El video de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, agonizando aferrada a una rama, con los huesos de su cuerpo partidos a golpes, pidiendo ayuda a los gritos, registró de manera brutal la crueldad que siguen sufriendo las personas travestis y trans en Colombia y en el mundo en 2025. A Sara le quebraron los brazos y las piernas, la arrojaron al río en la quebrada La García, en el barrio Playa Rica en Bello (Antioquia).

Fue el viernes 4 de abril a las 16.00, en un espacio público donde había varias personas pidiendo que no la socorrieran para dejar que se ahogara en la corriente de un río crecido por las lluvias. Alguien pidió auxilio y Sara fue llevada al hospital de Medellín, donde murió el domingo 6. Alguien grabó la secuencia de violencias, el video se hizo viral y el nombre de Sara fue tendencia en las redes.

“Había unos manes parados, también con el celular grabando lo que le sucedía, y decían que no la ayudaran. Entonces hubo temor a intervenir por miedo a que los encendieran a bala. Fue necesario que interviniera la Policía”, le dijo un familiar a El Colombiano durante el sepelio, que se realizó el martes de la semana pasada.

La misma fuente contó que Sara era una luchadora alegre y carismática, hacía dos años había terminado el bachillerato en una escuela nocturna; le gustaba lucir sus pelucas y vestidos. “Le tenían tanto cariño que muchas veces le paraban las motos y se montaba y se mostraba como una reina. Le encantaba que la vieran así, no faltaban a quienes no les gustaba su personalidad”, expresó en la despedida. La familia invitó a acompañar la ceremonia de inhumación, de la que participaron también vecines, activistas y funcionarios. “Vuela alto, mi niña”, escribió su madre en una cinta sobre el féretro blanco. “Pido que se haga justicia. No tiene perdón de Dios lo que hicieron”, le dijo a los medios locales.

El video en las redes sociales

Desde Sentiido –medio de Colombia sobre género, diversidad y cambio social–, Li Cuellar, codirectore, analizó el rol de los medios y de las redes sociales en la cobertura. “La saña y la tortura, cómo sometieron a Sara a este sufrimiento terrible hasta su muerte, conmueve y despierta cuestionamientos sobre la humanidad. Que exista un video como evidencia de lo que les hacen a las personas trans, de cómo las humillan y las asesinan, provoca indignación. Está muy bien que los medios estén cubriendo esto, es muy importante que lo hagan”.

Algo que llama la atención, dice Li, es que el video de su tortura se haya movido tanto en redes sociales. “Cumple una función como de escarmiento, para que la gente se dé cuenta de que ese tipo de videos se pueden reproducir sin ningún problema. Pareciera que las muertes de las personas trans valen menos que las demás”.

“Creo que hay un problema muy grande con respecto al análisis que estamos haciendo sobre el consumo de lo que se mueve en redes sociales y que no se puede quedar solamente en la indignación. Tiene que haber una reflexión más profunda sobre lo estructural de esta violencia. Hay una conversación pendiente muy importante sobre la función de los medios. Si esto le hubiera pasado a una mujer cisgénero o a una estudiante de una universidad, un colegio privado en Bogotá o en Medellín, la historia habría sido otra”, considera le codirectore de Sentiido.

Y observa que la narración que se hace sobre la vida de Sara en algunos medios busca una especie de “justificación” al estilo de vida que ella tenía. “Lo que tenemos que explicar es la violencia estructural, no la biografía de ella –si consumía sustancias psicoactivas o estaba mucho en la calle, como plantean algunas narrativas–; [...] la violencia hacia las personas trans que vive este país, el departamento de Antioquia, América Latina y que se reproduce y se acepta”.

Sabemos que este acto de transodio no es aislado. Y hay puntos recurrentes: “Que a la víctima la arrojen al río, la torturen y la hagan enfrentar humillaciones, vejaciones, dolor profundo, es una manera de castigar. Que una persona tenga las tripas de pararse a filmar este asesinato dice muchas cosas sobre cuánto vale la vida de una persona trans en este mundo y en América Latina”.

Violencias hacia LGBTIQ+ aumentaron en Colombia

“Hace varios meses se advirtió el peligro que corría Sara. Y el Estado no hizo nada. El lunes 7 de abril conocimos que a Sara la torturaron, la golpearon y la tiraron al río sólo por ser una mujer trans. Es el caso número 24 de 2025, y 14 de estas víctimas fueron personas trans”, dijo a Presentes Jesusa Ramírez, del Colectivo León Zuleta. La activista trans colombiana se refiere a que varias organizaciones de derechos humanos venían advirtiendo al Estado el aumento de las violencias.

Desde la organización Caribe Afirmativo destacaron que la violencia contra Sara no es un hecho aislado. “Hace parte de una ola de violencia sistemática que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el país, en especial las personas trans, quienes siguen siendo blanco de ataques que no sólo buscan silenciar sus cuerpos, sino también borrar sus existencias”. Prueba de ello es que “la mayoría de estos crímenes ocurren a plena luz del día, en espacios públicos, frente a testigos silenciosos y con la indiferencia o complicidad de muchas personas y autoridades. Esa misma indiferencia fue la que condenó a Sara a no recibir auxilio inmediato”.

Durante una protesta contra el transfemicidio de Sara Millerey, el 9 de abril, en Bogotá.

Durante una protesta contra el transfemicidio de Sara Millerey, el 9 de abril, en Bogotá.

Foto: Sebastián Barros, Nurphoto, AFP

La organización contabiliza 24 personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va del año, denuncia falta de respuesta efectiva del Estado y exige acciones urgentes a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Antioquia –ya que se trata de una de las zonas con mayores índices de LGBTodio– y la Alcaldía de Bello. “Tienen la responsabilidad de actuar. Este crimen debe investigarse de manera inmediata y no puede quedar impune, como tantos otros”.

A fines de enero lo había señalado la Defensoría del Pueblo de Colombia. En el primer mes del año, informó, se registraron al menos 13 asesinatos contra personas LGBTIQ+. En febrero ILGA LAC (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe) publicó un pronunciamiento: “En estos últimos tiempos la población LGBTIQ+ de Colombia está viviendo un recrudecimiento de la violencia sistemática”, advirtió. Y señaló que, en 2024, reportes de las organizaciones registraron 338 actos de violencias por prejuicios. Entre ellos, 50 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, y 28, es decir, más de la mitad de las víctimas, eran personas trans. “En lo que va del 2025, de acuerdo a estos reportes, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, dentro de las cuales seis son personas trans”, expresaron desde ILGA LAC.

Jesusa, desde su organización León Zuleta (lleva el nombre de una figura emblemática para los derechos LGBTIQ+ en Colombia), forma parte de ILGA LAC y se había acercado para denunciar lo que viene pasando. “En varios departamentos y municipios de Colombia aumentan grupos armados que hacen lo que llaman ‘limpiezas sociales’. Quieren acabar con las personas con experiencia de vida trans, consideran [que] somos un peligro para los municipios”.

En Bello, las organizaciones hacen trabajo de base comunitaria y Sara participaba, cuenta Jesusa. La activista trans dice que las violencias vienen siendo sistemáticas hacia las personas LGBTIQ+ y en especial hacia trans. “Van en aumento las cifras; para abril de 2025, van 14 casos de mujeres trans asesinadas; algunas ejercen el trabajo sexual. Los grupos armados se están tomando nuevamente la ley de los municipios y algunos departamentos por el fascismo que ha venido creciendo con los ultraderechistas”.

Justicia por Sara y todas las vidas trans

En Colombia existe una Mesa de Casos Urgentes LGBTI para la atención de hechos que vulneran los derechos de estos colectivos. El Ministerio del Interior informó la semana pasada que el 7 de abril instó “a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para que tomen acciones frente al caso e implementen medidas de prevención ante los altos índices de violencia contra la población LGBTIQ+ en Antioquia”. Realizó una sesión extraordinaria con las entidades pertinentes y el Ministerio Público para revisar el caso de Sara y otras violencias hacia la población LGBTIQ+.

También anunció que el 23 de abril el Ministerio del Interior realizará en Bogotá la primera sesión de alto nivel de la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI y de personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas (OSIEGD), para abordar la violencia sistemática de la cual son víctimas, así como las acciones del Estado al respecto.

Jesusa dice que son pocos los casos que se investigan a fondo. “Como no hay articulaciones entre el gobierno nacional a favor de los derechos de los sectores LGBTIQ+ con algunos gobiernos regionales y distritales de corriente contraria, siempre se quieren lavar las manos, que esas son competencias territoriales y por eso a veces no se investigan los casos. No hay resultados de las investigaciones y por eso se demora mucho más. Pero no se trata sólo del caso de Sara Millerey. De esos 24 casos que registramos, ni el 10% ha sido resuelto”.

El rol de los medios

La saña es un rasgo característico de los crímenes de odio. Busca transmitir un mensaje. Esta vez no pasó desapercibida. La familia, el activismo y el gobierno: todos repudiaron el crimen de odio de Sara. No es algo que suela ocurrir con frecuencia. Casi todos los medios se hicieron eco de la noticia. Tampoco suele pasar: en Presentes sabemos que las noticias de transfemicidios no logran romper del todo el cerco mediático. Como dice Susy Shock, “parece que las trans y travestis no estamos en la agenda emocional”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Policía Nacional esclarecer el crimen. Los congresistas también sumaron su repudio. El gobierno de Antioquia y la Alcaldía de Bello ofrecen una recompensa de más de 100 millones de pesos colombianos (50 millones cada uno, equivalentes a 10.000 dólares) a quien aporte información para encontrar a los victimarios.

Colectivas convocaron a velatones en Bogotá y en Bello para pedir justicia.

Muchos medios siguen difundiendo el video y revictimizando a Sara. Nombrando una identidad que ya no es la suya (la asignada al nacer), hablando de “cuerpos equivocados”. Lo mismo con algunas personas que integran el funcionariado del gobierno.

“Los medios que muchas veces nos dieron la espalda y no escucharon a las organizaciones para bajar las violencias hacia las personas trans difundieron la noticia, pero no la cuidaron a Sara Millerey. Algunos pisotean su memoria”, dice Jesusa. “Algunos medios la revictimizan incluso después de su muerte, publican su nombre jurídico. Lo hacen también entidades territoriales y el Estado. Lastimosamente, ha sido una noticia que podemos decir que puede ser la mártir para ver si nos escuchan y se pueda hacer justicia por los 24 casos. Nos preocupa el crecimiento del fascismo en las redes sociales. Los comentarios de odio nos ponen en riesgo a las personas trans y más a las activistas, que además somos perfiladas políticamente por la oposición en esos momentos”.