La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado aprobó este martes, por unanimidad, el proyecto de ley que establece el aumento de la edad mínima para contraer matrimonio en Uruguay. La propuesta había sido presentada en 2023 por la bancada del Frente Amplio (FA), llegó a debatirse en la comisión pero no logró avanzar y quedó encajonada al final de la legislatura pasada. En marzo de este año fue desarchivada junto con otras dos iniciativas que contemplan garantías para las mujeres, niñas y adolescentes.
La normativa vigente, que rige desde 2013, establece que la edad mínima para casarse es de 16 años y no especifica límites para quienes tengan menos de 18 años si presentan el consentimiento expreso de los padres. Lo que propone el proyecto del FA, concretamente, es modificar el Código Civil para aumentar la edad mínima requerida para casarse a los 18 años. El texto plantea como única excepción los casos de personas mayores de 16 años que obtengan una autorización judicial.
La senadora del FA Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, recordó en diálogo con la diaria que el proyecto original contemplaba la excepción para mayores de 16 años que tuvieran el consentimiento de los progenitores. “Ahora se judicializa y es sólo con autorización del juez”, resaltó.
Durante el debate en la legislatura pasada, algunas organizaciones que comparecieron en la comisión, como Unicef, abogaron para que se establezca la edad mínima en 18 años sin excepciones. Sin embargo, se terminó votando la redacción que reunía la mayoría de los consensos.
Moreira dijo que lo que quedó establecido se basa en la recomendación que presentó el Instituto de Derecho Civil Salas I-V, a cargo de la catedrática Beatriz Ramos Cabanellas. Ese informe, que data del 18 de agosto y al que accedió la diaria, sugiere que el juez o jueza a cargo adopte la decisión contemplando “los pilares de la regulación en materia de infancia y adolescencia que establece la Convención de los Derechos del Niño y que recoge el Código de la Niñez y la Adolescencia”, que son “su interés superior como principio de interpretación y aplicación del derecho, y sus derechos a ser oído y a contar con asistencia letrada, en todo proceso judicial donde se resuelva una cuestión que afecte su vida”.
La senadora frenteamplista adelantó que ella será la miembro informante durante la votación en el pleno del Senado, que, según estimó, será la semana próxima.
Los impactos de las uniones tempranas en las niñas y adolescentes
La exposición de motivos del proyecto pone el foco en las consecuencias que pueden generar las uniones tempranas en la vida de las niñas y las adolescentes, de acuerdo con lo que revelan distintos estudios de Unicef y otros organismos internacionales, como la posibilidad de embarazos no deseados, mayores riesgos de vivir situaciones de violencia sexual, transmisión intergeneracional de la pobreza y una alta tendencia a la deserción escolar, lo que a la vez impacta en la pérdida de autonomía económica.
En los últimos años, Uruguay ha recibido observaciones al respecto por parte de distintos organismos internacionales. El 30 de octubre de 2023, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) incluyó en su extensa lista de recomendaciones que el Estado uruguayo “modifique el Código Civil para eliminar toda excepción a la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, tanto para las mujeres como para los hombres”.
Ese mismo año, durante una visita a nuestro país, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh, “recomendó fuertemente” que se respalde la “reforma legal” impulsada para aumentar la edad mínima a los 18 años. La experta recordó que, según datos de Unicef, 25% de las mujeres jóvenes contrajo matrimonio antes de los 18 años en Uruguay y que esto impacta “en su salud sexual y reproductiva, y en su bienestar en general”.
Entre 2020 y 2024, en Uruguay se registraron 84 matrimonios en los que una o las dos personas eran menores de 18 años, según datos de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, difundidos en mayo por El País. Sólo en dos casos las dos personas eran menores; los otros 82 involucraron a un adulto. En la enorme mayoría de esos casamientos (91,5%), la persona menor era una niña o una adolescente mujer.