España: el gobierno aprueba una reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto

El gobierno de España aprobó este martes un proyecto impulsado por el Ministerio de Igualdad que pretende reformar la Constitución para asegurar el blindaje del derecho al aborto, con el objetivo de constitucionalizar la dimensión prestacional de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud pública. El planteo parte de la distancia que todavía existe en España entre lo que es el derecho reconocido y el derecho ejercido. La iniciativa irá ahora a tramitación y debate en el ámbito parlamentario; se requieren mayorías de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado para la aprobación.

La ministra de Igualdad española, Ana Redondo, explicó a fines de enero, durante una rueda de prensa, que lo que se busca es modificar el artículo 43 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de la salud, para agregar un apartado que establezca que “los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias”.

La portavoz del gobierno, Elma Saiz, dijo a El País de Madrid que la medida coloca a España a la vanguardia de países europeos en materia de protección de los derechos de las mujeres.

La ministra Redondo, por su parte, citó tres motivos por los que la reforma constitucional es esencial: la importancia de blindar los derechos de las mujeres ante el auge de la extrema derecha en el panorama político internacional; la legitimidad democrática debido al amplio apoyo social que recibe el derecho al aborto y, por último, la coherencia normativa que conecta a España con otros países de Europa que ya han elevado esta garantía en su marco constitucional.

Diferentes opiniones ante la reforma

La ley de aborto que rige actualmente en España permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y plantea como excepciones la posibilidad de acceder hasta la semana 22 por causas médicas, como riesgo grave para la vida o salud de la embarazada, o graves anomalías en el feto, y luego de las 22 semanas solo en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, confirmadas por un comité clínico.

El gobierno asegura que, pese a esta ley, el acceso no está garantizado en todas las comunidades, especialmente las que gobierna el derechista Partido Popular (PP). Esta agrupación ha acusado al gobierno de institucionalizar la Constitución y ya ha anunciado que rechazará la medida, porque considera que la actual ley es suficiente para garantizar el derecho al aborto. Durante los últimos meses, las comunidades autónomas donde gobierna el PP en España se han resistido a cumplir la ley, en especial la comunidad de Madrid, a la que el gobierno ha tenido que insistir para que presenten el registro oficial de médicos objetores.

El partido de ultraderecha Vox, que se posiciona abiertamente en contra del aborto, ha mostrado su indignación frente a la medida y aseguró que presentará su oposición a la reforma. El líder del partido, Santiago Abascal, ha comparado en redes sociales esta reforma con otras medidas del gobierno que, según él, son pagadas por los españoles “de a pie”. Aseguró que el presidente de España, Pedro Sánchez, solo provoca “dolor” en los españoles.

Fuerzas políticas de izquierda, como el partido Podemos, también rechazan el anuncio, considerando la medida como insuficiente. La líder del partido, Ione Belarra, justificó la postura diciendo que situar el aborto en el artículo 43 “es degradarlo y ponerlo en peligro respecto al reconocimiento constitucional que ya tiene por parte del Tribunal Constitucional”, según explicó al periódico Público. Señaló que, además, lo que realmente podría blindar el derecho al aborto es recogerlo en el artículo 15 de la Constitución, donde se incluyen los derechos fundamentales.

Otros profesionales también han cuestionado si la nueva medida mejoraría realmente la situación de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Entre ellos, el asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, José Antonio Bosch, que cuestionó que, tal y como está diseñada la reforma, aumente la protección jurídica real de las mujeres, aunque no niega la importancia política y simbólica de incluir el aborto en la Constitución, según dijo a Público. Argumentó que, si el aborto se consagra expresamente en el artículo 43, puede darse la situación de que su reubicación lo convierta en un derecho con “menos capacidad de protección”.