El comité de salvación privada

Traicionar al mercado para salvar a los mercaderes. Tal podría ser la divisa de un Estado bombero que extingue con dinero público las llamas que amenazan lo privado. Así lo plantean los autores de este artículo que disecciona las paradojas del vínculo entre crisis, liberalismo y salvataje estatal.

El Estado francés puede confinar a su población, hacer que la policía inspeccione las bolsas de compras, cerrar las fronteras y gastar “cueste lo que cueste”, requisar máscaras y enfermeras –y luego imponer un pase sanitario– en nombre de la lucha contra la pandemia de covid-19 en 2020. Puede nacionalizar los bancos durante la tormenta de las hipotecas subprime en 2008, olvidarse de las obligaciones presupuestarias y financieras europeas durante la crisis del euro en 2012-2015, y pisotear el fetiche de la estabilidad monetaria al incitar al Banco Central Europeo (BCE) para que ponga en marcha la máquina de hacer billetes. Puede encarcelar sin juicio previo a los sospechosos de terrorismo, hacer registros sin control jurisdiccional previo, colocar vehículos blindados en los Campos Elíseos de París contra las protestas de los “chalecos amarillos” en 2018, puede expropiar a los oligarcas (rusos, no franceses...). Puede infligir tratamientos inhumanos a los refugiados afganos o sirios en la ciudad francesa de Calais y recibir a los ucranianos con los brazos abiertos. Puede prohibir a los medios prorrusos y aceptar que se persiga a Julian Assange, quien reveló crímenes de guerra estadounidenses.

El Estado lo puede todo

¿Todo? ¡Mire usted! Desde mediados de la década de 1980 todos describen, al contrario, un Estado débil, desmantelado,¹ sumergido, organizador de su propia impotencia. ¿No destruyó acaso sus herramientas de planificación, no dislocó administraciones eficaces (armamento, aduanas), no renunció a su política industrial al privatizar, desde 1985, alrededor de mil empresas públicas donde trabajaban más de un millón de asalariados –bancos, compañías de seguros, industria pesada, comunicación, energía, etcétera– al punto de dividir en dos la participación pública en la cifra total del empleo asalariado (de 10,1 por ciento a 4,9 por ciento en 2016)?²

¿Acaso no abdicó de su soberanía monetaria en favor del BCE, no amputó sus ingresos al bajar a la mitad las tasas impositivas a las empresas (de 50 por ciento a 25 por ciento), al reducir a un tercio la tasa marginal superior del impuesto sobre las ganancias (de 65 por ciento a 45 por ciento) entre 1985 y 2022? ¿No se rebajó al rango de garante de las leyes del mercado cuando firmó los tratados europeos que sacralizan la competencia? ¿No abandonó su política exterior autónoma, no alineó su aparato diplomático según las prioridades estadounidenses y se reintegró dócilmente al mando militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que había abandonado el general Charles de Gaulle en 1966? Claro que sí. Y, hasta una fecha muy reciente, los dirigentes políticos se felicitaban por ello.

Pero ¿cómo puede un Estado impotente hacer entonces tanto? ¿Qué magia le otorga el poder total cuando no tiene medio alguno?

Este modo de acción es el gobierno a través de la crisis. O más bien a través de las crisis: una sucede a la otra; cada una impone su estado de emergencia; todas convocan la intervención del oso estatal, cuya piel ya había sido vendida hace rato. Por medio de un gesto exorbitante del derecho común, el poder público estadounidense, es decir, el contribuyente, compró en 2008 unos 700.000 millones de dólares de créditos dudosos, a fin de salvar un sistema financiero en quiebra por las consecuencias de la desregulación. Entre 2009 y 2015, la misma lógica empuja a los Estados a que rompan, mediante las instituciones de la Unión Europea (UE), las tablas de la ley económica europea: se pulverizan los criterios de Maastricht [uno de los tratados fundacionales de la UE], se mutualiza la deuda pública o se hace que el banco central la refinancie, se emite moneda a tiempo completo, se hacen salvatajes de los Estados miembros amenazados con la quiebra por los mercados, se controlan los capitales en Grecia y Chipre.

Ironía del fin de la historia, a la glaciación de la Guerra Fría le siguió un capitalismo convulsivo más que la “globalización feliz” prometida por los intelectuales de corte. Una parte del planeta vivió estos últimos 30 años como una sucesión de sobresaltos: “terapia de shock” y desempleo masivo en los países del exbloque soviético, desmoronamiento financiero en Rusia y el sudeste asiático en 1988, explosión de la burbuja de internet en 2000, atentados del 11 de setiembre de 2001, quiebra de Argentina ese mismo año, “gran recesión” de 2008-2009, “primaveras árabes”, crisis de la deuda europea en 2012-2015, pandemia de covid-19, catástrofes climáticas, y eso sin hablar de las intervenciones militares occidentales en Somalia, Irak, Afganistán, Libia, etcétera.

Sea económica, monetaria, social, geopolítica, medioambiental o sanitaria, la crisis obliga al poder público a actuar con vigor. Incluso el Estado Federal de Alemania, con fama de indeciso, no dudó en expropiar, el pasado mes de abril, Gazprom Germania, la filial del conglomerado ruso, y en inyectarle luego 10.000 millones de euros de dinero público; para luego considerar sacar a flote a los operadores del gas que quedaron desestabilizados por las sanciones de los países occidentales contra Rusia. En esos instantes de peligro, el corsé reglamentario se afloja un poco. “Las reglas presupuestarias europeas quedarán en suspenso en 2023”, titula el diario económico Les Échos (24 de mayo): la Comisión “quiere dejar a los Estados el suficiente margen como para amortiguar el impacto de la guerra y salir de los hidrocarburos rusos”.

Ahora bien, para actuar, el gobierno de la crisis debe sortear los obstáculos a su propia intervención que él mismo había erigido. Primera traba: un cuerpo administrativo roído hasta los huesos por la austeridad y las reorganizaciones incesantes. Entonces, más que volver a abastecer la función pública, el ejecutivo recurre a la banca de inversiones (encargada en julio del pliego de recapitalización de Electricidad de Francia, EDF),³ y a las agencias de consultoría. ¿Quién se pone a la búsqueda de un comprador para la fábrica francesa de botellas de oxígeno de uso médico Gerzat (Puy-de-Dôme) en febrero de 2021? No es el Ministerio de Economía de ese país, sino la empresa PwC. ¿Quién organiza la logística de las vacunas para los franceses en diciembre de 2020? No son los servicios públicos de Francia, sino la firma Citwell.

Segunda traba: la plétora de leyes nacionales o europeas que someten la acción pública al respeto de las reglas del mercado –rigor presupuestario, libre acceso a las contrataciones públicas–. En tiempos comunes y corrientes, todo dirigente que pretendiera liberarse de ellas se arriesgaba a recibir la etiqueta de “populista irresponsable”. En estado de emergencia, sólo los aguafiestas quisquillosos se avienen a considerarlas. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Citwell y su homólogo JLL recibieron 18 encargos por un monto total de ocho millones de euros sin tener que pasar por licitación, una obligación que sin embargo es sagrada en el derecho de las contrataciones públicas. El dinero “mágico” aparece, pero para lo privado: “Los ministerios sociales multiplicaron por 20 el monto de sus gastos en consultas estratégicas y de organización en el contexto de la crisis sanitaria”.⁴ McKinsey obtuvo 12,3 millones de euros para distintas misiones, entre ellas la organización de la campaña de vacunación francesa, mientras que sus consultores cuestan en promedio siete veces más caros que un funcionario de alto rango (2.708,26 euros por día contra 362 euros). La misma práctica se observa en Reino Unido, donde, entre el referéndum de 2016 y abril de 2019, para preparar el brexit, el gobierno gastó 115 millones de euros en trabajos de asesoría.⁵

Expresión químicamente pura del Estado neoliberal y de su intervencionismo de mercado, el gobierno de la crisis centraliza temporariamente la coordinación de las conductas –pero con la única finalidad de reestablecer su autolimitación–. El costo de las medidas públicas de sostén y de reactivación que se tomaron desde marzo de 2020 alcanzó los 157.000 millones de euros, es decir, más que los presupuestos de 2019 de educación, ecología, defensa, policía y justicia sumados. El Tesoro público remuneró hasta la mitad de los asalariados franceses. Sin embargo, este gesto político y soberano que apunta a financiar la economía no consiste, para el poder público, en pilotearla, sino en hacer más solvente al sector privado: el fondo solidario creado por el gobierno durante la crisis sanitaria colmó la tesorería de más de una de cada dos empresas. Y mientras su deuda se inflaba por el efecto de estas medidas –indemnización de la actividad parcial, cobertura de las pérdidas de las cifras de negocios– así como por el desplome de las recetas fiscales, el Estado pudo garantizar todavía 145.000 millones de euros en préstamos que suscribieron más de 70.000 empresas privadas.⁶

Traicionar al mercado para salvar a los mercaderes, tal podría ser la divisa de un Estado bombero que extingue con dinero público las llamas que amenazan a lo privado: el rescate sin condición de los bancos se pagó con la austeridad y, 15 años después del inicio de la crisis de las subprime, las finanzas desreguladas prosperan. En 2020, el financiamiento público del sector privado salvó al pequeño empresariado de los rubros de la hotelería y gastronomía y también al artesanado, pero el hospital público y su personal agonizan. Mientras que el retorno a la rutina hará sonar la hora de la austeridad para la administración, los dueños de las empresas se beneficiarán siempre de los mimos del poder ejecutivo. ¿Acaso el hoy presidente de Francia, Emmanuel Macron, no movilizaba ya en 2014-2015, cuando era ministro de Finanzas, los recursos del Estado central para hacer entrar en cortocircuito las reglas de la competencia, como las del derecho al trabajo, y favorecía la implantación en Francia de la empresa estadounidense de transporte Uber?⁷

En la primavera boreal de 2020, el disparate de las cadenas de abastecimiento tendidas y extendidas en Asia había llevado al gobierno francés a requisar los stocks y a asumir el control temporario de la distribución. Ahora que estamos ahí, el “mundo del después” que prometió Macron el 13 de abril de 2020 no supone ni relocalizaciones de las filiales farmacéuticas, ni control público de los bienes y servicios críticos: todo vuelve a ser tal como era antes.

Con la crisis energética inducida por las sanciones europeas contra Rusia, la astucia se vuelve llamativa. A principios de julio, el Estado francés consideraba nacionalizar las deudas de EDF (después de haber privatizado en 2020 las ganancias de la Lotería francesa), aunque la Comisión Europea reconsideraba súbitamente su filosofía de las subvenciones públicas: apurada por reducir la dependencia del gas ruso de los 27 integrantes de la UE, “consultará a los Estados miembros sobre las necesidades y alcances de un nuevo marco temporario de crisis de ayudas de Estado que apunta a otorgar ayudas a la empresas afectadas por la crisis”.⁸

Treinta años después de la caída del Muro de Berlín, un comité de salvación privada instalado por las clases dominantes preside los destinos de la mayor parte de los países occidentales. La irrupción de esta forma de gobierno difiere del “estado de excepción permanente” que analizaba el filósofo Giorgio Agamben:⁹ si una y otro suspenden la norma imponiendo el predominio de lo político sobre el derecho, Agamben se concentra en el poder de la policía y la obsesión por la seguridad, mientras que el comité de salvación privada resuelve indistintamente sobre el aprovisionamiento de papel higiénico durante la pandemia de covid-19 y sobre la represión contra los “chalecos amarillos”.

No se trata tampoco de la “estrategia de shock” en nombre de la cual, según la ensayista Naomi Klein, los gobiernos instrumentalizan el pasmo que sigue a una catástrofe para llevar adelante reformas capitalistas y guerras imperiales. El comité de salvación privada interviene en un mundo ya neoliberalizado para intentar atenuar las contradicciones de un orden económico que genera caos. Pero, al igual que la estrategia del shock, su acción supone una movilización mediática de gran amplitud para elevar un problema al rango de “crisis mayor”, para instalar un sentido de la urgencia y acompañar las decisiones extraordinarias destinadas a contrabalancearlo. Esta forma de poder no procede tampoco de la lógica de radicalización del neoliberalismo en favor de las sacudidas que habrían debido verlo caer, como lo habían adelantado a propósito de la crisis financiera de 2008 los filósofos Pierre Dardot y Christian Laval:¹⁰ ya no apunta tanto a deshacer los logros sociales de la segunda posguerra sino a desbloquear temporariamente los frenos a la acción política introducidos por las mismas reformas neoliberales.

Este gobierno del pánico que apacigua los efectos cuyas causas él abonó seguirá siendo sin dudas la marca de una época, la de la globalización triunfante. El Estado se ve relegado en ella al rango de anacronismo en beneficio de instituciones trasnacionales que instituyen mercados competitivos, monedas fuertes, rigor presupuestario y deslocalizaciones –en detrimento de los pueblos–. El aumento de las tensiones geopolíticas y las rupturas que estas provocan en las cadenas mundiales de abastecimiento revigorizan el rol de la política, el sentido de la soberanía y las iras populares. Les falta todavía a estas últimas, sin embargo, una traducción política poderosa para que el comité de salvación privada ceda por fin su lugar a un comité de salvación pública.

Pierre Rimbert y Grégory Rzepski, respectivamente, redactor de Le Monde diplomatique (París) y funcionario de alto rango francés. Traducción: Pablo Rodríguez.