Uruguay cuenta con condiciones favorables “muy interesantes” para avanzar en procesos de innovación en el Estado, pero enfrenta desafíos en materia de inclusión social, productividad y adaptación del Estado a los cambios tecnológicos, dijo en diálogo con la diaria el investigador Xabier Barandiarán, profesor de la Universidad de Deusto, España.

“Me parece que Uruguay es un gran país. Tiene unos niveles de capital social muy importantes. Tiene un nivel de conciencia, por lo que he podido ver hasta el momento, muy elevado en la necesidad de cambio y de democratización”, afirmó el investigador especializado en gobernanza, innovación y transformación social.

Sin embargo, dijo que ese potencial convive con retos relevantes. “Uruguay tiene […] retos enormes, sobre todo en el fortalecimiento del bienestar social, en la inclusión de sectores vulnerables, en el fortalecimiento de la productividad y de la economía”, advirtió.

Para el politólogo y doctor en sociología, una de las principales ventajas del país es su escala. “Tiene una escala muy manejable, es un país de unas dimensiones en las que se pueden hacer muchísimas cosas”, lo que abre oportunidades para impulsar transformaciones en la administración pública, afirmó.

Las declaraciones de Barandiarán se dieron en el marco de su visita a Uruguay, donde estuvo en Montevideo el 19 y 20 de marzo. Durante su estadía, recorrió distintos organismos públicos y mantuvo encuentros con representantes del gobierno nacional y departamental, así como también legisladores. Además, brindó la charla “Innovación social y pública: gobernanza colaborativa, fortalecimiento democrático” en la Universidad Católica del Uruguay.

Usted trabaja sobre gobernanza colaborativa en materia de innovación pública y social. ¿Qué problema viene a resolver este enfoque que los estados tradicionales ya no están pudiendo solucionar?

La gobernanza colaborativa es una forma de gobernar en la que se incorporan a la definición de los problemas públicos y a la solución de los mismos, tanto a la ciudadanía como a representantes de la sociedad organizada. El punto de partida es que los problemas que enfrentan los estados tienen tal complejidad que por sí solos no son capaces de resolver y que en cualquier caso la incorporación de la ciudadanía o de la sociedad organizada fortalece la comunidad democrática.

¿Cuáles serían esos problemas complejos a los que los estados de forma tradicional no están pudiendo resolver?

Son problemas sociales complejos a los que nos estamos enfrentando, por ejemplo, el cambio climático, los movimientos migratorios, la digitalización o las nuevas tecnologías de la información. Tradicionalmente, los estados tenían cierta capacidad para controlar la nueva realidad que emergía, pero hoy en día es muchísimo más necesario tener una mayor capacidad de colaboración.

El término innovación suele aparecer frecuentemente en distintos ámbitos, pero más allá de que sea una palabra de moda, ¿por qué hablar hoy de innovación pública es una necesidad estructural?

Lo es claramente. Creo que hemos hecho una mala utilización, posiblemente una especie de exceso, utilizando para muchísimas cosas la palabra innovación, por lo que hay muchísima gente que ya está un poco harta de toda esa palabrería.

Pero lo cierto es que hoy la administración pública necesita una profunda transformación. Tenemos una administración pública en el mundo occidental, en líneas generales, que tiene una historia de 300 años y que necesita adecuarse a un nuevo horizonte temporal, a unas nuevas formas de hacer. Estas administraciones rígidas y jerarquizadas tienen que dar paso a una nueva forma de hacer, también en la vida pública, y eso está sucediendo. Por ejemplo, en el ámbito privado, en muchísimas empresas, en muchos centros educativos, en muchas organizaciones, hay una especie de ajuste y adecuación a una nueva realidad. La administración pública tiene que hacer lo mismo. Tiene que buscar un escenario de adaptación a las nuevas realidades, y la innovación básicamente implica la generación de nuevas cosas para poder responder a esos retos.

Me imagino que la innovación no solo radica en digitalizar trámites, que es algo que suele emerger con mucha frecuencia cuando se piensa en el sector público.

Efectivamente, tal y como usted indica, la digitalización y la incorporación de nuevas tecnologías son un aspecto de esa innovación, pero yo diría que incluso no es el más relevante. El más relevante tiene que ver con las personas, tiene que ver con la incorporación a la deliberación pública en condiciones cada vez más democráticas, de la ciudadanía, social organizada, también de sectores que son más vulnerables, que tienen menos capacidad de acceso al espacio público. Ahí está el reto fundamental de la administración, en hacer una innovación moderna y capaz de responder a los retos actuales, y eso significa que en el centro tienen que estar las personas. Las tecnologías son importantes, pero siempre deben estar al servicio de las personas.

¿Por qué muchos procesos de innovación estatal terminan siendo superficiales?

Por varias razones. La primera es porque muchos procesos, en el fondo, son operaciones de cosmética política. Y en segundo lugar, porque en muchos casos transformar la administración pública es una operación costosa, que requiere esfuerzo, tiempo, consensos, y significa también una cierta deconstrucción del poder político instituido. Cuando uno comparte el poder, establece nuevas reglas de juego, hay una tensión entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, transformar la administración y el sistema político no es una tarea para nada fácil ni que se pueda hacer en muy poco tiempo. Es un proceso largo,que requiere la construcción de nuevas conversaciones, nuevos consensos, etc.

¿Qué retos plantean la inteligencia artificial y la tecnología para la innovación pública y la gobernanza colaborativa?

Suponen un enorme reto. El primero es que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información constituyen un elemento de la innovación y nos enfrentamos a una nueva dinámica. La cuestión es que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación tienen una capacidad de control de las políticas públicas. Es clave que estas tecnologías estén al servicio del bienestar de la población.

Muchos expertos advierten que la inteligencia artificial implica problemas para la democracia. ¿Cómo pueden hacer los Estados para utilizar esta tecnología y al mismo tiempo ampliar la democracia y la gobernanza colaborativa?

La cuestión de la inteligencia artificial radica en la información obtenida a partir del diálogo con esa tecnología, si esa información ha sido generada en términos democráticos o si ha sido inducida por grandes actores que tienen sus intereses corporativos por delante, por lo que, en ese caso, los datos que surgen de la inteligencia artificial tienen un punto de partida que limita extraordinariamente la democracia.

La cuestión es que las instituciones públicas tienen que hacer una apuesta por la transparencia en la generación de información, por gobiernos abiertos donde el algoritmo sea público, claro y transparente, y que la inteligencia artificial sea construida desde una visión democrática para ponerla al servicio del gobierno del pueblo.

Si, por ejemplo, la inteligencia artificial no hace sino acentuar el sesgo, por ejemplo, de las desigualdades de género, pues ese modelo de inteligencia artificial no nos sirve, porque viene a acentuar las desigualdades cuando lo que queremos es una tecnología que vaya a fortalecer los valores democráticos.

La gran pregunta es: ¿en qué condiciones democráticas debemos de construir la inteligencia artificial y toda la información que emerge en ese espacio que hoy tenemos dificultades para controlar? La respuesta es que la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología o como cualquier otra realidad que se construya a partir de esa herramienta, necesita control democrático.

En el caso uruguayo, ¿dónde ve los principales desafíos del país en términos de innovación social y pública?

No tengo un nivel de conocimiento suficientemente preciso sobre la administración uruguaya. El marco en el que he estado trabajando, fundamentalmente, es el europeo. Pero, sin embargo, me parece que Uruguay es un gran país. Uruguay tiene unos niveles de capital social muy importantes. Tiene un nivel de consciencia, por lo que he podido ver hasta el momento, muy elevado en la necesidad de cambio y de democratización. Por lo tanto, me parece que Uruguay tiene, como otros muchos países latinoamericanos, retos enormes sobre todo en el fortalecimiento del bienestar social, en la inclusión de sectores vulnerables, en el fortalecimiento de la productividad y de la economía. Pero me parece que tiene unas condiciones básicas muy interesantes para abordar la transformación de la administración pública. Tiene una escala muy manejable, es un país de unas dimensiones en las que se pueden hacer muchísimas cosas.

¿Dónde observa oportunidades concretas para Uruguay en el cruce entre tecnología y políticas públicas?

En la administración pública yo diría que hay muchas oportunidades, por ejemplo, en materia de vivienda, en el reto social, también en la industria. La verdad es que hay muchos ámbitos donde la tecnología es necesaria y se puede dar un salto cualitativo.

En su visita a Uruguay, tengo entendido que se reunió con la ministra de Vivienda y con legisladores. ¿Qué resultados obtuvo de dichos encuentros?

Fundamentalmente hemos hablado de gobernanza colaborativa y cómo puede contribuir a mejorar las políticas públicas. En la reunión que hemos tenido con la ministra de Vivienda, que ha sido un encuentro muy agradable, hemos hablado fundamentalmente de eso. Con los legisladores también hablamos de sus temas. El eje central fundamentalmente es cómo abordar los procesos de gobernanza colaborativa y cómo se pueden crear laboratorios para poder operar y avanzar en la administración pública, porque esa es una tarea que hay que hacerla con muchísima precisión, conocimiento.

¿Qué es más difícil, cambiar las políticas o la cultura de los estados?

No se pueden cambiar realmente las políticas sin la transformación cultural. Si lo que realmente queremos es un cambio, sin duda la transformación cultural requiere tiempo. No necesariamente hay que cambiar toda la cultura, lo que hay que hacer es incorporar nuevos valores y nuevos elementos. Todo aquello que tiene que ver con la transformación cultural siempre tiene su dificultad y hace falta tiempo y muchos consensos.

¿Se puede innovar en el sector público sin asumir riesgos políticos o necesariamente implica asumir riesgos?

Necesariamente implica asumir riesgos. Lo más cómodo es hacer lo de siempre pero hay que arriesgar. Arriesgar significa asumir tiempo de errores, compartir el poder, ser valiente en algunas decisiones y eso tiene sus riesgos políticos, pero yo creo que no hay innovación sin riesgo y sin hacer una serie de apuestas claras. Y en cualquier caso, lo que no puede ser la innovación social ni la política es pura cosmética, hace falta tomarse las cosas en serio y dedicarle tiempo y valentía.

¿Cómo debería ser un Estado preparado para el futuro?

Un Estado preparado para el futuro tiene que tener muchos elementos, pero sobre todo tiene que tener una cierta anticipación a la agenda política del futuro, tiene que hacer un ejercicio prospectivo importante, tiene que tener una clara vocación de democratización en todos los órdenes de la vida y desde luego hay que hacer una apuesta clara por fortalecer la vinculación de la ciudadanía con su comunidad política y con las instituciones.

A partir de ahí, inevitablemente tiene que adaptarse a los nuevos tiempos políticos, a los requerimientos tecnológicos y a las nuevas demandas sociales y económicas que se están produciendo en nuestro entorno. El futuro de las democracias pasa necesariamente por un fortalecimiento democrático.

¿Qué debería pasar en Uruguay en los próximos cinco años para dar un salto en ese sentido?

Uruguay debe hacer una apuesta clara por la innovación pública y política en todos los órdenes del Estado.