¿Qué piensa la sociedad uruguaya sobre los cuidados? ¿Cómo mutaron sus percepciones en el tiempo? ¿Cuánto incidió en ese imaginario la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)? Algunas de estas preguntas son las que busca responder la investigación Representaciones sociales del cuidado en Uruguay: ¿mandatos de género en transformación?, llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar), con el apoyo de ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En el centro del proyecto, que fue presentado la semana pasada, están los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Representaciones Sociales del Cuidado, de 2023, y su comparación con los principales indicadores de la primera medición, que se hizo en 2011.
Las investigadoras detrás del estudio –Karina Batthyány, Valentina Perrotta y Sol Scavino– se propusieron tres objetivos principales. En primer lugar, analizar los cambios en las representaciones sociales de la población uruguaya sobre el cuidado infantil y de personas mayores de 70 años con dependencia durante el período 2011-2023. Por otro lado, identificar el grado de conocimiento del SNIC y analizar las demandas de servicios públicos de cuidados. Además establecer qué factores explican la presencia de mayores niveles de corresponsabilidad (tanto social como de género) en las representaciones sociales del cuidado.
Otro objetivo, más macro, es que los hallazgos “contribuyan a comprender los posibles cambios en la cultura del cuidado, aportando conocimiento para la toma de decisiones de las políticas públicas de cuidados a nivel regional, nacional y territorial”, dice el documento.
“¿Por qué estudiamos las representaciones sociales del cuidado? Para hacerlas visibles, para conocerlas, para desentrañar esos supuestos ideológicos que están por detrás de algunas afirmaciones que naturalizamos y no cuestionamos, y las feministas sabemos cómo tenemos que romper con las naturalizaciones para que efectivamente se transformen las prácticas”, señaló Batthyány durante la presentación en la FCS.
Por su parte, Perrotta, que participó en el evento desde su doble rol como coautora del estudio y directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que es posible “transformar la cultura” conociendo estos elementos y, sobre todo, garantizando servicios de calidad. En ese sentido, evaluó que, “a pesar de sus muchas virtudes”, el SNIC apostó a los servicios para niñas y niños de uno o dos años, “pero no necesariamente en el primer año de vida”. Esto hace que, en esa etapa, no haya “licencias para los padres que sean de calidad, pero tampoco tenemos servicios, y no es una opción o la otra, son las dos, porque las familias tienen el derecho a elegir de qué manera quieren cuidar a sus bebés. [...] Eso es ejercer el derecho al cuidado”.
La socióloga dijo que, como jerarca, trabajará desde la posición de “mirar críticamente el período 2015-2020, el paréntesis nefasto que tuvimos de 2020-2025 [en referencia a la anterior administración de gobierno] y de aprender, escuchar y abrir mucho las orejas a la sociedad civil y a la academia”, porque durante los últimos cinco años, en la región, “pasó mucho de lo que Uruguay tiene que aprender”. En esa línea, dijo que si bien nuestro país fue “innovador” y “hay cuestiones sobre las que se avanzó sustantivamente”, hay “muchas otras que quedaron pendientes”, como la “casi inexistente” oferta pública de cuidado para personas mayores y personas con discapacidad.
La nueva Encuesta de Representaciones Sociales del Cuidado revela que, si bien 60% de la población dijo conocer el SNIC, sólo 30% pudo mencionar alguno de sus servicios. De esas personas, la mitad nombró una sola prestación y, la mayoría de las veces, se refirió al Programa de Asistentes Personales, cuya población objetivo son las personas con dependencia severa menores de 30 años y mayores de 80. Las investigadoras consideran en el informe que es “llamativo” que este sea el programa más recordado, “dado que la principal política desplegada por el SNIC ha sido la expansión de los centros de cuidado de primera infancia (fundamentalmente del Plan CAIF), sobre todo en el período 2015-2019, en el que se incorporan 16.000 niñas y niños entre cero y tres años a servicios públicos de cuidados”.
“Se asocia el SNIC a personas en situación de dependencia y no a las infancias”, resumió Batthyány, y señaló que esto refleja que hay un desconocimiento de la “integralidad” del sistema.
Foto: Mara Quintero
Las percepciones del cuidado de las infancias
A la hora de presentar los resultados vinculados a las infancias, Scavino comentó que uno de los primeros “nodos críticos” que a las autoras les interesaba conocer era si se mantenía o no la idea de que sólo las familias deben de ser las principales proveedoras de estos cuidados, como estableció la medición de 2011. La conclusión es que desde entonces hubo “una modificación a favor de la idea de la corresponsabilidad” entre familia y Estado, explicó la socióloga. Así, se puede ver que, si bien la sociedad uruguaya se mantiene “dividida” entre quienes creen que la responsabilidad de cuidado de niñas y niños es exclusivamente de las familias (44,6%) y quienes opinan que es de las familias con ayuda del Estado (39,1%), en 2023 aumenta la proporción que considera que el Estado debe ayudar a las familias a cumplir esta responsabilidad (pasa de 23,8% a 39,1%).
Por eso, una de las primeras conclusiones del estudio es que “la sociedad uruguaya continúa siendo familista en relación con asignar la responsabilidad del cuidado de las y los bebés a las familias, pero aceptando en mayor medida que hace una década que el Estado es también responsable de este cuidado”.
A su vez, la encuesta muestra que la brecha de cambio en las opiniones de las responsabilidades asignadas a los distintos proveedores de cuidados entre 2011 y 2023 disminuye notablemente en la categoría “sólo familias” y aumenta en la opción de “familias con ayuda del Estado”. Esto ratifica que “se está instalando lentamente esta idea de que la familia no puede sola y que necesita colaboración de otros sectores, principalmente del Estado”, destacó Scavino.
La investigadora dijo que otra de las cuestiones indagadas tuvo que ver con las percepciones sobre la obligación de cuidados. En este punto, las académicas distinguieron dos variables: por un lado, la obligación de cuidar “directamente”, es decir, “de tomar ese rol principal de asunción de la materialidad de las tareas concretas en la vida cotidiana y de la carga mental que supone la gestión, recordación, planificación e implementación, además de la toma de decisiones sobre el cuidado de los niños”; y, por el otro, la obligación de “proveer o garantizar condiciones para que se dé ese cuidado”.
Esto se recabó a través de dos frases específicas que se plantearon a las personas encuestadas. La afirmación “las madres están obligadas a cuidar personalmente de sus hijos menores de un año” recabó el apoyo de 55,3% en 2011 y se elevó a 82% en 2023. En tanto, el respaldo a la oración “las madres están obligadas a garantizar que sus hijos menores estén bien cuidados, pero no es indispensable que participen directamente” disminuyó de 41% a 14% en el período comparado.
Las tendencias son similares para los padres. El acuerdo con la frase “los padres están obligados a cuidar personalmente de sus hijos menores de un año” aumentó de 34% a 75,7% en la década analizada, mientras que disminuyó de 62% a 19% el apoyo a la idea de que ellos están obligados a garantizar condiciones para el cuidado. En este escenario, “la obligatoriedad de cuidar personalmente dentro de los imaginarios tiene mayor presencia en 2023 con relación a 2011, y aumenta particularmente hacia el papel de los varones”, sentencia el documento.
De todas formas, Batthyány recordó que las encuestas de uso del tiempo realizadas en Uruguay muestran que es justamente en los primeros años de las niñas y niños cuadno hay una mayor ausencia de los padres en el cuidado. Por eso, las investigadoras dejan planteada la pregunta de “si estamos hablando efectivamente de cambios, pero que no encuentran cómo llevarse a la práctica, o si, en realidad, estamos hablando más de un discurso políticamente correcto en términos de género, producto de una mayor presencia de este tema en la agenda pública en general”.
La encuesta también muestra que la mayoría de la población sigue considerando importante el apoyo de la pareja para criar un hijo, aunque la importancia que la sociedad le está dando disminuyó de 95% a 87,6%. “Si bien vemos un discurso mayoritario que considera que la pareja es importante en la crianza, descendió levemente y sobre todo en las mujeres y las personas más jóvenes, y aumenta la opinión de que la pareja no es importante para la crianza, sobre todo en el caso de las mujeres”, analizó Batthyány.
La referente dijo que esto parece indicar que “hay un grupo de mujeres que parecerían estar abrazando ideas contrarias a la importancia de la participación de los varones en el cuidado”, un aspecto que –según adelantó– está profundizando con colegas en otra investigación sobre “neomaternalismos” que se presentará en los próximos meses. En principio, dijo que son datos que reafirman la “necesidad de volver a colocar en el centro la cuestión de género y la transformación de la división sexual del trabajo en el diseño, la implementación y la evaluación del SNIC”.
Mónica Xavier, Karina Batthyány y Susana Muñiz.
Foto: Mara Quintero
El cuidado de personas mayores en el imaginario social
Al igual que en el caso de las infancias, el estudio muestra que en el período comparado también hubo un incremento de la conciencia sobre la necesidad de que el Estado apoye a las familias en el cuidado de las personas mayores. Al mismo tiempo, disminuyó la percepción de la responsabilidad compartida entre el Estado y las familias, se mantuvo la idea de que principalmente las familias deben encargarse y cayó significativamente la opción de corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad.
De esta manera, “se consolida una mayor expectativa del Estado y de las familias como actores principales, mientras que pierde fuerza la visión de responsabilidad comunitaria amplia”, concluyó Scavino. La socióloga especificó que, a su vez, “a mayor nivel económico, tenemos menor expectativa de cuidado exclusivamente familiar” y más demanda de cuidado institucional, un elemento que tiene que ver con “esta oferta segmentada de servicios a los que acceden las personas con ingresos o de hogares de niveles socioeconómicos muy altos, a los que no accede el resto de la población que está particularmente envejecida”.
También se observa una disminución generalizada de la declaración de la disponibilidad para cuidar en el caso de todos los integrantes de la familia, menos en el caso de hijas e hijos. Esto significa que “el tener que encargarse de padre o madre con dependencia cuando estamos mayores sigue siendo una responsabilidad casi incambiada en los hijos, pero todo el resto de los familiares están diciendo que no hay disponibilidad para el cuidado de las personas mayores”.
En paralelo, y prácticamente sin cambios respecto de 2011, casi la mitad de la población uruguaya (48,4%) prefiere el cuidado exclusivamente familiar cuando se trata de personas mayores. A la vez, aumentó la proporción de personas que prefiere el cuidado remunerado en domicilio, lo que “conlleva importantes desafíos para garantizar la calidad del cuidado y el trabajo decente, sobre todo de las mujeres” que trabajan de manera remunerada en esos servicios, afirman las autoras.
El compromiso institucional
La presentación del estudio cerró con comentarios finales por parte de la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Susana Muñiz, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier.
“Tomamos apuntes”, dijo Muñiz, que celebró la existencia del estudio porque contribuirá a “que las políticas públicas estén basadas en una evidencia”, ya que, “en definitiva, lo que hace es darnos puntas de por dónde seguir, hacia dónde seguir y cuáles de esas políticas estarían acompañadas por la población”. En esa línea, afirmó que los resultados ayudarán a “acompañar lo que la población va pensando con la posibilidad de una oferta pública” de cuidados que hoy reconoció como “muy limitada”.
Xavier, por su parte, se comprometió a “acompañar” desde Inmujeres cualquier medida que refuerce el SNIC y “ponga en valor el trabajo de cuidado” porque “es fundamental para el empoderamiento de las mujeres”. “Hay desafíos desde la oferta que tenemos, desde la calidad de lo que ofrecemos y desde esa transformación cultural que promovemos”, agregó la jerarca, y dijo que “más allá de la preocupación de algunos aspectos que no se han transformado en el sentido de lo que todas y todos querríamos, esto es un proceso y tenemos que ver en qué lugares tenemos que mejorar esa situación” para “correr el límite de lo posible”.