios en distintos países, contó a la diaria Soledad Acuña, directora de la vicerrectoría de Investigación e Innovación de la UCU y una de las coordinadoras del proyecto. Lo que se hizo, en este caso, “fue un anclaje en Uruguay, analizando qué era lo que estaba pasando en los medios en nuestro país”, explicó Acuña, y dijo que una de las consideraciones iniciales fue que “falta discusión” sobre estos temas a la interna de los medios.

Para empezar a generar esas discusiones, la primera etapa del proyecto, una vez que la guía ya fue presentada, tiene que ver con realizar un taller en abril orientado a “periodistas del interior y algunos de Montevideo”, detalló Acuña. La segunda etapa consistirá en ofrecer a los medios la posibilidad de ir a hacer talleres en sus redacciones. “Lo que se busca con esto es brindar las principales recomendaciones que aparecen en la guía y poder dar esas discusiones, que les quede sonando en la cabeza, porque después es el periodista que está en calle el que va a tomar esas decisiones”, dijo la representante de la UCU. Los talleres serán impartidos por periodistas con formación específica en la temática. Por otra parte, Acuña dijo que la UCU ofreció la posibilidad de ir a presentar la guía a estudiantes de Periodismo de la Universidad de la República, la ORT y la Universidad de Montevideo, “para poder trabajar este tema a nivel de todas las universidades”.

Además de las recomendaciones, el manual incluye el marco normativo nacional e internacional que hay que tener en cuenta a la hora de cubrir un femicidio, describe cuáles son los pasos del proceso penal y sugiere qué fuentes son las más confiables. También hay un apartado específico con consejos para fotoperiodistas.

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Lo que hay que hacer

El diagnóstico del que parte la guía establece que, a grandes rasgos, “todavía persisten ciertos mensajes o contenidos que parecen, de alguna forma, derivar la responsabilidad en la víctima”, “a veces hay una sobreexposición de los menores de edad que están involucrados”, o “se dan demasiados detalles morbosos sobre cómo ocurrió el crimen, sobre la vida privada de la víctima, cosas que no son relevantes para informar el crimen”, resumió Fernández en diálogo con la diaria.

Las recomendaciones que plantea el manual se dividen en tres categorías: qué hacer, qué evitar y lo que llaman “zonas grises”, que vienen a ser puntos donde no existe unanimidad de criterios, pero que sirven de puntapié para generar discusiones.

Entre las prácticas recomendadas, aparece la importancia de contextualizar los casos de femicidio, es decir, de enmarcarlos dentro del fenómeno de la violencia de género, como el resultado de un problema estructural vinculado a la cultura machista, y no como hechos aislados. La guía también plantea la necesidad de consultar a personas expertas en violencia de género para que puedan explicar por qué ocurren este tipo de crímenes y cuáles son sus características.

El uso del término femicidio, en sí, es otra de las sugerencias. En este punto, Fernández insistió en que, si el femicidio todavía no está tipificado como tal, la sugerencia es que “en el texto de la nota se aclare que todavía hay una investigación penal en marcha y que se trata de un ‘presunto femicidio’”. De todas formas, aseguró que “cuando se dan ciertas características en el crimen, es deseable que los periodistas lo llamen femicidio, porque esto justamente ayuda a identificar qué tipo de crimen es y a visibilizarlo”.

El manual recoge algunas de esas características que ayudan a determinar cuándo el homicidio de una mujer, adolescente o niña puede llamarse femicidio: se trata de los casos donde hay “signos de violencia sexual de cualquier tipo; signos de lesiones o mutilaciones; que existan antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; una relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor; amenazas sobre acoso o lesiones; que haya sido incomunicada; o que su cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público”.

Al mismo tiempo, se recomienda informar las cifras de los femicidios actualizadas cada vez que ocurre un caso, algo que “también sirve para ver que es parte de un problema estructural y no es un hecho puntual”, explicó Fernández.

Por otra parte, el documento propone investigar la respuesta de las instituciones del Estado, lo que incluye indagar sobre “si existieron denuncias previas al femicidio en la Policía o la Fiscalía, si intervinieron los juzgados especializados, si el Estado ofreció a la víctima alternativas de vivienda, si recibió asistencia legal adecuada o si se ordenó el uso de tobillera electrónica”, entre otras medidas posibles.

Otra de las recomendaciones es poner el foco en la conducta previa del femicida y no en el comportamiento de la víctima, que no tiene relevancia para explicar el crimen. La guía plantea algunas preguntas que hay que hacerse en esta línea: ¿Había antecedentes de violencia física o psicológica en la relación? ¿El agresor tenía un historial de violencia hacia otras mujeres?

En la lista de buenas prácticas también se aconseja hacer un seguimiento de los casos, esto es, “seguir el desarrollo del proceso penal, monitorear el cumplimiento de las declaraciones de las autoridades y la actuación de la Justicia, la atención que reciben las personas menores de edad involucradas, el devenir de investigaciones administrativas que pudieron haberse iniciado en los servicios estatales”, entre otras cosas.

También se recomienda dar cobertura a las protestas y movilizaciones que surgen como reacción a estos hechos, conocer y respetar las etapas del proceso penal, respetar la presunción de inocencia y difundir líneas de ayuda para mujeres en situación de violencia cada vez que se informa sobre un femicidio.

Lo que hay que evitar

Enmarcar los femicidios dentro de la cobertura policial es el primer punto en la lista de cosas que no hay que hacer cuando se informa sobre estos casos. “Porque es diferente [a un hecho criminal policial], tiene características muy específicas y responde a un fenómeno distinto al de la inseguridad”, explicó Fernández. Se trata de “crímenes que tienen que ver con la desigualdad de género, con los estereotipos de género que se reproducen muchas veces dentro de las propias parejas, puertas adentro de las casas, entonces son fenómenos diferentes y entendemos que tienen que tener un tratamiento diferente por fuera de la cobertura policial”, señaló la profesional. Agregó que, además, el lenguaje propio de la cobertura policial “no es el ideal para explicar este tipo de casos”.

La guía también recomienda evitar el sensacionalismo, “tanto en la forma como en el contenido de la noticia”, y la difusión de “detalles morbosos y excesivos sobre el crimen”. “Acá lo que proponemos es que el periodista realmente se pregunte qué tipos de detalles son relevantes para entender lo que pasó y la gravedad del fenómeno, y qué tipo de detalles están simplemente para darle más drama a la historia, pero no tienen un interés y no contribuyen a la difusión de estos hechos”, puntualizó la periodista.

También hay que evitar exponer a niñas, niños y adolescentes, un asunto delicado porque no se trata de invisibilizar los impactos que el femicidio puede tener en ellos, sino informar con cuidado para que no queden sobreexpuestos. Esto implica no exponer sus nombres, sus rostros ni nada que los pueda identificar fácilmente, y no tomarles declaraciones ni entrevistarlos.

Otra práctica a erradicar de la cobertura periodística de los femicidios es la difusión de datos u opiniones sobre la conducta de la víctima, o cualquier otro detalle de su vida privada que no tiene relevancia para el crimen. “Cómo estaba vestida o si salía a bailar con frecuencia es información irrelevante para la investigación del crimen o la reconstrucción de los hechos y contribuye a crear la idea de que la víctima, de algún modo, provocó el ataque”, apunta el documento.

Ligado a esto, otra de las sugerencias es evitar cualquier información que sirva para reforzar los estereotipos de género como, por ejemplo, “qué rol ocupaba la mujer en la casa, cómo era como madre, si tenía otros vínculos afectivos”. “Todo esto contribuye de alguna manera a que se responsabilice a la víctima de lo que le sucedió”, insistió Fernández.

¿Qué queda, entonces, dentro de las “zonas grises”? En principio, el testimonio de familiares, que si bien “puede ser muy relevante para reportar el hecho, ya que permite visualizar la dimensión de la tragedia y el dolor que provoca en el entorno de la víctima”, son personas que “pueden encontrarse muy conmocionadas, en estado de shock o de furia”, dice el manual, y por eso sugiere hacer una evaluación cuidadosa.

Los testimonios de vecinas y vecinos también pueden implicar algunos riesgos. Por un lado, porque “se trata de opiniones, por lo que no necesariamente tienen sustento”, y, por otro, porque “estas opiniones muchas veces reproducen estigmas y estereotipos de género”, plantea la guía. Fernández aclaró que “no es que se recomiende no hablar nunca con vecinos y vecinas”, sino que hay que “tener cuidado a qué tipo de testimonio le vamos a dar difusión y qué relevancia tiene, y cuidar que no contribuya a reforzar esos estereotipos que están en la base del problema de la violencia de género”.

Nombrar a la víctima o mostrar su rostro es otra decisión que queda en la “zona gris” y que está sujeta al criterio de cada periodista o medio. En estos casos, puede ser útil averiguar “si la familia le está dando difusión al caso, si está haciendo marchas con la foto de la víctima porque quiere recordarla y reivindicarla”, y en ese caso quizás está bien que la cobertura lo haga, o si por lo contrario “lo está manejando con más reserva y quiere preservar la privacidad de la víctima”, recomendó Fernández.