Giorgia Meloni, la ideóloga pragmática

En setiembre de 2022, después de su clara victoria en las elecciones legislativas, la dirigente del partido Fratelli d’Italia, la nacionalista Giorgia Meloni, se convirtió en una europeísta crítica: adoptó el discurso (y el programa socioeconómico) neoliberal de Mario Draghi, su predecesor y exdirector del Banco Central Europeo (BCE). Al mismo tiempo, se alejó de su par ruso, Vladimir Putin, para exhibir un atlantismo sin fisuras y su apoyo incondicional a Ucrania.

Muy presente en las instituciones de Bruselas, Meloni cultiva una notoria complicidad con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A pesar de su deteriorada situación financiera, Italia ocupa el primer lugar entre los Estados miembros beneficiarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: más de 190.000 millones de euros en préstamos y subvenciones, incluso cuando el país está sometido a un procedimiento europeo¹. En 2024, la deuda pública equivalía al 135 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el déficit público al 3,4 por ciento del PIB². Así, Meloni puede presentarse como un dique frente a la ortodoxia y las restricciones comunitarias, en el marco de una estrategia de permanente doble discurso³.

El nuevo relato

Sin embargo, esta heredera del neofascismo –que llegó a la política a través de las Juventudes de la Alianza Nacional, creada en 1995 sobre las cenizas del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado en 1946 por exdirigentes de la República de Saló [último reducto del fascismo de Benito Mussolini antes del fin de la Segunda Guerra Mundial]– también tiene un proyecto político explícito: hacer triunfar su modelo nacional en el Parlamento Europeo. “Queremos forjar una mayoría que reúna a las fuerzas de la centroderecha [derecha y extrema derecha] y relegar a la izquierda a la oposición –declaró–. [...] De ese modo, podremos exportar el modelo italiano a Europa. Sería una revolución en la que el papel del partido de los conservadores resulta estratégico y fundamental” (La Repubblica, 28-4-2024). Al frente de una coalición que agrupa a la derecha tradicional (Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi) y a la extrema derecha (La Lega, de Matteo Salvini), ampliamente dominada por los Fratelli d’Italia, Meloni esperaba poder replicar un acuerdo similar en el Parlamento de Estrasburgo [sede del Parlamento Europeo], con el fin de hacer frente a la sempiterna cogestión entre socialistas y democristianos, reforzada, cuando es necesario, por los Verdes.

El resultado de las elecciones europeas de junio de 2024 no lo hizo posible, pero el cambio de alianzas se concretó de manera puntual. El grupo del Partido Popular Europeo (demócrata-cristianos) no dudó en hacerlo, principalmente para frenar el Green Deal (o Pacto Verde europeo), votando en ocasiones junto al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), del que Giorgia Meloni fue presidenta hasta fines de 2024, aunque Meloni, junto con el CRE, votó en julio de 2024 contra la renovación de Von der Leyen, quien no lo tuvo en cuenta y concedió a Italia la vicepresidencia encargada de las políticas de cohesión regional y de reformas, un puesto importante dentro de la Comisión⁴.

El viento de extrema derecha que sopla sobre Europa y que hace tambalear a una buena parte de la derecha tradicional no puede sino alentar a Meloni a seguir adelante con su estrategia continental. Las concepciones que promueve ya han dejado su huella en el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (abril de 2024), que endurece las condiciones de acogida y abre la puerta a su externalización, como en el caso del centro de retención que Roma instaló, a un alto costo, en Albania. Mientras tanto, en la propia Italia, la jefa del Gobierno respondió de modo favorable a la petición del empresariado que, ante la escasez de mano de obra, obtuvo 450.000 permisos de residencia para fines de 2025. Magistrados romanos bloquearon el proyecto de externalización, pero el Poder Ejecutivo trabaja para sortear la decisión y poder llevarlo a cabo.

A nivel nacional, la presidenta del Consejo de Ministros despliega su proyecto en el terreno cultural, librando una batalla contra la supuesta hegemonía de la izquierda, mediante la construcción de un nuevo “relato nacional”⁵ y atacando la Constitución de 1948. Los medios de comunicación, al igual que la educación y la cultura, están llamados a producir dicho relato. Por ese motivo, el gobierno tomó el control de la RAI (la radiotelevisión italiana) en todos los niveles de responsabilidad. La lotizzazione, es decir, el reparto de los medios públicos entre las fuerzas políticas dominantes, es una práctica que se remonta a los años 1960. Por su parte, la coalición actual apunta, en cambio, a un monopolio. Personas afines a Meloni asumen la dirección de las principales instituciones culturales, siempre con el mismo lema: valorizar el patrimonio y las raíces cristianas de la nación. En la misma línea, el ministro de Educación y del Mérito prepara un nuevo proyecto pedagógico que busca, entre otras cosas, dar prioridad a la historia de Italia, de Europa y de Occidente “sin sobrecargarla con consideraciones ideológicas”, devolver al latín un “papel estratégico”, fomentar la lectura de la Biblia y reforzar el conocimiento de “las raíces de nuestra cultura” (Il Giornale, 15 de enero).

El régimen de Meloni

Sin embargo, el cuestionamiento de las leyes constitucionales es lo que, quizá, mejor revela la naturaleza del régimen que Meloni pretende hacer triunfar. Cabe recordar la importancia y la originalidad de la Carta Fundamental surgida después de la Segunda Guerra Mundial. El texto garantiza tanto las libertades individuales y colectivas como el fomento de los contrapoderes. Sus padres fundadores –en particular los comunistas, que tuvieron un rol fundamental en su redacción– buscaban prevenir el regreso del fascismo. Meloni siempre se ha negado a reconocer esa dimensión antifascista de una Constitución que se distingue por su carácter progresista. “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”, establece su artículo primero. Grabados en mármol, el derecho al trabajo y sus modalidades, incluido el principio de “a igual trabajo, igual remuneración”, han servido de base para muchas luchas emancipadoras.

El gobierno está llevando a cabo la ofensiva en cuatro frentes principales: la elaboración de un nuevo arsenal represivo, una reforma de la Justicia que atenta contra la independencia de la Magistratura, el cuestionamiento de la libertad de informar y la extensión de los poderes del Ejecutivo en detrimento del Parlamento y de la Presidencia de la República. Cuatro ámbitos que afectan las garantías inscritas en la Constitución de 1948. La reforma judicial prevé, entre otras cuestiones, la separación de las carreras entre fiscales y jueces, así como la creación de dos Consejos de la Magistratura distintos, lo que podría traducirse en una dependencia del Ministerio Público Fiscal respecto del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, la carrera de todos los jueces depende de la gestión del Consejo Superior de la Magistratura y no del Ministerio de Justicia.

La inmensa mayoría de los magistrados multiplican las manifestaciones en contra de este proyecto, que además prevé la abolición del delito de abuso de poder y limita las posibilidades de realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez, con el fin de restringir las capacidades de investigación en asuntos que involucran al mundo político. En paralelo, el gobierno pretende criminalizar toda forma de disidencia. Las modificaciones del Código Penal con este objetivo –aprobadas por un decreto ley– introducen 20 nuevos delitos y penas agravadas: hasta dos años de prisión por el bloqueo de una vía pública, de dos a siete años por la ocupación ilegal de un edificio y hasta 20 años por los movimientos de protesta en centros de retención o de detención.

La libertad de informar también está en la mira. Se están multiplicando los procesos judiciales contra la prensa acusada de difamar a las autoridades. Se ejercen intentos de intimidación contra los denunciantes. Además, en el último tiempo se descubrió que los teléfonos de algunos periodistas eran espiados mediante el software de la empresa israelí Paragon Solutions, contratada por el gobierno italiano.

En el plano político, el proyecto más importante de Meloni –“la madre de todas las reformas”, según ella– busca modificar la Norma Suprema para concentrar el poder en manos del gobierno. En junio de 2024, ya logró que el Senado aprobara la reforma del “premierato”, que instaura la elección del presidente del Consejo por sufragio universal y garantiza una amplia mayoría de escaños al partido que obtenga el primer lugar en las elecciones. Así, la influencia del presidente de la República (elegido por sufragio indirecto), tradicionalmente garante de las instituciones –como lo ilustra la práctica del actual presidente Sergio Matarella y sus frecuentes llamados al respeto de la Ley Fundamental–, se vería limitada. En nombre de la estabilidad, el primer ministro pasaría, de este modo, a convertirse en una figura todopoderosa, en detrimento del Parlamento, del presidente, de los partidos, de los sindicatos y de los contrapoderes ciudadanos, cuyo rol, hasta el momento, está garantizado por la Constitución de 1948. Al no contar con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, es probable que este proyecto sea sometido a referéndum.

En el plano social, si bien el régimen no puede atacar de forma directa la legislación que garantiza el derecho al aborto, sí multiplica los obstáculos, ya numerosos, para su acceso. Así, en virtud de una ley sobre la objeción de conciencia de 1994, el 63 por ciento de los ginecólogos se niegan a practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta tasa supera el 80 por ciento en algunas regiones. Por su parte, las asociaciones antiaborto ahora pueden intervenir dentro de los mismos hospitales donde se presentan las mujeres que solicitan una IVE. En cuanto a la gestación subrogada –que ya había sido criminalizada hace más de 20 años por Silvio Berlusconi–, Meloni la ha convertido en un “delito universal”, penado con hasta dos años de prisión y fuertes multas para quienes la practiquen en el extranjero. Por último, la ley prohíbe que un niño tenga dos padres del mismo sexo.

La alianza antiwoke

Meloni fue la única jefa de Gobierno europea invitada a la Casa Blanca para la investidura del nuevo presidente. Donald Trump la considera una aliada privilegiada y una cómplice ideológica –por su rechazo al “wokismo” y a la inmigración, y por su defensa de “los valores cristianos”–. La llegada al poder de Trump ha habilitado por lo menos dos escenarios. Puede ser una oportunidad que Meloni aproveche para convertirse en la representante de los intereses europeos al otro lado del Atlántico –lo que implicaría adoptar posiciones equidistantes entre Washington y Bruselas–, o para que, al menos, la hagan pasar por una potencial conciliadora; sin embargo, tal posicionamiento resulta difícil cuando las tensiones se exacerban, y persistir, como ella lo hace, en la defensa de un atlantismo histórico que une a Europa y Estados Unidos se vuelve quimérico. La otra opción es que privilegie las relaciones bilaterales entre Roma y Washington, en un intento de escapar a la hostilidad antieuropea del presidente estadounidense, pero entonces aparecería rápidamente como “la vicerregente de la provincia europea del Imperio”⁶. Además, la fractura que se ha abierto entre los antiguos aliados en torno a Ucrania y sobre el futuro de la OTAN, sin contar la guerra comercial, vuelve aún más problemática esta estrategia.

Entre el pragmatismo y la determinación ideológica, la habilidad de Meloni parece indiscutible. Sin embargo, cada día trae su cuota de trastornos y de provocaciones estadounidenses: mantener una posición intermedia creíble entre Europa y Estados Unidos podría resultar acrobático. A menos que las decisiones geopolíticas tomadas por Trump y la construcción de una Europa belicista la obliguen a salir de la ambigüedad. Como ya lo hizo en su propio país.

Hugues Le Paige, periodista. Traducción: Paulina Lapalma.