Conflicto a tres bandas

Al alinearse con la posición marroquí respecto del Sahara Occidental, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no sólo sorprendió a sus ciudadanos y a su propio gobierno. También provocó la ira de las autoridades argelinas, que tomaron medidas de represalia económicas. Los migrantes clandestinos y el gas han sido factores de presión en cada caso.

“Hay que castigar a España”. Como respuesta a ese lema transmitido por las redes sociales argelinas, las autoridades de Argel anunciaron, el 8 de junio, la suspensión inmediata del Tratado de Amistad y Buena Vecindad celebrado entre España y Argelia en 2002. Ese mismo día, la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) argelina decretó el congelamiento del financiamiento de las operaciones comerciales desde y hacia España. La medida está lejos de ser anodina, ya que el país ibérico es el quinto proveedor de Argelia, con 2.700 millones de euros de exportaciones en 2019, el último año antes de la pandemia. Para Argelia, España es su tercer cliente, con importaciones gasíferas por un monto de 2.300 millones de euros.

Aunque las medidas coercitivas tomadas por Argel no atañen al comercio de hidrocarburos –al menos por el momento–, ¿cómo se explica semejante escalada? Todo se debe a la cuestión del Sahara Occidental.¹ Ocupado por España hasta 1976, ese territorio es reivindicado por Marruecos, que ocupa hoy una gran parte de él. Por su parte, Argelia defiende la autodeterminación de las poblaciones saharauis, tal como prevé la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la vez que apoya a los independentistas del Frente Polisario. Una independencia que Marruecos no desea, proponiendo en cambio una amplia autonomía de ese territorio, pero bajo su soberanía. Hasta hace poco, España, en tanto expotencia colonial, se mantenía en una posición aparentemente equilibrada, reivindicando “el respeto de las decisiones de la ONU”, pero apoyando discretamente los esfuerzos de la diplomacia marroquí en el seno de la Unión Europea (UE), sin satisfacer realmente a Rabat. El 18 de marzo, la decisión súbita de Madrid de alinearse con la posición marroquí al apoyar el plan de autonomía del Sahara generó entonces sorpresa y provocó la ira de Argel.

Para comprender plenamente los desafíos de esta crisis regional hay que remontarse a las últimas horas del mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. El 10 de diciembre de 2020, Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, y a cambio el reino se comprometió a normalizar sus relaciones con Israel. Ninguna otra potencia occidental había dado ese salto, y esa decisión envalentonó a Rabat. El 15 de enero de 2021, Nasser Bourita, el ministro de Relaciones Exteriores marroquí, hizo entonces un llamado a los países europeos a salir de su “zona de confort”, inspirándose en el ejemplo estadounidense. Hasta entonces, solamente Francia había apoyado el plan de autonomía propuesto por Marruecos para resolver el conflicto del Sahara Occidental. Pero París nunca llegó al punto de reconocer la soberanía marroquí sobre ese territorio, como lo hizo la Casa Blanca.

Fortalecidas por el apoyo estadounidense, las autoridades marroquíes están convencidas de que, si Madrid se alinea con sus argumentos, otros países europeos, e incluso latinoamericanos, la seguirán. En diciembre de 2020, precisamente cuando Trump anunciaba su decisión, Rabat anulaba, bajo un pretexto fútil, la Cumbre Hispano-Marroquí que debía llevarse a cabo una semana más tarde. El 18 de abril de 2021, el recibimiento de Brahim Ghali, jefe del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entonces gravemente enfermo de covid-19, en un hospital público de Logroño (norte de España), proveyó a Rabat de argumentos adicionales para subir el tono. El gobierno español había respondido favorablemente, por “razones estrictamente humanitarias”, a un pedido de las autoridades argelinas. Sin embargo, en un primer momento, Madrid intentó esconder su llegada; sin duda para no ofender a Marruecos, para quien Ghali es el enemigo público por excelencia.

Los servicios secretos marroquíes se enteraron no obstante de su presencia en España. ¿Es porque habían puesto bajo escucha, gracias al programa Pegasus, miles de celulares argelinos, como lo reveló el año pasado el sitio Forbidden Stories?² ¿O es porque la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, tenía también su teléfono infectado, como lo reconoció entre líneas el gobierno español? El caso es que la exclusiva de la hospitalización de Ghali primero salió en El Noticiario, un sitio web hasta entonces desconocido, y fue retomada enseguida por diarios cercanos al palacio real marroquí.

Escalada

La crisis bilateral pasó entonces al siguiente nivel. Primero en el campo diplomático, con la convocatoria del embajador de España en Rabat, Ricardo Díez Hochleitner Rodríguez, y luego con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí que repudió un “acto contrario al espíritu de cooperación y de buena vecindad”; finalmente, en mayo, con la llamada a consultas de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Luego, Rabat usó la herramienta de la inmigración irregular. En menos de 48 horas, entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, más de 10.000 migrantes clandestinos, entre los cuales el 20 por ciento eran menores, desembarcaron en Ceuta, llegando en su mayoría a nado desde la playa vecina de Fnideq. Bourita justificó esa oleada migratoria, en una declaración a la agencia de prensa Efe, “por el cansancio de la policía marroquí tras las fiestas del Ramadán”. Dos tercios de los inmigrantes regresaron a Marruecos después de unos días. La demostración de fuerza fue edificante.

El archipiélago de las Canarias también sufrió un flujo migratorio constante (22.316 llegadas de migrantes clandestinos en 2021). Cuando las negociaciones hispano-marroquíes para poner fin a la crisis entraron en la recta final, las llegadas a las costas se intensificaron. En los dos primeros meses de este año, aumentaron en un 135 por ciento con respecto a 2021, según el Ministerio del Interior español. De los 5.496 harragas (migrantes clandestinos del Magreb) que desembarcaron en el archipiélago en enero y febrero, casi todos venían del sur de Marruecos y del Sahara bajo el control marroquí. A principios de marzo también hubo dos incursiones masivas en Melilla, con la participación de más de 2.500 subsaharianos. Cerca de 900 de ellos lograron saltar el alambrado y penetrar en la ciudad.

El tercer gran componente de las represalias marroquíes contra España fue el cierre, en 2021, del tráfico de pasajeros en el estrecho de Gibraltar y de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. El verano pasado Rabat había restablecido el tráfico marítimo de pasajeros desde Francia e Italia –hasta entonces suspendido por razones sanitarias–, pero no con España. Sin embargo, a través de los puertos andaluces, hasta 2019, en el verano transitaban 3,3 millones de inmigrantes marroquíes a bordo de 760.000 autos para pasar las vacaciones en su país. Ciertamente, el boicot marroquí privó a las estaciones de servicio y a los puertos españoles de jugosos ingresos, pero sobre todo perjudicó a los marroquíes que residen en Europa. No fue sino en abril último que los ferris volvieron a navegar por el estrecho de Gibraltar, y hubo que esperar hasta el 17 de mayo para que las fronteras terrestres entre los enclaves y el reino fueran reabiertas.

Llamado de Felipe VI

Durante esta crisis migratoria, las autoridades españolas evitaron echar más leña al fuego. A partir del verano, Pedro Sánchez, el jefe de Gobierno, multiplicó los gestos conciliatorios hacia Marruecos. El primero de ellos fue echar de su gobierno, durante la reestructuración de julio de 2021, a la ministra de Relaciones Exteriores que había aceptado hospitalizar a Ghali en Logroño. Desde ese entonces se había convertido en la “bestia negra” de las autoridades marroquíes. En setiembre fue culpada de prevaricato por un juez de instrucción de Zaragoza, por haber organizado el recibimiento en secreto del dirigente saharaui en España, antes de ser exonerada a fines de mayo.

El agravamiento de las tensiones entre Argelia y Marruecos³ también le permitió a España mejorar sus relaciones con Rabat. El 31 de octubre de 2021, cuando Argel cerró el gasoducto Magreb-Europa (GME), privando así a su vecino del gas que extraía para alimentar dos centrales eléctricas, el gobierno español se mostró enseguida dispuesto a compensar esa interrupción. Un acuerdo fue celebrado entonces para que el gas natural licuado (GNL) comprado por Madrid en los mercados fuera regasificado en España y reenviado hacia Marruecos vía el GME. Incluso el rey Felipe VI fue convocado para poner fin a la crisis. Durante la recepción del cuerpo diplomático, en enero, el monarca hizo un solemne llamado a Marruecos, invitándolo “a caminar juntos para concretar una nueva relación bilateral”. Pero su mensaje no fue escuchado ni en Madrid, estando todavía ausente la embajadora marroquí, ni en Rabat. La mano tendida no era suficiente, en opinión de los marroquíes. Hacía falta que Madrid dejara de lado su neutralidad para apoyar su plan de autonomía en el Sahara.

Finalmente, Sánchez se decidió entonces a pagar el alto precio exigido por Marruecos para la reconciliación. “España considera la propuesta de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de ese litigio [en Sahara Occidental]”, escribió así en una carta enviada al rey Mohamed VI el 14 de marzo. Este hizo públicos ciertos extractos en un comunicado real publicado el 18 de marzo.

Así, a través del soberano marroquí, los españoles, incluyendo la mayor parte de los miembros del gobierno, se enteraron de ese cambio central de la posición de su país sobre el conflicto del Sahara. Ese giro diplomático fue muy mal acogido, no solamente por la oposición de derecha, sino también por el ala minoritaria (Podemos, extrema izquierda) en el seno de la coalición gubernamental y por los nacionalistas de todo tipo. El mismo día en que Sánchez voló hacia Rabat, presentaron en la Cámara de Diputados una resolución que recordaba la doctrina tradicional de España sobre el Sahara. Fue un desaire para el jefe del Ejecutivo. Solamente los socialistas se opusieron en la cámara baja, mientras que la extrema derecha se abstuvo.

Al otorgar un apoyo tan pronunciado a la solución marroquí, el jefe de Gobierno español quiso sobre todo poner fin a la crisis que duraba desde hacía 15 meses y obtener algunas concesiones de parte de Rabat. Fue a obtenerlas en la capital del reino jerifiano el 7 de abril durante un iftar (comida de fin del ayuno) con el rey Mohamed VI. El comunicado hispano-marroquí publicado ese día anuncia particularmente la creación de grupos de trabajo sobre los espacios marítimos y aéreos. Permite también entrever que la oficina de aduanas de Melilla, cerrada en 2018 por Marruecos sin informar de ello a España, será reabierta, y que otra será inaugurada en Ceuta. Esto no significa en absoluto que Rabat reconozca la soberanía española sobre esas dos ciudades, acerca de las cuales todavía no acepta las sentencias de los tribunales ni los documentos notariales. Inmediatamente después, la inmigración irregular disminuyó significativamente, sobre todo en las Canarias. En abril, el ritmo de llegada de clandestinos cayó a un promedio diario de 25, contra 93 en enero y febrero.

Si bien Sánchez puso fin a una crisis con Marruecos, abrió otra con Argelia. Al día siguiente de la publicación del comunicado real acerca de la carta del jefe de Gobierno español, Argel llamó a consultas a su embajador en Madrid. Las autoridades argelinas se sintieron aún más indignadas porque habían escuchado la noticia de la “traición española”, expresión utilizada en repetidas ocasiones por los medios oficiales, a través de la prensa. Un mes después, el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, volvió a la carga, describiendo como “ética e históricamente inadmisible” el giro de España.

A medida que Marruecos levantaba sus represalias contra España, Argelia tomaba el relevo e imponía las suyas. Comenzó por suspender la repatriación de inmigrantes irregulares llegados a las costas de Murcia o Almería; y luego el director de la compañía petrolera pública Sonatrach, Toufik Hakkar, dio a entender el 1° de abril que, entre sus clientes, a España se le impondría un aumento del precio del gas. Por último, el Ministerio de Energía argelino exigió el 27 de abril a las autoridades españolas que le proveyeran una suerte de certificado sobre el origen del gas que sería entregado a Marruecos para tener la certeza de que no es argelino. Argel incluso amenazó con cortar el gas a España si resultaba que estaba reexportando hidrocarburos argelinos a Marruecos.

Gas de esquisto estadounidense

En consecuencia, España comenzó a reducir su dependencia energética respecto de Argelia, que, por primera vez, desde el comienzo del año, no es más su principal proveedor. En 2021, el 44 por ciento del gas consumido en España era argelino, un porcentaje que cayó al 26 por ciento durante los tres primeros meses de este año. De ese modo, Estados Unidos superó a Argelia. En el primer trimestre, las importaciones españolas de GNL estadounidense treparon en un 460 por ciento. El gas de esquisto estadounidense representa el 37 por ciento de las compras españolas de hidrocarburos. Es incluso reexportado hacia Francia a través de los dos pequeños gasoductos del País Vasco y de Navarra.

¿Puede España prescindir de Argelia? A mediados de junio, nada indicaba un próximo apaciguamiento de las tensiones. El 20 de junio, el Ministerio de Turismo argelino incluso ordenó a los viajeros que “suspendieran inmediatamente todas las operaciones y relaciones turísticas con el Reino de España”. Madrid, por su lado, apela a la Comisión Europea y espera que haga que las autoridades argelinas entren en razón, alegando particularmente que las sanciones son incompatibles con el Acuerdo de Asociación celebrado entre Argel y la Unión Europea (UE) en vigor desde 2005. Las autoridades españolas aluden también al uso del arbitraje internacional, en el caso de que Argel les cierre el grifo del gas. Pero las autoridades argelinas parecen definitivamente decididas a hacer pagar un alto precio a Sánchez por su “traición”, aprovechando las divisiones internas que este asunto provoca en España.

Formuladas sin la menor prueba, las acusaciones de dos ministros españoles que ven la mano de Moscú detrás de la “agresión” argelina –el presidente ruso, Vladimir Putin, empujaría a su par argelino a penalizar a España como represalia por las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania– sólo lograron irritar aún más a Argel.⁴ Es muy probable que la crisis argelino-española perdure hasta los últimos meses de 2023, fecha del final de la legislatura en España. Argel espera que, como parecen indicarlo las encuestas, los socialistas españoles pierdan el poder antes de esbozar un gesto de reconciliación hacia Madrid.

Ignacio Cembrero, periodista. Traducción: Micaela Houston.