Los límites de un bien común

La paradoja del agua como servicio público incluye la pregunta de quién paga las infraestructuras para beneficio de quién. La balanza de las soluciones terminará inclinándose, como en otros temas, al influjo de la correlación de fuerzas. Las políticas contra el estrés hídrico serán, de esa manera, una cuestión política.

Cuando se recorren las soleadas rutas del sur de Arizona, ¿cómo no sentirse invadido por una sensación de absurdo? Mientras el oeste estadounidense atraviesa una prolongada sequía, en el desierto de Sonora se construyen condominios hasta donde alcanza la vista, unidos a centros comerciales por rutas de doble carril. Por un lado, cerca del aeropuerto de Tucson, viviendas insalubres, sin aire acondicionado y a menudo sin agua corriente, salpican las áridas y polvorientas llanuras del condado de Pima. Por otro, a pocos kilómetros, lujosas villas rodeadas de cactus centenarios dominan el valle y dejan ver elaborados “jardines desérticos” que adornan, con plantas xerófitas y piedras bellamente dispuestas, las recomendaciones oficiales de no consumir demasiada agua. Para mantener esta expansión urbana y sus beneficios económicos, un canal de más de 540 kilómetros (el Central Arizona Project) desvía las aguas del río Colorado (con un caudal de 85 metros cúbicos por segundo) en una vía de más de siete metros de ancho medio, regulado por 14 estaciones de bombeo y varias decenas de válvulas.

Es también en esta región, que vive por encima de sus recursos hídricos, donde el gobierno del condado de Pima ha tomado iniciativas ecológicas. El río Santa Cruz, seco desde hace varias décadas debido a la sobreexplotación de las napas freáticas y los arroyos de la región (pastura, agroindustria, cultivo de algodón, minería, crecimiento urbano, etcétera), ha vuelto a fluir alimentado por las aguas residuales de la ciudad de Tucson, que ahora se reciclan y vierten en varios lugares. Aunque el proyecto no se corresponde del todo con una restauración ecológica que garantice el funcionamiento del ciclo del agua y la autorregulación de los ecosistemas, pone de relieve un rasgo clave de la relación contemporánea con los “recursos naturales”, incluso cuando está impulsada por las mejores intenciones medioambientales: el acceso al agua depende de una vasta infraestructura técnica¹ que, en este caso, está compuesta por plantas depuradoras (con sus dispositivos químicos) y tuberías para conducir hasta el río el agua reprocesada. Las reflexiones sobre los conflictos hídricos suelen dejar de lado este hecho ordinario en favor de una idea general y generosa, al menos en apariencia: este recurso debería considerarse un bien común, esencial para la vida. Esto daría lugar a un “derecho al agua” que institucionalizaría un vínculo espontáneo entre la Naturaleza y la Humanidad. Sin embargo, nada es menos natural que el acceso al recurso y las formas socializadas de su apropiación.

Línea de tiempo

El investigador Bernard Barraqué² distingue tres etapas en el desarrollo de la industria del agua: la gestión cuantitativa basada en la ingeniería civil que suministra agua de fuentes lejanas (siglo XIX), la gestión cualitativa basada en la ingeniería sanitaria y las instituciones locales (fines del siglo XIX, principios del siglo XX) y, por último, la gestión patrimonial, que implica una ingeniería medioambiental. Esta tercera era habría permitido pasar de una lógica basada en la oferta (aumento del recurso) a una gestión basada en la demanda (usos más sobrios) en la que se trata menos de un recurso natural que de un servicio de suministro, en particular para las ciudades. La mayoría de las instituciones internacionales hacen propia esta lógica de oferta y demanda. Así, la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership) –organización intergubernamental especializada en cuestiones de gestión hidrológica– denuncia la falta de preocupación de las directivas europeas por estos problemas de sequía y la cuasi ausencia de medidas de adaptación de los usos: en efecto, mientras que los “planes de gestión” europeos recomiendan reaccionar ante la sequía aumentando los suministros o prevenirla almacenando agua con vistas a aumentar la oferta, las políticas de adaptación basadas en un enfoque de demanda (adaptando los usos a los límites de los recursos disponibles) están “globalmente ausentes de las medidas europeas”.³ Por tanto, debemos seguir trabajando en el uso del agua: no más piscinas y orinar en la ducha mientras nos lavamos los dientes con la otra mano.

Pero tales mandatos de sobriedad limitan las formas de acción a lógicas individuales y, sobre todo, despolitizan las cuestiones en juego. Entre ellas, la construcción, la propiedad y el control de las instalaciones indispensables para la prestación de los servicios esenciales y, por tanto, para la vida colectiva. Por ejemplo, la mayoría de las veces sólo se puede acceder al agua a través de redes de tuberías (para su entrega en la canilla, para el saneamiento, etcétera). El rechazo de los megaproyectos inútiles (grandes embalses, canales para trasladar el recurso de una región a otra) no debe hacernos olvidar que incluso las mejores intenciones ecológicas requieren dispositivos técnicos, ya sea para reciclar las aguas residuales, almacenar el agua de lluvia, restaurar los cursos de agua, permeabilizar el suelo, u otras acciones. La implantación de estos sistemas requiere conocimientos de hidrología (por ejemplo, estado del recurso), economía (tarificación, situación de los operadores, contratos, entre otras) y, sobre todo, una ingeniería medioambiental atenta al funcionamiento de los ecosistemas.

Ciclos y trastornos

En la actualidad están surgiendo numerosos proyectos de “infraestructuras ecosistémicas”,⁴ en particular en los ecodistritos de los países del norte, que promueven soluciones alternativas y descentralizadas sin adoptar la relación sensible con la naturaleza que promueve el “ecologismo de los ricos”.⁵

¿Cambiar las políticas hídricas? La cuestión ha sido objeto de especial atención en los últimos años con el creciente número de sequías resultantes de un profundo cambio en el ciclo hidrosocial: el calor aumenta la evaporación, los arroyos y ríos se secan y las napas freáticas son difíciles de recargar, al punto que el acceso al agua ya no está garantizado en todas partes y durante todo el año, ni siquiera en las zonas que no están clasificadas como áridas.⁶ Cada vez son más los sitios donde las agencias del agua prevén déficits cercanos a la mitad del consumo anual de aquí a 2050. Estos trastornos están generando numerosos conflictos, por ejemplo, entre agricultores y ecologistas por las “reservas de sustitución” en Francia. Pero ¿qué se puede hacer cuando la correlación de fuerzas políticas es tan desfavorable que no se puede impedir la construcción de una reserva de sustitución, así como no se puede impedir la ejecución de una reforma jubilatoria?

Partir de las infraestructuras del agua y no de una visión de un bien gestionado por políticas de la oferta (exceso de consumo) o de demanda (virtuosa) también recuerda los problemas prácticos ligados al ideal de acceso al agua para todos: ¿quién paga el consumo?, ¿quién financia las redes de suministro?, ¿quién las construye?, ¿quién las mantiene? Y, sobre todo, ¿quién las posee y controla? Durante mucho tiempo, fue el Estado: en muchas sociedades orientales el poder estaba respaldado por la “gran hidráulica”, con canales de riego y prevención de inundaciones;⁷ del mismo modo, los paisajes del oeste estadounidense son el resultado de inversiones masivas del Estado federal desde el siglo XIX para construir megaproyectos (agua, transporte, etcétera) y transformar el desierto en un oasis.⁸ Considerando que las infraestructuras eran un factor esencial para el desarrollo de los países emergentes, los gobiernos occidentales delegaron su explotación al sector privado en los años 1980 y 1990, lo que supuso la entrada del agua en el gran desmantelamiento de los servicios públicos.⁹ Por su parte, las instituciones internacionales movilizaron a las empresas para desarrollar redes en países del Sur.

Estas políticas han puesto en cuestión de forma más o menos explícita el modelo de distribución universal, que se había promovido desde el siglo XIX como la mejor manera de afrontar el desafío del “agua para todos”. En particular, la gestión del agua y la construcción de instalaciones a gran escala se presentaban como demasiado costosas con relación a los ingresos de las poblaciones pobres de los países emergentes. Sin embargo, las investigaciones realizadas en varios países del Sur han demostrado que para las personas sin acceso a los servicios públicos (y que, por tanto, tienen que comprar agua embotellada, camiones cisterna o financiar sus propios equipos de almacenamiento de agua de lluvia) el agua es más cara que en los barrios más acomodados que sí tienen acceso.¹⁰ En la mayoría de los casos, las poblaciones pueden incluso contribuir económicamente a la construcción de la red, siempre que se preste un servicio adecuado. Esta es una de las paradojas de la movilización política en favor de los servicios urbanos: incluso en los países pobres favorecen mejores condiciones de acceso antes que la gratuidad del servicio.

Resulta difícil, por tanto, basar el acceso de las poblaciones más desfavorecidas a los servicios básicos en la única reivindicación de un “derecho al agua”. Más allá de tener en cuenta los criterios de justicia y participación democrática, es necesario determinar si el modelo de suministro establecido en Europa y Estados Unidos desde el siglo XIX, el de una red urbana en donde un operador actúa sobre un territorio, sigue siendo el más adecuado para responder a la lógica de la expansión urbana y la creciente demanda de agua, como revela la situación de las regiones marcadas por el “estrés hídrico”. O si hay que apostar, por el contrario, a la universalización de las soluciones descentralizadas que están surgiendo en el Norte en forma de “ecodistritos” autónomos, que cohabitan por el momento con las infraestructuras que abastecen a territorios relativamente extensos. Estos complejos residenciales están equipados para depurar las aguas residuales in situ, recuperar el agua de lluvia, producir lodos de depuración para fertilizar las huertas en el centro del bloque, etcétera. Pero estas prácticas, pregonadas por las poblaciones privilegiadas o por círculos políticos deseosos de promover la expansión de las “tecnologías verdes”, socavan a su vez la viabilidad económica del modelo de distribución universal que las políticas neoliberales han intentado aniquilar. A través de su secesionismo verde, sus promotores son acusados de romper con el servicio público y, por tanto, con la solidaridad debida a los más desfavorecidos. Entre el poder de las burocracias hídricas y el de las multinacionales, ¿bastará con fomentar usos más sobrios sin plantear la cuestión financiera y política de la generalización de las infraestructuras que los hacen posibles?

Franck Poupeau, sociólogo. Traducción: Emilia Fernández Tasende.