The hornet's nest was rowdy, es la traducción -por traductor común- de “Se alborotó el avispero”. Es posible, si aquella frase se usara en Nueva York, que algún actuario de esos que por aquí llaman fuentes judiciales, le haya dicho, con o sin tapabocas, y a dos metros de distancia, a algún caza noticias que a pesar de la pandemia del covid-19 estaba ahí, haciendo la guardia en el monumental edificio de la plaza Candman en Brooklyn, frente al monumento de los veteranos de guerra de Brooklyn.

Es que allí el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevas acusaciones en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) en 2015, cuando cayeron Joseph Blatter y decenas de integrantes ejecutivos de la organización que hoy dirige Gianni Infantino. La nueva acción legal incluye a dos ex ejecutivos de la Fox (conglomerado 21st Century Fox) Hernán López y Carlos Martínez, pero además a empresas de varias nacionalidades: españolas, brasileñas y uruguayas.

Ahí uno piensa de inmediato en Eugenio Figueredo, quien en 2015 fue detenido y procesado por estafa y lavado de activos, pero que desde diciembre de 2017 goza de libertad condicional, pero no, en este caso puntual no era él, sino la empresa de los argentinos Jinkis, Hugo y Mariano, Full Play, que como casi todos sabemos no es uruguaya, aunque tiene su sede y su papeleo en Uruguay.

De enterarnos de ello se ocupó plenamente Tenfield, feroz competidora comercial de los derechos de televisión, que nos hacía saber en 2015, cuando Full Play fue alcanzada por el FIFAgate que en el Art Carrasco Business, está “la puerta de la oficina 104, que figura como domicilio de Full Play Group S.A., que no tiene ningún cartel indicativo de que allí funcione la empresa, ni nada hace parecer que una empresa de la envergadura de Full Play Group tenga su sede principal funcionando allí”.

Se te ve mal

La acusación formal contra Hernán López y Carlos Martínez, que estaban a cargo de los negocios de la compañía Fox en América Latina, es la que desata esta nueva instancia, donde además salta a las claras que la fiscalía tiene pruebas para afirmar que los Mundiales de Rusia 2018 y el que vendrá de Catar 2022 fueron establecidos con sede en dichos países a través de votos comprados a través de sobornos: “Varios miembros del comité ejecutivo fueron ofrecidos y recibieron sobornos vinculados a sus votos. Por ejemplo, Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz y el co-conspirador 1 fueron ofrecidos y recibieron pagos a cambio de sus votos a favor de Catar, para que albergue la Copa del Mundo 2022”, dice el documento de la fiscalía de Brooklyn. El co-conspirador 1 -a pesar de que no se lo identifica- sería Julio Humberto Grondona, fallecido antes de que comenzara la instancia judicial. Se presentaron 53 nuevas acusaciones en la Fiscalía federal para el este de Nueva York, donde se ha llevado a cabo todo el proceso relacionado con el FIFAgate.

Ahora, el jueves 9 de abril, se presentarán ante la jueza Pamela K. Chen, de la Fiscalía federal en Brooklyn, nuevas acusaciones formales contra los Jinkis, además de los ex Fox, Hernán López y Carlos Martínez. Las acusaciones incluyen nuevos cargos contra otros acusados en este proceso judicial que aún no han podido ser extraditados, de acuerdo con el comunicado.

Estaban comprados

Los acusados tenían una ingeniería de coimas y sobreprecios que implicaban la solicitud, oferta, aceptación, pago y recepción de sobornos para quedarse con los derechos de televisación de los campeonatos internacionales de fútbol. La Libertadores era uno de ellos y es el centro de las pruebas contra Fox Sports y Full Play, que realizaban pagos anuales de millones de dólares en sobornos a funcionarios de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Full Play, que efectivamente aparece como empresa uruguaya con sede en Argentina y propiedad de los acusados Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, participó presuntamente en sobornos a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf para varios eventos, incluyendo Eliminatorias del Mundial y partidos amistosos. El documento de la fiscalía estadounidense que atiende el caso dice que López y Martínez actuaron mediante el pago de sobornos a ciertos funcionarios de la Conmebol para obtener incluso información confidencial de licitación para los derechos de transmisión en Estados Unidos de los Mundiales de 2018 y 2022, derechos que Fox obtuvo con éxito.