El próximo 5 de marzo, July Zabaleta asumirá al frente de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI). El territorio no le es desconocido: ocupó el mismo cargo durante el último gobierno frenteamplista, cuando todavía era la División de Políticas de Género. Por eso, para ella, es una especie de “volver a casa”, pero “un volver a casa como cuando te vas a estudiar y volvés con otras experiencias”, cuenta a la diaria mientras agita un abanico con los colores de la bandera LGBTI+.
A pocos días del cambio de gobierno, Zabaleta –licenciada en Psicología, con formación en género y políticas públicas, y funcionaria del MI desde hace 31 años–, adelanta cuáles serán los ejes de trabajo de su gestión en general y las prioridades en el abordaje de la violencia de género en particular.
¿Cuáles son los principales desafíos a encarar desde la Dirección de Políticas de Género?
Tenemos unos cuantos desafíos, como fortalecer y profundizar el relacionamiento con la sociedad civil organizada, así como seguir trabajando en el tema de la atención en las distintas comisarías del país. Es nuestra idea volver a recorrer el país y juntarnos con la gente, porque es el termómetro fundamental para saber cómo están las cosas, más allá de lo que pueda leer al respecto. Eso es muy importante y estoy ansiosa por ir al cara a cara.
¿Qué acciones se van a priorizar respecto del abordaje de la violencia basada en género?
Principalmente, la actualización de los marcos normativos y de algunos decretos de procedimientos policiales. También la mejora de las herramientas de protección de las víctimas y fundamentalmente de la atención al público cuando llegás a una dependencia policial. Es decir, que se te pueda contener, que se te escuche y que se pueda encontrar un lugar donde realmente sepas que vas a estar protegida o que se va a hacer lo que sea necesario para ello.
La violencia hacia las mujeres sigue siendo un problema grave en Uruguay: el número de denuncias se mantiene desde hace años, los femicidios se perpetúan, las formas se brutalizan. En definitiva, da la sensación de que lo que estamos haciendo no alcanza. Pensando en el rol concreto del MI, ¿hay que cambiar de estrategia?
Sí. Creo que una de las principales cosas es dejar de conformarnos con que la gente venga a nosotros, y salir y acercarnos a ella. Es un tema que se viene siguiendo por parte de las distintas instituciones, el hecho de ir al territorio, de tener redes, pero sin dudas falta mucho. Una cosa es que existan los recursos y otra cosa es que realmente estemos llegando a las personas. Hemos trabajado un montón en la sensibilización, la capacitación, la especialización, pero cuando mirás a tu alrededor te das cuenta de que un día la gente se olvida de la temática y volvemos a empezar. No creo que haya sido en vano todo lo que se ha venido trabajando, pero sí creo que no es suficiente y que no nos podemos descansar en que ya hemos avanzado. Muchas veces, en esta temática, se avanza un paso y se retroceden dos, y eso hay que tenerlo presente continuamente.
Cuando hablás de herramientas para “acercarse a la gente”, ¿te referís a campañas de difusión? ¿A desplegar más personal en los territorios?
Me refiero a todo. Tenemos que pensar en tener más herramientas de las que tenemos. La comunicación es súper importante, pero también cómo tenemos distribuidos los recursos a los que acceden las personas. Me preocupa mucho el tema de las personas que están involucradas en una situación de violencia y tienen que pasar por distintas oficinas y trasladarse por distintos lugares para poder llegar al final de un proceso que es uno. Entonces, están los recursos, pero tenemos que hacer que las distintas instituciones dialoguen más y que los servicios estén puestos al servicio de la gente y no al revés. Tenemos muchas oportunidades con las tecnologías con las que cuenta el Estado y las tenemos que poner al servicio de las personas, pero desde una visión integral y complementaria. No concibo que tengas que ir a hacer la denuncia a la comisaría, trasladarte al juzgado o llamar para conseguir fecha en la defensoría, y después, si precisás contención, trasladarte a un servicio, cuando en realidad el país tiene las condiciones para facilitar estas cosas. Estamos hablando de trámites, de burocracia; si queremos trabajar en la autonomía de las víctimas, uno de los pilares tiene que ser despejarles de su vida cosas que son necesarias, para que puedan acceder más fácilmente.
¿Cómo evaluás el trabajo que realiza el MI contra los femicidios? No me refiero a la gestión actual, sino históricamente.
Se viene haciendo mucha cosa y sigue siendo insuficiente. El porcentaje de víctimas de femicidio que ya habían denunciado antes no es el mayoritario, pero ya el hecho de que haya una preocupa, porque quiere decir que no se la pudo proteger. Sí tenemos que reconocer los avances, que se habla del tema, que se identifica, pero hay que seguir trabajando en la raíz del problema. Sabemos que es muy difícil salir de una situación de violencia, sobre todo cuando es con la pareja o expareja, que son quienes principalmente dan muerte a las mujeres, pero creo que tenemos que seguir estudiando las causas. Y, en ese estudio, nos hace falta mucha más producción académica al respecto.
¿Tenés pensado entablar contacto con académicas y académicos especializados en estos temas y encomendarles algún trabajo en particular?
Sin dudas. Nosotros tenemos que empezar a armar un plan quinquenal y el plan anual con las autoridades entrantes del MI y creo que coincidimos en que la producción de conocimiento es fundamental para poder diseñar, implementar y monitorear políticas públicas eficaces. Hemos tenido algún convenio con la Facultad de Psicología y también con la de Ciencias Sociales, pero más que nada para capacitaciones; creo que es fundamental seguir estudiando las causas, no solamente en cuanto a los femicidios, sino también respecto de los suicidios. Conocer más a fondo las circunstancias precipitantes de los suicidios de mujeres, por ejemplo, para ver si eran víctimas de violencia. También en lo que hace a los suicidios de los policías, ver si tienen que ver con la construcción de las masculinidades. Revisar un poco qué hay detrás de esas personas que se suicidan y de quienes no tenemos cuantificadas las circunstancias o el contexto. En síntesis, saber qué porcentaje de todas las personas que se suicidan en Uruguay eran víctimas de violencia, cuántas habían denunciado, cuántas estaban en tratamiento. No creo que se hayan cruzado esos datos. Una demanda que ha tenido el sindicato [policial] en estos años es sobre el aumento del suicidio en los policías, y hay que ver si tiene alguna relación no sólo con la cultura organizacional, sino justamente con la construcción de las masculinidades, para ver si se puede trabajar también ahí para la prevención.
El trabajo sobre las masculinidades también sirve como herramienta para prevenir el ejercicio de la violencia machista. Mientras te escuchaba, pensaba en casos de violencia sexual o femicidios donde los agresores eran funcionarios policiales. ¿Las capacitaciones en género que existen hoy para el personal policial tienen en cuenta este problema?
No todo lo que quisiéramos. En ese sentido, desde 2010 se ha ido incorporando el tema de las nuevas masculinidades y le vamos cambiando un poco la forma de presentarlo porque genera mucha resistencia. Se viene trabajando, pero es muy difícil cambiar la conducta, la percepción de las cosas, la forma de relacionarse de una persona a partir de un taller. Entonces, seguro que se precisa más. También estamos en una institución donde durante mucho tiempo se confundían las competencias o determinados requerimientos para poder ser un buen policía, ejecutivo, con el tema de ser una persona dura, violenta. Recuerdo que al principio, cuando empezamos a trabajar el tema de género, algunos cuestionamientos eran ‘bueno, pero no podemos tener gente muy blandita porque si tienen que hacer un allanamiento...’. Y son cosas completamente diferentes. Una cosa es que ante la necesidad de tener que hacer un procedimiento y enfrentarte a un peligro te sepas defender o prevenir el daño, y otra cosa es que vos tengas una forma violenta de relacionamiento. Las jerarquías están presentes, son parte de la institución policial, pero a eso le tenemos que agregar el acceso a las armas y la falta de diferenciación entre poder responder adecuadamente como requiere la función y la forma de relacionarte con quienes vos considerás que están en una situación inferior o de desigualdad.
Si será importante el tema del acceso a las armas y de la postura que tenga el ministerio respecto de la temática que vos hablabas de los femicidios en manos de policías y, si mirás las estadísticas, el protocolo de abordaje de las situaciones de violencia doméstica y de género en la Policía es de 2015, y en los dos años previos, si no me equivoco, alrededor de siete femicidios fueron a manos de parejas o exparejas policías, pero, después de la aprobación de ese decreto, se notó la diferencia.
Un tema que entró en la agenda de seguridad en estos años es el de la violencia narco y un desafío que se presenta muchas veces, en casos en los que las víctimas son mujeres, es el de identificar cuando en esos contextos también hay violencia basada en género. ¿Cómo habría que abordar estas situaciones?
Con acuerdo sobre los marcos conceptuales. Ese acuerdo se viene trabajando desde 2016, como mínimo, a la hora de medir los femicidios. La Fiscalía o el Poder Judicial se basan en las personas formalizadas cuando hay un autor, pero también podés ver, por ejemplo, un caso que está sin resolver, donde claramente hubo violencia sexual antes de asesinar a la víctima, ves que hubo ensañamiento, un montón de características en las que vos te podés fijar, que te las dan la situación y la escena, y que no tienen por qué no tomarse en cuenta a la hora de decir “podemos pensar que es víctima de femicidio”. En el caso específico de drogas, también se tiene que estudiar en profundidad, porque si bien a veces la víctima tenía una deuda por drogas, hay determinadas características de la situación que te hacen pensar más que fue un femicidio. De ahí la importancia de la producción de conocimiento, pero sobre todo de que, cuando se vaya procesando la información, se puedan analizar esos casos con perspectiva de género. Porque estas cuestiones que menciono, si uno no tiene perspectiva de género, no las va a ver. El tema es poder acceder a la información completa, porque cuando vas a analizar en qué contexto se dio ese asesinato, para poder saber si es femicidio, precisás algo más que las denuncias y las actuaciones policiales, y eso es un trabajo conjunto que se tiene que hacer con Fiscalía, con el Poder Judicial y también con las demás instituciones, porque de repente no había denuncias, pero sí la persona estaba concurriendo a un servicio para intentar salir de la situación.
En esta próxima administración ya acordamos que vamos a trabajar sobre el tema de los femicidios con personas como [el investigador] Emiliano Rojido y con el observatorio [sobre violencia y criminalidad], para poder seguir desarrollando bases y acuerdos para que no se nos pasen esas diversas situaciones, porque además se va a complejizando el panorama. Es fundamental tener esa información, porque si vos tenés erradas las causas de una problemática, vas a diseñar políticas erradas.
Las bases programáticas del Frente Amplio contemplan la declaración de la emergencia nacional por violencia de género. ¿Qué opinás al respecto?
Hay posturas enfrentadas con respecto a la emergencia nacional. En 2019 fui parte [de la emergencia que declaró el entonces presidente Tabaré Vázquez] y creo que puede servir para priorizar determinadas acciones del Estado. El tema es si después hay acuerdos a la hora de priorizarla en hechos. Me parece que la emergencia debería ser transversal y por eso es el presidente el que la declara. No estoy en desacuerdo con que se declare si eso ayuda en términos reales a darle una inyección al abordaje de esta problemática. No sé si es lo que necesita el MI en particular, creo que con lo que hay se puede hacer mucho. De todas formas, la declaración de la emergencia siempre puede ser positiva en tanto se tome como voluntad política para poder hacer cosas con urgencia.
Si se declarara, ¿qué mecanismos debería activar el MI?
Eso tendríamos que pensarlo, pero seguramente redoblar los esfuerzos en todo lo que se está trabajando. Principalmente, tendría que ser el seguimiento hacia adentro de los policías que sufren o que ejercen violencia, pero sobre todas las cosas estar cerquita de las personas para que realmente se pueda prevenir, que la gente tenga un lugar donde acudir, confiar y denunciar. Sé que capaz que lo primero que piensa la gente es en comprar más tobilleras, pero no es la solución; necesitamos más gente hablando con la gente.
Otro capítulo es el de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que en estos últimos años parece haber recrudecido, con casos de chiquilines baleados en contextos de violencia narco o asesinados en contextos de violencia vicaria. ¿El MI tiene una línea de trabajo dedicada al abordaje específico de estas violencias?
Sí. Desde que se creó lo que antes era la División de Políticas de Género, esa es una línea de trabajo. Se participa activamente en los espacios interinstitucionales, específicamente en el Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia], no sólo en lo nacional, sino con referentes en todos los departamentos. Una de las herramientas que teníamos en el territorio era el programa Pelota al Medio, porque llegaba a los chiquilines de otra manera, se podían coordinar distintas cosas con las escuelas, con la gente del barrio. Esas son experiencias que podrían replicarse.
En cuanto a la seguridad y el tema de los chiquilines baleados, es algo que si bien lo tiene que abordar la Policía directamente, no puede dejar de hacerlo con otras instituciones como, por ejemplo, los centros de educación.
Por otro lado, habíamos hecho un protocolo interinstitucional, que me parecía muy bueno, que tenía que ver con niños, niñas y adolescentes con referentes adultos encarcelados y decía, por ejemplo, cómo tiene que actuar la Policía cuando va a hacer un allanamiento y sabe que hay niños. También tenés el tema de quién tiene que entrevistar a las niñas y niños víctimas de abuso sexual, porque no puede ser cualquiera, y otro temón es el de los niños que están con sus mamás en las cárceles. Hay un montón para trabajar, tengo muchas ganas y creo que hay un buen equipo para hacer buenas cosas.
Ya estuviste en este cargo cuando era una división. Cinco años después, vas a volver a una dirección. ¿Qué pensás del cambio? ¿Hay intenciones de revertir la decisión?
No está dentro de los planes revertirla. Es importante que, más allá del nombre que tenga, haya voluntad política y, por lo tanto, apoyo para que en este caso la dirección nacional pueda cumplir realmente con los cometidos que establece la normativa. Eso es lo fundamental: que se puedan llevar adelante los objetivos para los que fue creada. No hubiera hecho el cambio a una dirección, pero se hizo y hay que tomarlo como una oportunidad.