Laura Pautassi: “Uruguay no se puede permitir no fortalecer su Sistema de Cuidados”

Cuidar a otras personas, asumir las tareas de limpieza, cocinar, resolver trámites de la vida cotidiana –desde agendar hora para ir a un centro de salud hasta comprar regalos–, incluso gestionar las emociones –las propias y las ajenas– y ejercer el autocuidado, son tareas que históricamente han recaído y recaen de manera desigual en las mujeres. Sin embargo, durante mucho tiempo, no se les dio valor al tiempo y al esfuerzo que conllevan, y tampoco se visibilizaron los impactos que tienen en prácticamente todos los aspectos de la vida de las mujeres.

Esta es la base desde la que parte la abogada argentina Laura Pautassi, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Ella dice que la definición del cuidado como trabajo fue un gran aporte de las economistas feministas para visibilizar que estas tareas producen valor económico y contribuyen directamente al producto interno bruto (PIB) de los países (23,8% en Uruguay, según datos de 2022). Ahora, asegura, hay que “trascender” esta idea y reconocer el cuidado como un derecho humano.

Pautassi es una de las expertas que brindó aportes para la solicitud de opinión consultiva que Argentina presentó en enero de 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el alcance del derecho al cuidado, su interrelación con otros derechos y cuáles son las obligaciones que se pueden exigir a los estados.

La abogada viajó en marzo de este año a Costa Rica para participar de las audiencias ante las siete juezas y jueces que integran la Corte IDH. Se espera que en los próximos meses se conozca la decisión.

Esta semana, estuvo en Uruguay para participar del Foro Nacional de Cuidados (FNC), impulsado por distintas organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y academia, en el marco del Mes de los Cuidados. Antes de regresar a su país, conversó con la diaria.

La solicitud de Argentina a la Corte IDH plantea que los cuidados son una necesidad, un trabajo y un derecho. Es bastante claro por qué son una necesidad y, aunque ha sido más difícil de visibilizar, también por qué constituyen un trabajo. ¿Qué implica reconocerlos como un derecho?

Es muy importante este punto porque el cuidado atraviesa tanto la vida que resulta muy difícil de verlo. Entonces, la primera estrategia que se construyó desde las academias feministas a nivel global fue identificarlo como trabajo. Fue muy importante ponerle valor, primero para plantear que el trabajo no es solamente el remunerado; es el remunerado y el no remunerado, que luego empezamos a llamar trabajo de cuidados.

Una vez que lo identificamos como trabajo, vino toda la producción empírica y todos los estudios respecto del uso del tiempo –y Uruguay ha sido un país pionero en medir el tiempo que se dedica a las tareas de cuidado–. También toda la contribución del trabajo de cuidado a la economía de los países, y ahí fue importantísimo, siempre de una mirada interdisciplinaria, el aporte de las economistas feministas, con datos muy importantes para consolidar una agenda de cuidados. No es lo mismo hablar sobre el aporte infinito que las mujeres hacen cuando lo tenemos medido, y en la región el trabajo de cuidado aporta entre 15 y 27 puntos de PIB, o sea que supera a la mayor cantidad de sectores productivos. Una vez que esto estuvo identificado, empezamos a pensar cómo trascender el cuidado como trabajo.

Más del 50% de la población económicamente activa de América Latina está en informalidad laboral, y eso con un mayor peso en las mujeres. ¿Cómo trascendíamos esa condición de vulnerabilidad? ¿Cómo incorporamos a las personas mayores que no tienen familiares que los cuiden? Allí aplicamos una metodología, que es la del enfoque de derechos humanos, y la aplicamos directamente para establecer un vínculo entre los tratados internacionales y las políticas públicas de los estados. Lo que identificamos es que el cuidado estaba reconocido en todos los tratados internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta metodología nos permitió en un documento, de mi autoría, que se presentó en 2007 en la Conferencia de Quito, establecer que todos los pactos y tratados internacionales hablan del derecho a cuidarse, a ser cuidado y al autocuidado. Como ese documento cobra peso dentro de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a partir de allí todos los acuerdos de esa conferencia –un órgano subsidiario que genera una agenda de género regional para todas las ministras de la Mujer o equivalentes, la sociedad civil y los organismos especializados de derechos humanos– fueron reconociendo el cuidado como un derecho humano.

¿Qué implica la definición del cuidado como un derecho? Precisamente eso: lo desvinculamos de la condición. Yo no tengo derecho a cuidar porque soy asalariada formal, tengo derecho a cuidar porque soy una persona, pero también tengo derecho a recibir cuidados y a autocuidarme como persona. Este es el punto de partida para establecer obligaciones que tienen los estados de hacer, pero también de no hacer en determinados ámbitos, y a partir de allí hemos ido construyendo este derecho.

¿Cómo el derecho al cuidado se interrelaciona con otros derechos?

Hay una interdependencia, es uno de los derechos más transversales, porque comprende parte de las acciones que yo necesito para sostener el derecho a la vida digna. Se trata de cómo tengo las condiciones, primero, para que no sean las mujeres las que estén cuidando toda la vida y que no sigan cuidando toda la vida. Entonces, no es un derecho para que las mujeres cuiden mejor o para que se les dé prestaciones, sino que es un derecho para cada persona. Los colectivos de las personas con discapacidad hace muchos años que vienen reclamando el derecho a cuidar. Una persona que tiene discapacidad visual, por ejemplo, dice: “Para determinadas situaciones necesito apoyos, pero yo puedo perfectamente cuidar a mis hijos, ¿por qué se presupone que yo no puedo cuidar?”.

¿Por qué un tema que es tan central en la reproducción de las desigualdades de género en todos los ámbitos de la vida no suele ser central en la agenda de los gobiernos?

Porque hay miles de temas que incumben a las mujeres y que están dejados de lado por los gobiernos. Este es el continente más desigual de la tierra porque se mide por el coeficiente de Gini, que te marca la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, pero nunca se dice que este continente es más desigual por la injusta división sexual del trabajo de los cuidados. Es muy difícil transformar esa desigualdad estructural si no tengo una intervención clara y, evidentemente, el cuidado se ha mantenido invisibilizado porque no hay voluntad política. Incluso reconociendo el cuidado como un derecho humano, tampoco los estados salen corriendo a comprometerse con sus obligaciones, porque además también hay un presupuesto de las burocracias estatales y asistenciales que plantean la elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. ¿Para qué vamos a hacer cambios si las mujeres igual siempre cuidaron y además les gusta cuidar? A su vez, van a disputar ese espacio porque es correcto, en una parte. El único ámbito de poder que se les dejó a las mujeres fue el ámbito de las relaciones privadas. Siguen invisibilizando porque ha sido el único espacio de poder y porque poco se les ha permitido ver que hay otros espacios de poder interesantes que podrían disputar. Entonces, si yo organizo el sistema de cuidados, tengo prestaciones universales y no dejadas a la resolución individual como tenemos en la mayoría de los países de la región porque no hay una oferta pública amplia, las mujeres no tienen tiempo, tienen muy poca opción de elección, y están en algunos casos –sobre todo en los sectores más vulnerables– con una terminalidad educativa incompleta. Es muy distinto el escenario si yo transformo esas relaciones y doy la posibilidad de elegir. Y puede ser que muchas mujeres, pero también muchos varones –y ahí es donde opera el derecho al cuidado– empiecen a elegir cuidar. Ese sería el universo deseable, que sea una elección, que no sea la asignación que tenemos. Entonces, ¿por qué no se producen cambios? Porque, total, así funciona todo muy bien, las mujeres son muy buenas cuidadoras, lamentablemente o positivamente; no estoy desconociendo el aporte, lo que estoy marcando es que esa es una injusta división del trabajo de cuidados y una desigualdad estructural que cae sobre las mujeres. Entonces no podemos pensar una sociedad justa y democrática si no distribuimos los cuidados. Uruguay está en proceso electoral y es fundamental que los candidatos tengan claramente una agenda de cuidados, más por el valor pionero que ha tenido su Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

¿Cómo puede actuar el Estado para garantizar la distribución equitativa de los cuidados en los hogares? ¿A qué tienen que apuntar las políticas públicas en esta materia?

La última Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe terminó con el Compromiso de Buenos Aires [2022], que habla de la sociedad del cuidado, de un cambio transformador en el que también el ambiente sea parte, y que haya una integración. Hace mucho tiempo que venimos hablando de “ciudades cuidadoras”, hay mucho trabajo que se ha hecho y muchos textos que trabajan sobre esto, con perspectivas comparadas en los distintos países. ¿Por qué? Porque hay una vinculación directa: no podemos pensar en resolver las tensiones de cuidados si no revisamos el sistema de transporte público. ¿Quiénes llevan los chicos a la escuela? ¿Hay sistemas de buses que llevan los chicos a la escuela o los llevan las mujeres en un bus común en horas pico, que pasan con menos frecuencia? Tengo que pensar en esa integralidad. La producción de diagnósticos, de respuestas, de estudios empíricos y estudios teóricos es enorme en la región; soluciones hay. El punto es cómo articulamos esas soluciones pensadas para los territorios. Los feminismos siempre han dicho que el conocimiento es situado y en el país de la región que vos llegues ya hay un diagnóstico por lo menos como para empezar. Lo que falta es la voluntad política.

Uruguay fue uno de los primeros de la región en aprobar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que el año que viene cumple una década. Sin embargo, en estos años organizaciones que trabajan en el tema aseguran que se debilitó. ¿Cómo ves el panorama actual?

Sin duda que se ha debilitado el Sistema de Cuidados y las dos gestiones que pasaron marcaron puntos de inflexión y diferencias importantes, y hay también evaluaciones, estudios y demandas de actrices y de actores locales en esa dirección. Yo creo que Uruguay no se puede permitir no fortalecer su Sistema de Cuidados. Puede corregir impactos, hay puntos en los que fue limitado, en el foro se plantearon algunos puntos críticos del Sistema de Cuidados hoy, pero no puede no ser una agenda central y prioritaria. Uruguay ha exportado este modelo al mundo, no solamente a América Latina, porque ha sido pionero, porque ha sido muy interesante, porque ha sido la articulación entre el movimiento feminista, la academia feminista, y hay una encuesta de uso del tiempo que retroalimenta las demandas. Hay que ir avanzando en esa línea y luego una decisión política es llevarlo adelante, asumiendo los riesgos. Se requiere no sólo voluntad política, sino financiamiento, que ha sido uno de los puntos críticos dentro del desarrollo en Uruguay, y una perspectiva de género y de derechos humanos; esto tiene que ser central. Pero no tengo dudas de que, en el ejercicio del derecho al cuidado, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay ya contribuyó mucho. Por lo tanto, creo que la ciudadanía va a ser muy activamente demandante en este proceso político de que se construya y se fortalezca, y que cada vez crezca más este sistema de cuidados. Yo apuesto muy fuertemente a ese ejercicio del derecho al cuidado, en lo que se entendió y lo que no se entendió que abarca el sistema, en que si es más sistémico o menos sistémico, pero en tal caso creo que hay ya un recorrido hecho y que es inexorable e indispensable, porque si no Uruguay estaría con una medida regresiva, y ya hubo bastante regresividad en este último período, entonces en lo que se tiene que avanzar claramente es sobre la obligación de progresividad en el sistema.