La marea verde, que en los últimos años viene avanzando estado por estado en México, finalmente se volvió nacional. Es que, este miércoles, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) despenalizó el aborto en todo el país, en una decisión histórica que no sólo impide que las mujeres vayan a la cárcel por abortar, sino que, además, establece que todas las instituciones de salud deberán prestar el servicio a quien lo solicite.

Las ministras y ministros que integran el máximo tribunal aprobaron por unanimidad un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización civil referente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en el país. Luego de analizar el amparo, la SCJ concluyó que “es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, según informó el organismo en X (ex Twitter).

Esto deja sin efecto el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto y, por lo tanto, “a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, según informó el GIRE en un comunicado. La medida también implica que, de ahora en más, cualquier institución de salud deberá brindar el servicio de aborto a todas las personas que lo soliciten.

Por otra parte, la organización aseguró que, al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia “se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la corte”.

Desde hace meses, el GIRE lidera junto con otros colectivos una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto de los códigos penales de los estados y que también había alcanzado al Código Penal Federal, donde triunfó este miércoles. La semana pasada, Aguascalientes se convirtió en el estado número 12 en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y en el primero en hacerlo mediante la figura del amparo.

Todos los amparos presentados se basan en el fallo que dictaminó la SCJ en setiembre de 2021, que declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila y, así, estableció la prohibición de sancionar en la Justicia penal tanto a las mujeres que interrumpan su embarazo como a los profesionales de la salud que las traten.

La subdirectora del GIRE, Isabel Fulda, dijo a la edición mexicana de El País que este es “el mayor avance” que la organización consiguió en esta lucha, porque suprimir el delito de aborto del Código Penal Federal “envía un mensaje” y “quita el estigma”, pero también porque ese argumento era utilizado “para negar el acceso” en algunas instituciones de salud. De todas formas, la activista aseguró que la batalla continúa porque “la implementación sigue siendo el gran pendiente” y “el horizonte es que el aborto salga por completo de los códigos y se regule como un servicio de salud”.