8M: tareas pendientes frente a problemas viejos y nuevos

Una referencia breve pero inédita a la violencia de género en el discurso de asunción del presidente de la República. El desarchivo en el Senado de los proyectos de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales, aumento de la edad mínima del matrimonio y brecha salarial de género. La asunción de todas las ministras mujeres en la víspera del 8 de marzo. El pedido del Ejecutivo para que los ministerios implementen medidas sobre igualdad de género de acá a un año. La iluminación violeta del Palacio Legislativo e incluso el lazo de ese color en la vestimenta de las legisladoras.

Medidas concretas o gestos simbólicos son algunas de las señales en materia de género que dio la administración de Yamandú Orsi y Carolina Cosse en esta primera semana de gobierno, que coincide (como siempre) con la previa del Día Internacional de la Mujer.

Las expectativas sobre cuánto priorizará la agenda de género el nuevo gobierno son altas, no sólo por el historial que tiene el Frente Amplio (FA) en la promoción y el apoyo a iniciativas que ampliaron derechos para las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias. También, y sobre todo, porque muchos de los desafíos que hoy enfrentan estas poblaciones en nuestro país aparecen como compromisos explícitos en las bases programáticas que llevaron a la victoria de la coalición de izquierda.

Pero las señales y los compromisos no sirven de nada si no se traducen en políticas y acciones concretas que logren transformar las realidades de las personas.

Por eso quizás una de las prioridades más urgentes es que las propuestas del FA sobre cuestiones como el combate a la violencia de género o el fortalecimiento de las políticas de cuidados, por mencionar algunas, se traduzcan en la elaboración del Presupuesto Nacional. Porque sin recursos –y sin voluntad política para destinar esos recursos– no se pueden resolver los problemas.

Es una tarea que ya se puso al hombro la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, como adelantó en entrevista con la diaria cuando dijo que el organismo trabajaría para “involucrar a todo el Estado en un presupuesto que tenga perspectiva de género”. Hay que ver cómo en los próximos meses se consolida ese tránsito del dicho al hecho.

Violencia de género

En un contexto en el que las denuncias por violencia de género no disminuyen y los femicidios se perpetúan, mostrando la cara más terrible de un problema estructural, este tema tiene que ser más que una prioridad.

La primera propuesta programática del FA en este eje es la declaración de la emergencia nacional por violencia “racial, de género y generaciones”, lo que según el texto implicaría “activar todos los mecanismos de políticas públicas para incrementar la atención a las situaciones de emergencia, asignándole un presupuesto suficiente”.

Una necesidad urgente en este sentido es fortalecer en cantidad y en calidad el sistema de respuesta interinstitucional para las víctimas de violencia de género. Es decir, los servicios de atención. Eso tiene que incluir, entre otras cosas, su adaptación a las nuevas realidades de la violencia machista.

Pero, además, es fundamental que se amplíe la población objetivo: hoy en día, la respuesta de los servicios de Inmujeres está centrada en las situaciones de violencia que se dan en el marco de la pareja o expareja, lo que deja por fuera a muchísimas víctimas de agresores que pueden ser familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo o personas con las que quizás te vinculaste una sola vez.

Otra deuda del Estado es con las víctimas de violencia sexual. En este campo es importante el paso que dio el FA en estos días al desarchivar la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, pero son necesarias otras medidas, como contemplar servicios de atención específicos y llenar el vacío institucional en la atención a la salud mental de quienes sobreviven a estas violencias.

Por otra parte, urge que se destinen recursos para el “cumplimiento cabal” de la Ley 19.580, algo que el FA promete en su programa de gobierno. Uno de los debes en este punto es la instalación de juzgados especializados en todos los departamentos del país. También es indispensable activar todas las medidas que hagan falta para que la experiencia de una mujer que denuncia ante la Justicia no sea revictimizante y cruel.

En esta lista también debería estar el fortalecimiento del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que funciona bajo la rectoría del Instituto del Niño y Adolescente. Entre otras cosas, para que ya no tengamos que leer nunca más sobre casos de explotación sexual, embarazos no deseados, desapariciones, homicidios y otras formas de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes que están institucionalizados.

Cuidados, autonomía económica, empleo

Los cuidados también son un desafío en un país en el que las mujeres dedican 14 horas semanales más al trabajo no remunerado que los varones, según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (2023).

El FA llega con la propuesta de “avanzar hacia la cobertura universal de los servicios de cuidados y diversificar las modalidades considerando las necesidades específicas de las personas en situación de dependencia y de niñas y niños de diferentes edades”, con acciones concretas que detalla en su programa. Se trata de otro tema en el que, para estar a la altura del rol pionero que ocupó Uruguay en la materia, debería priorizarse en el Presupuesto Nacional.

El gobierno también tendrá que adoptar medidas que apunten a revertir las brechas de género que siguen desfavoreciendo a las mujeres en el ámbito laboral y en el acceso a la vivienda. Se habla mucho de la pobreza infantil, pero bastante menos de las madres que sostienen esos hogares.

Marco normativo

Más allá de los proyectos que fueron desarchivados esta semana por la bancada oficialista en el Senado, y de otros que se estarán redactando, hay leyes vigentes que podrían llegar a revisarse con el objetivo de ampliar derechos o revertir disposiciones que quedaron viejas.

Una es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que a 13 años de aprobada precisa modificaciones que amplíen plazos y erradiquen disposiciones estigmatizantes –como la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario o los cinco días de reflexión– y discriminatorias –como la que establece que las migrantes sólo pueden abortar si acreditan que residen en Uruguay por lo menos desde hace un año–. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y la directora de Inmujeres ya aseguraron que es un debate que seguramente se dé en este período.

Por otro lado, el FA asegura en sus bases programáticas que realizará una “revisión” de otras dos leyes: la de trabajo sexual (2002) –que se discutió en el período pasado, pero sin avances– y la de tenencia compartida, aprobada en 2023, y que tuvo la férrea oposición de la coalición de izquierda por entender que pone en riesgo a las infancias y adolescencias.

En un contexto de ascenso al poder de la ultraderecha, con claros planes de arrasar con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+ –desde las órdenes ejecutivas de Donald Trump a los decretazos de Javier Milei–, es verdad que Uruguay parece emerger como una especie de oasis. Sin embargo, no hay que perder de vista que estos sectores conservadores, que se plantan contra la supuesta “ideología de género”, niegan la violencia hacia las mujeres, nos tratan de mentirosas cuando denunciamos y quieren legislar en base a nuestra “historia sexual”, también tienen presencia en nuestro Parlamento. Y esa es otra trinchera que no sólo el gobierno sino todo el espectro político debería resguardar.