Representantes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaron Uruguay la semana pasada para mantener intercambios con autoridades y organizaciones de cara a la construcción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres. En ese marco, uno de los encuentros tuvo el objetivo específico de incorporar el enfoque de la niñez y la adolescencia al proceso de elaboración.

La actividad se llamó “Diálogo intergeneracional sobre violencia digital basada en género”, fue organizada por el Mesecvi, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay (Unfpa) y la Plataforma de Infancias y Adolescencias (Pias), en alianza con el Parlamento y ONU Mujeres, y se desarrolló justamente en la sede del Poder Legislativo. Estuvo protagonizada por 36 adolescentes que, en respuesta a una convocatoria de Pias, viajaron de distintos departamentos del país para participar en la jornada.

Ese día, la mañana estuvo dedicada a la participación activa de las y los adolescentes, que reflexionaron en torno a la violencia digital basada en género, sus manifestaciones, causas y consecuencias. A partir de esas reflexiones, se dividieron en grupos con la consigna de “ponerse en los zapatos” de distintas figuras institucionales –legisladoras, juezas, autoridades del Poder Ejecutivo y “pueblo”– para, desde esos roles, construir propuestas orientadas a la prevención, atención y sanción de estas formas de violencia.

En la tarde, los grupos presentaron sus propuestas ante autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Entre la audiencia estaba la vicepresidenta Carolina Cosse, quien tomó nota mientras escuchaba y luego les hizo algunos comentarios. Mezcladas con la gurisada, había otras autoridades que trabajan en estos temas, como Mónica Xavier (Instituto Nacional de las Mujeres), July Zabaleta (directora de Políticas de Género del Ministerio de Interior), María Elena Mizrahi (Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia) y Mariela Solari (Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía).

Más adelante, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mesecvi, y Alicia Deus, recientemente designada como integrante del Comité de Expertas del mecanismo en representación de Uruguay, presentaron el borrador de la Ley Modelo. Uruguay es el séptimo país que visitó el mecanismo de la OEA, que viene realizando consultas y reuniones presenciales en distintos países de la región para que el proceso de elaboración de esta norma modelo sea lo más “colaborativo” posible.

Mejía adelantó que este mes, cuando finalice la ronda de consultas, el Comité de Expertas discutirá el proyecto, y su aprobación está prevista para la primera semana de diciembre. Una vez que se apruebe, dependerá de cada país cómo quiere aterrizar ese modelo a su realidad.

¿Qué busca la Ley Modelo?

El último borrador disponible de la Ley Modelo consta de 48 artículos que establecen definiciones, ámbitos de aplicación y las distintas manifestaciones de la violencia digital basada en género. A su vez, el texto dispone cuáles son los “deberes” del Estado, plantea regulaciones para los proveedores de servicios donde se puede ejercer estas violencias, y profundiza en los procesos judiciales, distinguiendo, por una parte, orientaciones para la investigación y, por la otra, la responsabilidad penal, civil y administrativa.

La norma define la violencia digital contra las mujeres por razones de género como “cualquier acción, conducta u omisión contra las mujeres, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida, que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con el uso de las tecnologías”.

Durante la presentación, Mejía dijo que la necesidad de crear esta Ley Modelo “no sólo nace de lo que está pasando ahora, sino del covid”, que generó un “salto cuantitativo en la vida de todas las personas que habitamos este planeta, donde de repente pasamos de tener una vida personalizada, con contacto, socializada, a tener una vida donde toda nuestra socialización ocurría en un espacio digital”. En este nuevo escenario, surgieron “informes sobre seguridad y mujeres durante la pandemia” que constituyeron las “primeras alertas”. “La violencia de género en línea empezó a ser evidente y también la ausencia de normas y legislación que regulara la prohibición de esa violencia que se estaba manifestando, que no es otra cosa que un continuum de la violencia que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia y que hoy se manifiesta de múltiples maneras a través de los medios digitales”, señaló la secretaria técnica del Mesecvi.

La voz de las y los adolescentes

Cada grupo pasó adelante a presentar las propuestas que trabajaron durante toda la mañana. Quienes se pusieron en los zapatos del Poder Legislativo propusieron “talleres o charlas sobre seguridad en redes sociales, tanto para niños estudiantes, como para padres” en los centros educativos, “control parental para los dispositivos de menores de edad que no saben cómo usarlos o que no los usan con la seriedad que se tienen que usar”, y otras estrategias de seguridad como, por ejemplo, que “se pida la foto de cédula y un video selfie para descargar aplicaciones o entrar a webs que son para mayores de 18”.

Por su parte, el grupo que representó al Poder Judicial planteó como estrategia “el alejamiento y la expulsión de redes del abusador”, así como “sancionarlo, por ejemplo, con una multa”. Otra de las ideas, en línea con lo que presentó el grupo anterior, fue que se incluya en las clases de educación sexual “lo que es el acoso digital, cómo intentar prevenirlo, de qué manera se puede buscar ayuda”, y que haya “ayuda psicológica en los liceos, y en general, para la víctima y para el victimario”.

En tanto, quienes actuaron como Poder Ejecutivo propusieron modificar la Ley 19.580 de violencia de género para introducir “una especificación de lo que es el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming y otros problemas de violencia digital basada en género hacia las mujeres”, además de difundir lo que establece la Ley 18.331 de protección de datos personales, para que “todos estemos informados y podamos acceder a la protección de nuestros datos personales a la hora de poder sufrir algún tipo de violencia digital”. También hicieron énfasis en la promoción de “talleres y charlas tanto para adolescentes como para familias sobre plataformas digitales en liceos, escuelas y centros juveniles”, y que la Policía “busque más activamente casos de ciberacoso en entornos digitales”.

Además, pidieron al Ministerio de Desarrollo Social la creación de “una línea de apoyo que esté activa 24/7 para víctimas de este tipo de violencia”, con “asesoramiento técnico, orientación legal gratuita y psicólogos”, y al Ministerio de Educación y Cultura le atribuyeron la tarea de garantizar la “educación digital en todos los centros educativos, principalmente en las escuelas y en todos los niveles, para poder prevenir la violencia desde temprana edad”. Por último, el grupo solicitó “regulaciones a las empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial”, entre otras cosas, respecto de “las imágenes que se pueden crear”, que “pueden afectar de manera negativa a las personas”.

El pueblo, en su turno, abogó no sólo por la “creación de asignaturas sobre violencia digital” en las escuelas y liceos, sino además por “referentes de estos temas en los equipos pedagógicos”, que a su entender “deben ser reforzados, ya que, por ejemplo, no puede haber un psicólogo para todo un liceo”. Al mismo tiempo, las y los representantes populares consideraron que “muchas veces, cuando estos problemas pasan lo que se suele hacer es darle una sanción al agresor y no se trabaja bien el tema de por qué el agresor hizo lo que hizo”, por lo que habría que buscar “soluciones” que vayan más allá de la sanción.

Otras de las demandas fueron la implementación de un “órgano” que atienda “de primera mano” las denuncias por violencia digital y la creación de “espacios informativos de adolescentes hacia adultos”. También pidieron “que se tomen en serio las denuncias por ciberbullying, ciberacoso, sexting, etcétera”, ya que “muchas veces se va a la comisaría pero estas denuncias no se toman tan en serio como una agresión física, por ejemplo”.

Después de las exposiciones, la vicepresidenta les agradeció a “las gurisas y los gurises” por ayudar a los adultos presentes “a aprender” y les pidió “encarecidamente” que “no larguen este tema” y les “exijan” a las autoridades su seguimiento. “Yo me comprometo a dar todo de nosotros en el Parlamento para seguir profundizando en el estudio de estos temas con las especialistas, con la gente, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo”, apuntó Cosse, y celebró que el foco no haya estado puesto sólo en “sancionar” a quienes ejercen violencia, sino también en “atender” el problema y, en definitiva, prevenir que pase.