Autoridades públicas y referentes del sector privado señalaron que Uruguay se ha consolidado como un país líder en materia de identidad digital en América Latina, pero su ecosistema enfrenta tres nuevos desafíos: aumentar la confianza ciudadana, simplificar su uso y garantizar la seguridad.

Durante un evento organizado por el think tank Ágora, los referentes coincidieron en que el país cuenta con las herramientas necesarias para dar el salto hacia una identidad digital masiva, aunque advirtieron que no debe quedarse atrás ante los nuevos desafíos.

“Uruguay es uno de los países que lideran los avances en la región; sin embargo, fue ralentizando la marcha después de un impulso importante”, indicó la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. En diálogo con la diaria, remarcó que uno de los desafíos clave que enfrenta el país es “masificar” la identidad digital de nivel alto en móvil sin que implique “fricciones” para la ciudadanía.

Otros desafíos planteados son las brechas de género, las personas mayores y los territorios rurales, además de la necesidad de fomentar la interoperabilidad público-privada (banca/fintech/salud) y transfronteriza, impulsar la ciberseguridad avanzada ante fraude, phishing y filtraciones, y generar roles “claros” en materia de gobernanza, medición, auditorías y financiamiento, agregó.

“Tenemos un nivel de digitalización muy alto tanto a nivel gubernamental como privado, pero no podemos conformarnos. Hay países que estaban más atrás y hoy nos han pasado. Necesitamos seguir legislando, invirtiendo en tecnología y fortaleciendo un ecosistema donde todos los actores empujen para el mismo lado”, afirmó Federico Ponte Gómez, CEO de Interfase, en diálogo con la diaria.

En la misma sintonía, el presidente de Ágora, Luis Stevenazzi, destacó que “Uruguay tiene una base sólida, una experiencia acumulada de casi dos décadas, pero esto se construye colectivamente: necesitamos involucrar a todos los actores, desde quienes regulan hasta quienes prestan los servicios y los ciudadanos que los usan”.

El encuentro, que se llevó a cabo a principios de octubre, reunió a seis voces con diversas perspectivas: Valverde; Javier Kusminsky, gerente de Desarrollo Data Center y líder de Identidad Digital de Antel; Juan Pablo García, gerente de Identificación Electrónica de Agesic; Rafael Mantero, CEO de Paigo; Nelson Lema, gerente ejecutivo de Tecnologías de la Información del BROU, y Raúl Lamas, gerente de Identidad y Certificación Digital de Interfase.

El debate giró en torno a cómo debería encarar Uruguay la visión 2030 en identidad digital, un tema que, según coincidió la mayoría de los panelistas, “será decisivo para la continuidad de la transformación digital del país”.

Propuestas del gobierno

Valverde remarcó, en diálogo con la diaria, que Uruguay cuenta con algunos avances, como la cédula con chip, firma electrónica avanzada, ecosistema ID Uruguay federado (cédula de identidad electrónica, TuID, otros prestadores), protección de datos (Ley 18.331) e interoperabilidad “estatal madura”.

De cara al futuro, el gobierno pretende promover una credencial digital en el teléfono con autenticación multifactor y biometría, más interoperabilidad con banca, salud, justicia y gobiernos departamentales y privacidad desde el diseño: minimización de datos, trazabilidad de accesos para el ciudadano.

Asimismo, mencionó el proyecto que impulsa el Ministerio del Interior sobre una cédula digital que estaría alojada en una aplicación segura del Estado y que brindaría certificados equivalentes a la CI con chip, firmas electrónicas avanzadas desde el móvil y control ciudadano: historial de usos y notificaciones.

Sin embargo, aclaró que aún no se puede hablar de un calendario para aplicar este proyecto, ya que es necesario repensar la estructura y el presupuesto de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

El objetivo es llegar a una identidad digital total, explicó la jerarca, y comentó que será un proceso gradual que exigirá resolver problemas de acceso, confianza y ciberseguridad.

“Tenemos que llegar a todas y a todos, porque todavía existen brechas que afectan más a las mujeres y a la población rural”, advirtió. “Además, en Uruguay las estafas digitales crecieron muchísimo en los últimos años. Tenemos que impulsar la comunicación y la sensibilización. Cualquiera que tiene un celular puede ser víctima de un delito de estafa o extorsión”, indicó durante el evento.

Valverde explicó que la meta es lograr que cada persona pueda portar su identidad completa en el celular, “de la misma manera que hoy llevamos las tarjetas de crédito o la historia clínica”. Para eso, se requerirá repensar la Dirección Nacional de Identificación Civil, con más recursos, infraestructura y coordinación interinstitucional, remarcó.

Nueva identidad digital

Durante el evento, el ingeniero Raúl Lamas, gerente de Identidad y Certificación Digital de Interfase, señaló que Uruguay se encuentra en condiciones de dar un salto tecnológico hacia lo que denomina “identidad digital 2”.

“No se trata de una nueva generación de soluciones, sino de repotenciar lo que ya existe. Uruguay tiene avances enormes desde 2012. [...] Ahora el desafío es sacarle peso al usuario y garantizar la privacidad y la seguridad de sus datos en el entorno más hostil: el teléfono móvil”, explicó.

Lamas destacó que el país dispone de una base sólida –la cédula electrónica, la infraestructura de clave pública, la interoperabilidad entre organismos– para construir un ecosistema digital más ágil y seguro.

Cambio cultural

“No estoy seguro de que haya real conciencia de lo que implica la identidad digital y de los cuidados que debemos tener”, planteó Juan Pablo García, gerente de Identificación Electrónica de Agesic, durante el encuentro.

“Hoy nos identificamos mucho más digital que físicamente y, sin embargo, no siempre tenemos los cuidados necesarios. Necesitamos, entre todos, empezar a repensar nuestro sistema. Las herramientas están: más del 90% de los mayores de edad tiene cédula con chip. Tenemos Abitab y Antel, más que suficiente para que todo el país se identifique de forma segura en sus actividades más críticas”, observó.

García insistió en que el país necesita una estrategia conjunta de concientización y remarcó que el impulso del proyecto de cédula digital es “fundamental”. “Eso permitiría que la identificación confiable se use de forma masiva, incluso fuera del país. La identificación digital empieza a comportarse como la física: la usamos natural y fácilmente. Eso puede tener impactos en el comercio exterior, el turismo y la educación”, subrayó.

Al mismo tiempo, desde el sector privado se subrayó la necesidad de diseñar soluciones que eliminen las fricciones con el usuario. Rafael Mantero, CEO de Paigo, planteó que “no se trata de falta de colaboración, sino de diseño”.

“Tenemos que evitar que el tema sea resistido. [...] Pensar que la identidad digital es un producto que entusiasma a las personas, que les interesa, está disociado de la realidad. En el sector público funciona porque es obligatorio, pero en el privado competimos: nadie se entusiasma con trámites previos o procesos engorrosos. Si para validar mi identidad tengo que hacer un paso previo, ya es una barrera”, afirmó.

Mantero remarcó que los mecanismos de validación deben ser “sincrónicos con la acción del usuario”, es decir, que la verificación ocurra en el mismo momento en que se solicita un servicio o crédito. “Si no es fluido, si genera fricción, va a ser resistido”, resumió.

Sector financiero

Para Nelson Lema, gerente ejecutivo de Tecnologías de la Información en el BROU, la identidad digital es “una oportunidad para acercar el banco al usuario” y competir en un mercado cada vez más digital.

“Tenemos el desafío de que nuestros usuarios usen los servicios y que no se sientan agredidos al invitarlos a no usarlos por todas las fricciones que podemos llegar a generar. El mecanismo de identidad digital es una herramienta y una gran oportunidad para nosotros los bancos, sobre todo los bancos tradicionales, de poder empezar a llegar al cliente, al usuario final, de una manera mucho más amigable y mucho más flexible”, sostuvo.

“Hoy el 98% de nuestras transacciones ya son digitales, pero el gran desafío es cultural: generar confianza”, agregó.

Lema agregó que la identificación digital “es un catalizador de transformación” que permitirá reducir el uso de papel y simplificar los procesos financieros. “Nuestra meta es que el cliente se sienta seguro y cómodo al usarla”, afirmó.

Desde Antel, Javier Kusminsky resaltó la trayectoria de la plataforma TuID y señaló que ya cuenta con más de 1.200.000 usuarios. “Estamos totalmente comprometidos con este tema y seguimos trabajando para incorporar tecnología y fortalecer las capacidades de la plataforma”, comentó.

Nuevos estándares y más diálogo

Para Stevenazzi, la clave del futuro está en abrir la conversación. “Lo más importante de este evento fue el involucramiento de los actores y el hecho de pensar juntos. La idea es empezar a construir un diálogo más amplio”, sostuvo en diálogo con la diaria.

“El gran desafío ahora es cómo incorporamos al ciudadano común en esa discusión. No hay un único ciudadano: hay muchas ciudadanías, con realidades y necesidades distintas. Y todas deberían tener voz en la construcción de las políticas públicas”, reflexionó.

Esa mirada más abierta también apunta a superar una barrera cultural, aunque Stevenazzi matizó el diagnóstico: “No creo que haya un problema con lo cultural. La gente ya tiene incorporada la tecnología en su vida cotidiana. El verdadero desafío es mostrar el beneficio de tener una identidad digital, que el ciudadano entienda para qué le sirve. Todos tenemos muchas apps, pero la pregunta es qué valor me aporta una app que gestione mi identidad”, finalizó.

Por su parte, Ponte apuntó, en diálogo con la diaria, a un horizonte concreto: la incorporación de los nuevos estándares internacionales de identidad digital, como el modelo europeo, que propone una wallet digital en el teléfono móvil del ciudadano. Subrayó, además, que impulsar una identidad digital moderna no sólo es una cuestión técnica, sino también económica.

“Reducir el fraude y los costos de las transacciones físicas puede tener un impacto enorme en la economía. Si hay menos fraude, habrá más confianza para operar en línea, más dinamismo y más eficiencia en los trámites. Invertir en identidad digital es invertir en productividad y dinamizar la economía. Se bajan los costos de hacer trámites y de las transacciones comerciales”, concluyó.