A 50 años del golpe

Con el estilo levemente ondulado que caracteriza el relieve del país, la oposición uruguaya propuso en el Parlamento que dos fechas ligadas a la lucha por los derechos humanos sean declaradas, sólo por este año, feriados laborables¹. Una intención minimalista que nació con plena conciencia de su imposibilidad. Los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, que instalaron una dictadura cívico-militar que duró hasta el 1º de marzo de 1985, no fueron suficientes para convencer al actual oficialismo de centroderecha. Esto, a pesar de que una de las dos fechas que se pretendía conmemorar recuerda el asesinato, en Buenos Aires, del legislador nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz. Su cadáver fue encontrado, el 20 de mayo de 1976, en un auto estacionado en la esquina de la avenida Richeri y Perito Moreno, junto con el de su par Zelmar Michelini, diputado frenteamplista de origen colorado, y los de los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo. El médico comunista Manuel Liberoff, secuestrado en el mismo operativo del Plan Cóndor, permanece desaparecido. Hoy el gobierno parece querer confinar la conmemoración en el ámbito exclusivo de la pérdida de libertades políticas y limar sus elementos de derechos humanos atacando a las víctimas².

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Un material normalmente frágil, pero duro, es el vidrio. No resulta extraño, entonces, que la resistencia haya nacido en el sindicato de trabajadores que lo fabrican. A las cinco de la mañana de ese 27 de junio de 1973 las radios, en cadena nacional, cubrían su silencio con la emisión de canciones folclóricas y marchas militares. A la 1.40 de esa madrugada había culminado la última sesión de las cámaras legislativas disueltas por orden del presidente Juan María Bordaberry. El autogolpe se oficializaba mediante el decreto 464. A medida que los uruguayos se iban despertando, la radio les daba noticia de la nueva realidad a través de ese loop de un comunicado oficial bañado en la textura de acúfeno de la música marcial.

Muchos habían seguido las informaciones de los discursos parlamentarios de la noche anterior, o los trascendidos que se iban colando en los comentarios de los insomnes. En especial, el velorio del escritor Francisco Paco Espínola, en un apartamento de Solano García y la rambla Gandhi, en Punta Carretas, fue centro de reuniones de muchas figuras de izquierda que pronto entrarían en la vida clandestina. Llevado luego su cuerpo a la sede del Partido Comunista, en la entonces calle Sierra, hoy Fernández Crespo, se dice que el cortejo fúnebre de Espínola, que recorrió 18 de Julio con el féretro a pulso hasta el cementerio Central, fue el primer acto público de desafío a la dictadura³, algo similar a lo que ocurriría en Chile, ese mismo año, con el entierro del poeta Pablo Neruda.

La misma madrugada del velatorio de Espínola, pero a 14 kilómetros de distancia, en el barrio obrero de La Teja, el Secretariado de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) decidió en la Federación del Vidrio la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en rechazo al golpe. La formalidad se completó horas después en la cercana textil La Aurora, en el Paso Molino, cuando la Mesa Representativa de la CNT ratificó lo definido por sus dirigentes⁴.

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Las dificultades de considerar al 20 de mayo o al 27 de junio como fechas patrias de Uruguay no son nuevas. En 2013, durante el gobierno del frenteamplista José Mujica, el colectivo de expresos políticos Crysol propuso que el aniversario del golpe fuera feriado no laborable en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado⁵. No fue posible. En los argumentos de su reclamo los expresos citaban el caso de Argentina, donde los 24 de marzo, fecha del golpe de Estado de 1976, es día de recordación inamovible. La conmemoración en el país vecino comenzó su camino durante la presidencia de Carlos Menem, quien decretó en 1998 una jornada de reflexión; cuatro años después, su par Eduardo Duhalde creó el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que desde 2006, ya bajo mandato de Néstor Kirchner, se volvería feriado con día fijo (en 2017 el presidente de centroderecha Mauricio Macri decretó su movilidad, pero debió dar marcha atrás 11 días más tarde debido al rechazo de organizaciones de derechos humanos).

En Chile (el otro país que este año recuerda los 50 años de un golpe de Estado, en su caso el 11 de setiembre), la orografía de la memoria es escabrosa. Si bien carece de la suave ondulación uruguaya, sus cumbres parecen ser el contramolde de las argentinas. Sin la cultura de juicios a los terroristas de Estado que existe de este lado de los Andes⁶, Chile tuvo que desmontar las conmemoraciones de la dictadura antes de empezar a establecer las democráticas. Cada 11 de setiembre era recordado por el pinochetismo, desde 1981, como Día de la Liberación Nacional. Aunque la dictadura terminó en 1990 con la toma de mando de Patricio Ailwyn, el extraño formato tutelado que dejó a Augusto Pinochet como senador vitalicio mantuvo firme, durante ocho años de democracia, esa recordación protofascista. Recién en 1998 el gobierno de Eduardo Frei logró derogarla y cambiarla por el Día de la Unidad Nacional. Tan escasamente caló en la población ese feriado ecuménico, que apenas se realizó en tres oportunidades antes de su extinción.

Distinto fue el caso de la declaración del Día Nacional del Ejecutado Político, decretado por Michelle Bachelet en 2010. En su exposición de motivos, la presidenta chilena señaló que lo hacía porque “durante muchos años” el día 30 de octubre había sido elegido por la sociedad para esa conmemoración. Lo mismo podría haber pensado su par uruguayo José Mujica respecto del 20 de mayo, que desde 1996 es el momento de la estremecedora Marcha del Silencio.

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Aquella huelga iniciada en la Federación del Vidrio duró dos semanas. Su símbolo se materializó desmaterializando: cuando los trabajadores del sindicato de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap) apagaron la llama de la refinería de petróleo de La Teja.

El 9 de julio de 1973 las fuerzas democráticas acudieron a una gran manifestación en la principal avenida de Montevideo, que sería duramente reprimida por la Policía. Luego, varios militares de izquierda, en particular el candidato presidencial del Frente Amplio, general Liber Seregni, fueron encarcelados. Aunque la huelga se levantó el 11, fue la masiva concentración del 9 la que entró en consideración de la CNT para cerrar esa primera etapa de lucha con un gesto que consideraban victorioso.

Siempre hubo resistencia durante la dictadura cívico-militar que se extendió por 11 años. En cambio, tuvo la complicidad de algunos medios de comunicación, empresarios y políticos de derecha (sólo uno de los 19 intendentes del país dejó su cargo en protesta contra el cuartelazo, el rochense Mario Amaral)⁷. Para mantenerse en el poder, el “proceso” desplegó un régimen de terror que se caracterizó por el encarcelamiento masivo de opositores. Si en Argentina el modus operandi del terrorismo de Estado fue la desaparición de personas y en Chile las ejecuciones sumarias, en Uruguay fue la prisión política (aunque también hubo desaparecidos). La dictadura lo transformó en el país con el mayor porcentaje de presos políticos por cantidad de habitantes⁸. Quizá por eso en el Museo de la Memoria montevideano (que no tiene carácter nacional como el chileno o el sitio de la memoria de la ESMA en Argentina, sino departamental), se levantan, entre otros testimonios de la infamia, los mamelucos de los presos y la puerta de una celda.

Roberto López Belloso, director de Le Monde diplomatique, edición Uruguay.