No alineamiento al servicio de la paz

La gira del presidente de Brasil en busca de sumar voluntades a una solución negociada de la guerra de Ucrania, en abril de este año, no fue sólo el “regreso” de Luiz Inácio Lula da Silva a la arena internacional. Fue también un emergente de cómo el progresismo latinoamericano busca tejer su propia idea de multipolaridad.

“Tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en una puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido”. Cuando el presidente peronista de centroizquierda argentino Alberto Fernández pronunció esas palabras, al final de su encuentro privado con su par ruso Vladimir Putin en Moscú, el 3 de febrero de 2022, ignoraba que Rusia estaba a punto de invadir a su vecino ucraniano, sin ningún reparo por el derecho internacional, en particular por los principios de no agresión, de no recurso a la fuerza en la solución de los conflictos y de no violación de la integridad territorial de los Estados. No obstante, al menos desde 1997, fecha de la primera declaración conjunta de China y Rusia en ese sentido ante las Naciones Unidas¹, Moscú pretende atender a esos principios en el marco de su promoción de un “nuevo orden internacional multipolar”. Una perspectiva que el lado argentino siempre suscribe a plenitud.

En América Latina, zona de influencia tradicional de Estados Unidos desde finales del siglo XIX, esta voluntad de refundar un sistema internacional liberado de la influencia de Washington y sus aliados europeos constituye la hoja de ruta de la mayoría de los gobiernos progresistas de la región desde el comienzo de los años 2000 y, en ese marco de análisis, consideran a Rusia como un freno a las pretensiones hegemónicas de Washington.

En febrero de 2022, durante su escala en Moscú en camino a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el inquilino de la Casa Rosada [sede de gobierno argentino] tenía como exclusiva preocupación sacar a su país de una profunda crisis económica y social, agravada por la pandemia de covid-19. Fernández no ignoraba que el agravamiento de esta crisis corría el riesgo de comprometer las posibilidades del bando peronista en la elección presidencial de octubre de 2023. En tal contexto, su prioridad era aflojar la presión de una deuda que su predecesor conservador Mauricio Macri contrajo en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptando severas medidas de austeridad. Ahora bien, Fernández lo sabe: quien dice FMI, dice Washington.

El presidente argentino apuntó por lo tanto hacia Rusia, un país con el que Argentina tiene un acuerdo de “asociación estratégica integral” desde 2015 y gracias al cual sus conciudadanos pudieron recibir las primeras dosis de vacunas (Sputnik V) en diciembre de 2020, en el momento más dramático de la pandemia de covid-19. Durante ese período, otros países latinoamericanos también obtuvieron esas vacunas. En ese entonces, Estados Unidos brillaba por su discreción en materia de cooperación sanitaria en la región. Por lo tanto, fue en un clima de acercamiento ruso-argentino que el presidente Fernández declaró a los periodistas presentes, no sin segundas intenciones con respecto a la administración estadounidense: “Estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo [Monetario Internacional] y con Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante”.

Panorama regional

Esta secuencia diplomática en Moscú es un emblema de la naturaleza de los vínculos desarrollados por un gran número de gobiernos latinoamericanos con Rusia y con China desde el comienzo de los años 2000. Al igual que muchos otros países del Sur, para ellos se trata de diversificar sus alianzas comerciales, políticas, militares y tecnológicas, para poder jugar unos contra otros y gozar de una relación de fuerzas más favorable en el seno de un sistema internacional del cual cuestionan más la jerarquía de los poderes que las estructuras económicas.

En este contexto, Rusia tiene ventajas sólidas. Desde la época zarista, estableció relaciones diplomáticas con Brasil, que acababa de lograr la independencia (1828), con Uruguay (1857), con Argentina (1885) y con México (1890). En el siglo XX, la crisis de los misiles en Cuba, en 1962², en plena Guerra Fría, constituyó [para algunos analistas] la cúspide de la proximidad con la Unión Soviética (URSS) [excepción hecha de la popularidad de los soviéticos en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial]. Si bien la disolución de la URSS, en 1991, rompió ciertos vínculos, otros nuevos se tejieron durante los años 2000 gracias a cuatro factores: el giro a la izquierda de América Latina (la mayor parte de cuyos dirigentes deseaban mantener a Washington a distancia de los asuntos regionales); el relativo abandono de la región por parte de Estados Unidos, atascado en sus guerras en Afganistán y Medio Oriente; la integración de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por último, con la llegada al poder de Vladimir Putin, promotor de un proyecto de restauración progresiva del poder ruso en la escena internacional, los vínculos entre los países latinoamericanos y Rusia se estrecharon en varios sectores –infraestructura, explotación minera, sector energético (petróleo, gas, energía nuclear civil), aeronáutico, universitario...–, aun cuando el volumen general de los intercambios comerciales sigue siendo modesto (menos del uno por ciento del total de los intercambios de los países latinoamericanos en el mundo).

En el ámbito militar, Venezuela (80 por ciento de las ventas de armas de Moscú en la región), Cuba y Nicaragua son los clientes estratégicos de Rusia. Pero, en la materia, esta última coopera también con otros países, como Brasil, Colombia o Perú (a quien equipa con helicópteros, aviones, sistemas de defensa). En el plano comercial, Brasil y México constituyen los dos principales socios de Moscú en la región (más de 50 por ciento de sus intercambios). Las relaciones con Brasil despegaron en el marco de la organización BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Así, Brasilia se convirtió en el primer exportador latinoamericano hacia el mercado ruso (soja, azúcar, carne, minerales). Moscú asegura al sector agrícola estratégico de Brasil el suministro de una parte determinante de los fertilizantes que necesita. Desde 2015, Rusia también mantiene una relación diplomática oficial con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y sus 33 países miembros.

Como Argentina o Brasil, dependientes de los fertilizantes rusos, hoy por hoy varios países no pueden apartarse de Moscú en ciertos sectores y ámbitos, en particular desde la crisis sanitaria mundial que precipitó a América Latina en la “peor crisis económica en 120 años”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)³. Una crisis a la cual se suman las primeras consecuencias del conflicto en Ucrania, los avances inflacionarios y el encarecimiento de los precios de las materias primas. Estos fenómenos contribuyen al aumento de los costos de producción agrícola, así como a los del consumo energético de varios países dependientes de sus importaciones de hidrocarburos en América Central, en el Caribe y en América del Sur (Chile). El contexto es más favorable para los países productores y exportadores de hidrocarburos o de materias primas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, etcétera). Por lo demás, al aumentar varias veces desde el comienzo de la guerra sus tasas de interés para frenar la inflación, la Reserva Federal estadounidense (FED) provocó un reflujo de los capitales internacionales desde América Latina hacia los mercados estadounidenses.

Kiev en desventaja

En este difícil contexto, Ucrania padece un serio déficit de peso (económico) y de notoriedad (política) con respecto a su adversario ruso. Otro tema que no le da una ventaja espontánea ante los gobiernos de izquierda de la región es Cuba. En efecto, desde 2019, Kiev se abstiene de forma sistemática, en el marco de su alianza con Washington, en las votaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exigen el final del embargo impuesto desde 1962 por Estados Unidos a La Habana.

En América Latina, el gobierno ucraniano en realidad no tiene más que un solo sostén sólido. El de Alejandro Giammattei, presidente de derecha de Guatemala. El 25 de julio de 2022, este último fue a Kiev, convirtiéndose en el primer –y por ahora único– dirigente latinoamericano que realizó ese viaje para brindar su apoyo a Volodimir Zelensky. Se trataba sobre todo de enviar un mensaje de lealtad a Estados Unidos en tanto su gobierno está distanciado de la administración estadounidense debido a varios temas (en particular de corrupción) y se vislumbran las elecciones generales de junio de 2023. Si bien Giammattei cuenta así con recibir los dividendos de su “compromiso”, Washington no encuentra ningún país latinoamericano dispuesto a aplicar sanciones contra Moscú y menos aún a enviar armas a Kiev –a pesar del deseo formulado por la generala Laura Richardson, comandante militar del Comando Sur de Estados Unidos–.

Estos rechazos se expresan hasta en los territorios centroamericanos bajo influencia de Washington. El Salvador, dirigido por el presidente populista-autoritario Nayib Bukele, caído en desgracia en Washington, suma sistemáticamente su voz a los países que, como Bolivia y Cuba –habituales adversarios de Estados Unidos–, se abstienen en las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Rusia. Hoy por hoy, Nicaragua forma parte del grupo de países que apoyan de modo directo a Rusia (con Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Malí y Siria), tras haberse abstenido durante la votación que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2022 en la ONU. Venezuela, por último, no forma parte de esas consultas, dado que no está al día con sus cuotas. Su diplomacia navega entre fidelidad al aliado ruso y recuperación del contacto con Washington con vistas a una hipotética normalización, en el marco de la nueva situación creada por la crisis energética mundial.

Algunas razones y una prospectiva

Los votos latinoamericanos están determinados por la combinación de varias lógicas. En primer lugar, la fidelidad a sus posiciones diplomáticas tradicionales: respeto del derecho internacional, de la integridad de las fronteras y de la soberanía de los Estados, rechazo del unilateralismo y del recurso a la fuerza en la solución de conflictos, búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, que conducen a una posición de no alineamiento. Luego, su nivel de desconfianza coyuntural con respecto a Estados Unidos y las potencias occidentales. Por último, sus intereses políticos y económicos nacionales, determinados de manera pragmática, en el seno de un orden internacional incierto y en recomposición, en el cual su relación con China constituye una brújula. Sobre estas bases, la gran mayoría de las capitales condenó la invasión rusa en las Naciones Unidas, pero no votó los textos que exigían solidaridad con las sanciones tomadas o contempladas contra Moscú.

No obstante, se torna más difícil apoyar directamente a Rusia en tanto, hoy por hoy, su gobierno pretende utilizar los mismos métodos que Washington para solucionar sus conflictos en su propia zona de influencia histórica... “La invasión de Ucrania encuentra sus antecedentes en la expansión de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] hacia Rusia, pero ello no debe conducir a legitimar la invasión militar de un país por otro”, explica Celso Amorim, asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las cuestiones internacionales y promotor, a su lado, de una propuesta de creación de un “grupo de países por la paz” entre Rusia y Ucrania, bregando por un cese el fuego y una solución negociados. Presentada en febrero de 2023 en América Latina, en Washington, en Europa –particularmente en Francia, Alemania, España o Portugal–, en Moscú, en Kiev, en el G20 bajo la presidencia india, en Pekín y en Abu Dhabi, esta iniciativa pretende, para aumentar su poder y alcanzar sus objetivos, iniciar un proceso multilateral que convoque, además de a China, a otros países del Sur miembros del BRICS y del G20 que tengan relaciones con el conjunto de los actores (occidentales y no occidentales) del conflicto. Entre ellos, Indonesia, India (presidencia del G20 en 2023) y Sudáfrica (anfitrión de la Cumbre del BRICS en 2023 y a cargo de la presidencia del G20 en 2025). En este proceso diplomático, Brasilia anticipa también la presidencia rusa del BRICS en 2024 y la suya del G20 en 2024 y del BRICS en 2025.

Esta iniciativa por la paz, que esquiva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podría, según el presidente Lula, desembocar in fine en la creación de un “G20 político”, a cargo, a la larga, de diversas problemáticas internacionales (clima, paz, economía, tecnología digital, democracia...). Desde su punto de vista, tal proceso debería permitir el surgimiento de nuevos formatos de deliberación, más favorables a los países del Sur.

¿Logrará tal proyecto suscitar interés en el seno de las potencias occidentales? Hasta ahora, Estados Unidos y la Unión Europea rechazan la legitimidad de una mediación brasileña en la guerra en Ucrania, acusando a Brasilia de ingenuidad y de demasiada cercanía con Moscú y Pekín. Sin embargo, la iniciativa del presidente brasileño es una de las únicas que se diferencian del maximalismo prevaleciente, a costa de la paz mundial, en Bruselas y en las capitales europeas, en Washington, en Kiev y en Moscú.

Christophe Ventura, director de Investigaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS, París) y autor de Géopolitique de l’Amérique latine, Éditions Eyrolles, París, 2022. Traducción: Micaela Houston.