El fiscal especializado en Delitos Económicos de 2° turno, Ricardo Lackner, defendió en la comisión de Innovación Ciencia y Tecnología integrada con la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados el proyecto que busca tipificar ciberdelitos, pero advirtió la necesidad de avanzar una la revisión del código penal.
Lackner, que el 1° de enero asumirá como director de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad de la Fiscalía, valoró la iniciativa del diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, y señaló que es “incuestionable la necesidad de tener disposiciones específicas” para el ciberdelito.
El fiscal planteó que es importante que la legislación esté en sintonía con la de otros países para permitir una cooperación internacional efectiva, algo dispuesto en el Convenio de Budapest, que Uruguay aspira a adherir. “La naturaleza de estos delitos abarca a más de un país y, por tanto, es necesario que entre las legislaciones exista una razonable equivalencia para habilitar los mecanismos de cooperación internacional”, expresó.
En esa línea, Lackner sostuvo que “las nuevas tecnologías imponen un deber de solidaridad” tanto entre empresas como entre Estados “porque el descuido en ciberseguridad” de uno afecta a los demás.
Lackner calificó como “un paso muy importante” el financiamiento dado en la Rendición de Cuentas a la Unidad Especializada en Cibercriminalidad “para poder enfrentar, con otros instrumentos, una realidad que ya no es un tema marginal en cuanto a las modalidades delictivas”, y agregó que “sin una debida legislación procesal, los delitos no se pueden perseguir”.
En cuanto a la situación de Uruguay, Lackner señaló que si bien existen fortalezas, como el alto nivel de conectividad y acceso a los servicios tecnológicos, “existen problemas de desprotección en materia jurídico-penal en el uso de esas tecnologías”, y planteó que el tema fue tratado en una reunión entre el fiscal de Corte, Juan Gómez, y el presidente del Banco República, Salvador Ferrer.
“Mostramos nuestras estrategias de investigación, la necesidad de trabajar coordinadamente y todas las dificultades que hay en torno a la persecución de estos delitos, precisamente, por la falta de los instrumentos adecuados para su persecución”, subrayó.
En ese sentido, mencionó que uno de los aspectos que preocupa de las estafas que se están realizando a clientes bancarios es que “el origen de los phishing, que dieron lugar a las posteriores usurpaciones de identidad que se utilizaron para la comisión de los fraudes, arrancan en IP localizadas en el exterior”.
Además agregó que para la Fiscalía “todavía no está claro a dónde va a parar finalmente el dinero, que es en criptoactivos”. “Hay una cantidad de aspectos nuevos que, francamente, dificultan la investigación”, señaló.
Lackner cuestionó la descripción que el proyecto hace de la tipificación de estafa informática porque requiere la inducción a error a una persona, y “en los procesos de automatización, por definición, se ha sacado a las personas del medio, incluso como una forma de eficacia, que no dependa de una voluntad”.
El fiscal dijo que el requisito de que haya una persona inducida a error “es precisamente lo que tradicionalmente causó la inaplicación o la imposibilidad de aplicar el delito tradicional de estafa a los fraudes informáticos”. “No se engaña al cajero con una tarjeta clonada, a lo sumo es el equivalente a usar una llave sofisticada”, agregó.
Además, señaló que el “apoderamiento” no es un concepto útil en el ciberdelito dado que “estamos hablando de datos informáticos, que se pueden dividir o reproducir con la misma calidad sin que el original ni la copia pierdan ninguno de sus valores”.
Otro punto tratado por Lackner fue si se establece la obligación de que los centros de reportes e incidentes informáticos hagan la denuncia, una vez que estos incidentes se transformen en delitos, “particularmente en el sector privado, porque puede haber empresas que prefieran soportar las pérdidas antes que arriesgar su prestigio reputacional ante la comunidad por verse atacadas”.
Por otra parte, Lackner destacó la necesidad de conjugar “la eficacia en la investigación penal” con la “la preocupación por el respeto a los derechos humanos” y particularmente la protección de la intimidad para valorar la “proporcionalidad entre la gravedad del delito que se investiga y el nivel de injerencia en la intimidad de las personas”.