Como un cuervo obstinado

Nunca, desde la democratización de las exrepúblicas soviéticas a mediados de los 1990, el mundo había experimentado un retroceso democrático como el que estamos viviendo ahora. La última edición del índice V-Dem, elaborado por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, que analiza el estado de la democracia en todos los países con base en una compleja serie de variables y en un arco amplio de tiempo, arroja una conclusión desoladora: por primera vez desde la caída del Muro de Berlín, hay más autoritarismos (91) que democracias (88).¹ Si se considera el mismo indicador por población, el panorama es aún más grave: casi tres de cada cuatro personas –72 por ciento– viven hoy bajo algún tipo de autocracia, el porcentaje más alto desde 1978. De los cinco países con mayor población (China, India, Indonesia, Pakistán y Estados Unidos), sólo este último sigue siendo una democracia –y en retroceso–.

Si la primera ola de autoritarismos se remonta a los años 1920 y 1930, cuando buena parte de las democracias de Europa y otras zonas del planeta sucumbieron al fascismo y la dictadura, y si la segunda ola data de los 1960 y 1970, cuando muchas jóvenes democracias, en América Latina, Asia y África, fueron interrumpidas por golpes militares, este tercer impulso de autocratización es global. Aunque afecta sobre todo a Europa del Este y Asia Central, pueden encontrarse casos en todos los rincones del planeta. Sigue habiendo golpes de Estado a la antigua, en especial en África, pero su forma más común es la autocratización progresiva: un líder que llega al poder mediante elecciones libres y procede a subvertir las instituciones desde adentro, desfigurando la democracia hasta dejarla irreconocible, al estilo de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Putin en Rusia o Recep Tayyip Erdoğan en Turquía.

Como un cuervo obstinado, un ánimo antidemocrático sobrevuela el planeta. ¿Es algo transitorio o permanente? ¿Los ciudadanos se desahogan castigando a gobiernos ineficaces o estamos ante la presencia de una tendencia más estructural? La legitimidad de una democracia –cualquier democracia– descansa en dos pilares. El primero es de ejercicio: la democracia se fortalece en la medida en que garantiza buenos resultados socioeconómicos (tiene bastantes chances de lograrlo, porque es el único sistema que permite deshacerse de manera pacífica de los gobiernos que no nos gustan). El segundo es procedimental: una serie de reglas, cuyo corazón son las elecciones libres, otorgan legitimidad a los gobiernos democráticos. En esta perspectiva doble, la democracia es tanto un medio para el buen gobierno como un fin, algo que tiene valor en sí mismo. Las últimas oleadas de la Encuesta Mundial de Valores muestran una caída progresiva del apoyo a los principios de la democracia, definiendo una crisis existencial que resulta tanto más inquietante por cuanto el desapego es aún mayor entre los jóvenes.²

Entre las diferentes causas, la primera es económica. Aunque muchos países se recuperaron de una manera u otra de la crisis financiera de 2008-2010, en conjunto no lograron retomar –salvo en algunas regiones, como el sur de África– un camino de crecimiento y mejoras sociales sostenidas. Los datos de la encuesta del Pew Research Center –citados por Francis Fukuyama en un artículo publicado recientemente en el Journal of Democracy–³ demuestran que la primera explicación de la insatisfacción democrática es el descontento económico, lo que explica la caída de la confianza democrática incluso en países con sistemas bien consolidados, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

La segunda causa es la polarización política. Por motivos que sería largo analizar acá, pero que van desde el aumento de la desigualdad hasta la fragmentación del espacio público y las “cámaras de eco” de las redes sociales, la polarización se ha ido consolidando hasta convertirse, en palabras de Ignacio Ramírez, en la ley de gravedad de la política contemporánea.⁴ La polarización fomenta el autoritarismo: bajo su influjo, una cantidad creciente de personas están dispuestas a apoyar fuerzas políticas que defiendan sus intereses y valores incluso si son autoritarias; no es que el virus del autoritarismo se haya esparcido entre la gente, sino que cada vez más ciudadanos se muestran proclives a “perdonar” los excesos antidemocráticos de sus líderes –siempre y cuando se identifiquen con ellos–.

El investigador Milan W Svolik realizó un interesante experimento en países con sistemas políticos autoritarios o en camino a serlo, como Turquía, Venezuela y Estados Unidos.⁵ Mediante un conjunto de encuestas preguntó a diferentes grupos de votantes si apoyarían al candidato Equis, cercano a sus intereses y creencias, y luego repitió el mismo ejercicio pero añadiendo al programa de Equis alguna propuesta de corte antidemocrático: crear una Corte Suprema a su medida, alterar el organismo electoral, echar a empleados públicos no alineados con el gobierno, etcétera. La conclusión es que el apoyo a la democracia es extendido, pero tenue: sólo un tercio de los potenciales adherentes a un candidato, sea este de izquierda o de derecha, se manifestaron dispuestos a cambiar su voto en caso de que exhiba propuestas autoritarias.

La tercera causa de la regresión democrática son los “autoritarismos de alto rendimiento”. Primero como ministro y luego como presidente de Turquía, Erdoğan logró un innegable salto adelante de su país: la economía creció de manera sostenida –aunque en los últimos años comenzó a exhibir dificultades–, la pobreza se redujo y las obras de infraestructura cambiaron la fisonomía nacional, entre ellas el nuevo aeropuerto de Estambul, una proeza arquitectónica que evoca la forma de un tulipán y que funciona como el gran nodo aéreo entre Europa, Asia y África, a tal punto que hoy es el segundo aeropuerto más transitado de Europa, por detrás sólo de Heathrow, en Londres. Desde su llegada al poder al final de la guerra civil, hace ya 20 años, Paul Kagame impuso en Ruanda una gobernabilidad autoritaria que, sin embargo, logró tasas espectaculares de crecimiento –siete por ciento anual promedio– y el paso de una economía de subsistencia a una de servicios. Impulsado por los altos precios de los hidrocarburos, Kazim Jomart Tokayev convirtió a Kazajistán en el país más rico de Asia Central. Con Narendra Modi, India bate récords de crecimiento. Con Nayib Bukele, El Salvador erradicó el flagelo de las maras.

Relacionada con esta, señalemos una última causa. A diferencia de otros momentos de la historia, el contexto global favorece –o al menos tolera– los desvíos autoritarios. Históricamente, la política exterior de Estados Unidos fue oscilante y cínica, pero hubo momentos en los que operó como un factor democratizador positivo, como durante la presidencia de Jimmy Carter (incluso la aventura neocon en Irak tenía como uno de sus supuestos objetivos crear una democracia árabe que luego derramara sobre el resto de Medio Oriente). Desde la llegada de Donald Trump al poder y el repliegue estratégico hacia el “America first” [Estados Unidos primero], la promoción internacional de la democracia fue reemplazada por un enfoque transaccional según el cual sólo importa lo que le conviene a Washington. China se mantiene al margen de la política interna de sus socios: es una potencia que no hace preguntas –pero tampoco busca, como la vieja Unión Soviética, exportar su modelo–. Si a los dos grandes poderes sumamos el carácter más o menos autoritario de la mayoría de las potencias intermedias, se termina de componer el contexto global menos auspicioso para la democracia desde el final de la Guerra Fría.

Avatares de la democracia argentina

Desde 1983, la democracia argentina atravesó dos hiperinflaciones, tres levantamientos carapintadas, dos episodios de saqueos masivos, un alzamiento guerrillero, dos renuncias de presidentes (y una de vicepresidente), una incautación masiva de depósitos, el intento de asesinato de una expresidenta y dos detenciones de jefes de Estado (Carlos Menem y ahora Cristina Fernández). Y sin embargo, a diferencia de Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, casi todos los países de Centroamérica y, según cómo se mire, Brasil, el hilo constitucional nunca se rompió. Sea por la influencia temprana de la inmigración europea, por el impacto que generó la crueldad de la dictadura o por los niveles de organización popular que aporta el peronismo, lo cierto es que la adhesión de los argentinos a la democracia suele ser más alta que la de otros países de la región. Pero algunos datos recientes resultan preocupantes: la última encuesta del Latinobarómetro muestra que el respaldo a la democracia sigue siendo importante, pero la “satisfacción” no, e incluso que el 18 por ciento estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario (“Esto sorprende en Argentina”, señalan los autores del informe).⁶ Del mismo modo, el Índice de Riesgo Democrático de la Universidad Nacional de San Martín, elaborado con base en preguntas como “¿En circunstancias de excesiva corrupción sería justificable un golpe de Estado?” o “¿En circunstancias de una catástrofe económica sería justificable un golpe de Estado?”, detectó que un cuarto de los consultados no tiene problemas en sacrificar la democracia en ciertas situaciones y que un 50 por ciento duda.⁷

Un gobierno tambaleante, un peronismo desgarbado

Los estudios sobre democracia, todo un subgénero de la ciencia política, identifican una serie de luces rojas que permiten anticipar una posible deriva autoritaria, entre las cuales las más comunes son tres: polarización, elección de outsiders y baja participación. Si la primera es una constante argentina desde hace 15 años, la segunda irrumpió como un búfalo enfurecido con la elección de Javier Milei. Respecto de la tercera, las elecciones provinciales celebradas hasta ahora mostraron niveles récord de abstención, aunque habrá que esperar a octubre para confirmarlo. En este contexto, el escándalo de corrupción destapado en la Agencia Nacional de Discapacidad afecta al gobierno en dos puntos clave de su discurso –la apelación anticasta y la épica del ahorro fiscal– y le agrega tensiones a una gestión ya de por sí bastante caótica. Si las denuncias se confirman, pueden contribuir a ponerle un límite al oficialismo, pero también podrían poner en riesgo la continuidad de un gobierno frágil, cruzado por un internismo desnudo y con apoyos legislativos menguantes. Aunque hay bastante evidencia de que las acusaciones de corrupción no alcanzan por sí mismas para definir la suerte electoral, enrarecen el clima social, hunden expectativas y enloquecen a los mercados, lo que a su vez puede amenazar la estabilidad cambiaria y la contención de la inflación, la gran carta del oficialismo.

Frente a un gobierno tambaleante pero en pie, la oposición ofrece poco. Cinco gobernadores, alejados tanto del oficialismo como del kirchnerismo, lanzaron Provincias Unidas, un intento por crear una iniciativa de centro que por ahora es más una articulación de liderazgos provinciales que un proyecto nacional consolidado –y cuya representación en los dos principales distritos del país es floja–. El peronismo, en tanto, eligió como candidato para encabezar su lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires a Jorge Taiana, un dirigente respetable y de larga trayectoria cuyo principal atributo hoy es que no pertenece a ninguna de las tribus partidarias. Pero la unidad es un método cuya eficacia se verifica en la práctica, es decir, depende del resultado. No es un fin ni un propósito, y no se ve en la propuesta electoral del peronismo ni originalidad ni ambición. Podría haber intentado expresar las luchas sociales que durante los últimos años constituyeron los focos de resistencia a Milei –los jubilados, las universidades, el Hospital Garrahan [centro de salud cuyos trabajadores lideraron un conflicto contra el gobierno en mayo]– o podría haber optado por una definición ideológica más clara, con, digamos, Sergio Massa [exministro de Economía de Alberto Fernández y excandidato presidencial] o Juan Grabois [fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular], expresiones ciertamente distintas, pero nítidas. Optó, en cambio, por una propuesta desgarbada y endogámica, desenganchada del nervio social e incapaz de enamorar a nadie... incluso en el improbable caso de que gane.

Venimos insistiendo en que la crisis del peronismo es triple: es una crisis de conducción, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner municipalizado incluso antes de quedar detenida [por presunto favoritismo en la adjudicación de obras públicas, la llamada Causa Vialidad]; de organización, porque el movimiento que primero giró en torno a los sindicatos y después en torno a los gobernadores e intendentes hoy no tiene alrededor de quién girar; y es sobre todo una crisis programática. Con el año electoral encima, la propuesta peronista no resuelve su crisis; simplemente la pospone. Y deja pasar la oportunidad de ofrecerle a la sociedad una perspectiva más clara de salida de la noche libertaria en un contexto difícil para cualquier democracia.

José Natanson, director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.