La crisis más profunda

La coyuntura actual revela realidades que los gobernantes cubanos han intentado esquivar por décadas: Cuba enfrenta no solo una crisis económica, sino también una crisis de viabilidad estratégica. En el corto plazo, el debate gira en torno al estrangulamiento energético –combustible, electricidad– y al vector geopolítico –Venezuela, Washington, sanciones, apoyos–. Sin embargo, reducir la situación a la intensificación del conflicto con Estados Unidos o al giro venezolano implica observar el síntoma y no el problema principal.

El análisis de los indicadores económicos sugiere que la calidad material de la vida en Cuba se viene deteriorando al menos desde fines de los años ochenta. La recuperación posterior al colapso soviético fue parcial y dejó amplios sectores al margen de algunos circuitos dinámicos, sobre todo del turismo, la inversión extranjera y las remesas. Más recientemente emergió un sector privado dinámico, pero dentro de un marco de expansión controlado, segmentado y con una escala insuficiente para convertirse en un factor de transformación productiva.

La cuestión subyacente es estructural: ¿cómo concebir la viabilidad de un país en confrontación crónica con una potencia mundial situada a solo 90 millas de sus costas? En este contexto geográfico, la economía queda inevitablemente condicionada por la proximidad con Estados Unidos.

Ante la débil respuesta productiva interna, Cuba recurrió históricamente a esquemas de apoyo externo. Aunque esta aspiración suele justificarse como una necesidad derivada de las sanciones de Estados Unidos, también responde a la lógica interna del modelo. La primera ventaja de esta apuesta es que la concentración del comercio en unos pocos socios que ofrecen términos favorables, como en su momento la Unión Soviética y luego Venezuela, reduce los costos de transacción en una economía altamente burocratizada y concentrada, donde las decisiones clave no se toman de forma descentralizada. Menos socios implican menos decisiones y, probablemente, menos riesgo. Los acuerdos de largo plazo, además, reducen la incertidumbre.

Una segunda ventaja radica en la posibilidad de captar directamente la renta del comercio exterior, algo central en una economía planificada de rasgos rentistas. Los arreglos preferenciales permiten maximizar el ingreso generado y facilitan su captura y distribución por parte del Estado, a un costo operativo bajo. La tercera ventaja es que esquemas de este tipo permiten aplazar la resolución de los problemas estructurales del sistema productivo interno. Aunque las empresas sean ineficientes, los términos favorables enmascaran esas dificultades y las desplazan del centro de la agenda política. Los éxitos del frente externo permiten dejar en segundo plano los déficits internos, pues ayudan a sostener beneficios sociales y niveles aceptables de actividad económica.

Este escenario resulta favorable para quienes toman las decisiones, porque les permite evitar cambios que serían esenciales para mejorar el desempeño económico. Esas transformaciones suelen percibirse como políticamente costosas dentro del equilibrio existente. Por ejemplo, mejorar los incentivos de las empresas estatales exigiría mayor autonomía para cada una de ellas y límites más estrictos a la intervención gubernamental sobre sus finanzas, salarios y primas. Eso reduciría la capacidad del gobierno para reasignar recursos hacia otros sectores, un instrumento clave para sostener su legitimidad ante múltiples grupos sociales.

En el caso de la Unión Soviética –y en menor medida de Venezuela–, este acuerdo se materializó porque se trataba de gobiernos que ejercían un control total sobre las empresas involucradas, y que operaban con intereses geopolíticos que excedían el intercambio comercial. Cuba fue un activo estratégico para la Unión Soviética durante la Guerra Fría: ampliaba la proyección geográfica del bloque socialista y elevaba el costo estratégico para Estados Unidos, con un aliado firme a pocas millas de su territorio. En el caso de Venezuela, ambos gobiernos compartieron la aspiración de impulsar un bloque regional de izquierda que redujera la dependencia de Washington.

Esta perspectiva ayuda a explicar por qué los vínculos con China y Brasil –aunque incluyeron cierta preferencia por Cuba– fueron más modestos en volumen y en concesiones. La lógica institucional y geopolítica de ambos países fue más comercial y financiera, y menos político-estratégica, que la observada con la Unión Soviética y Venezuela.

La importancia de Venezuela para Cuba –en términos de producto interior bruto, PIB y comercio– era relevante, pero nunca alcanzó la magnitud de la Unión Soviética, que además era una potencia global capaz de sostener su apoyo en múltiples ámbitos; Venezuela aportó sobre todo energía (y financiamiento implícito) a cambio de servicios. Sin embargo, esos intercambios venían reduciéndose de forma notable desde 2016. Aun así, la gravedad de la pérdida del apoyo venezolano no debe subestimarse: aunque el volumen parezca modesto a escala global, Cuba recibía un insumo clave para cualquier proceso productivo. La falta de combustible afecta la generación eléctrica, el transporte y la producción industrial, y el impacto se transmite rápidamente al resto de la economía.

La pérdida del aliado venezolano ocurre, además, en un momento particularmente adverso. La reconfiguración geopolítica en curso no favorece a La Habana: los actores con capacidad para aliviar la situación cubana tienen otras prioridades, y la disposición a asumir costos para sostener a Cuba es baja. Por eso, la coyuntura que atraviesa hoy Cuba debe interpretarse como reflejo. Los factores externos pueden acelerar el deterioro e incluso precipitar situaciones extremas. Pero el origen del colapso es consecuencia de la arquitectura interna: un entramado institucional que inhibe la productividad, penaliza el crecimiento autónomo, debilita la capacidad estatal y restringe la sociedad civil y el debate público. Esa estructura ofrece garantías de control a la élite política, pero al costo de inhibir capacidades esenciales para sobrevivir en un entorno de enfrentamiento asimétrico con la principal potencia mundial.

La crisis como pérdida de capacidades

Los principales indicadores muestran una economía en contracción y un Estado que pierde la capacidad para mantener de manera regular los servicios básicos. La magnitud del retroceso, la persistencia de la escasez y el deterioro de la infraestructura –en especial del sistema eléctrico– indican que no se trata de una crisis transitoria, sino de una crisis estructural de funcionamiento.

La retracción social del Estado no comenzó con la pandemia. Durante la gestión de Raúl Castro, que asumió en forma definitiva la presidencia del Consejo de Estado en 2008, se congeló el gasto social, mientras se reforzó el poder económico de empresas vinculadas con el aparato militar y de seguridad. Durante décadas, el modelo social cubano descansó en un Estado que no solo regulaba, sino que también financiaba y proveía una parte sustantiva del bienestar.

Esa premisa ya no describe la realidad. Entre 2008 y 2024, los ingresos públicos cayeron de 71,7 por ciento del PIB a 36,1 por ciento, y el gasto total de 78,1 por ciento a 42,9 por ciento. En ambos casos, la caída ronda los 35 puntos del PIB. En un país donde el Estado concentró una parte desproporcionada del ingreso nacional, este cambio marca una reducción severa de la capacidad de captar recursos y, por lo tanto, peores condiciones para sostener servicios y amortiguar crisis, especialmente para los hogares de menores ingresos.

La contracción del gasto social se explica, ante todo, por el colapso de los recursos fiscales. Esto, a su vez, responde a una combinación de factores: reformas que facilitaron el crecimiento del sector privado pero preservaron distorsiones importantes; precios regulados del sector estatal que se ajustan más lentamente que los del sector privado, y problemas de cumplimiento tributario en el sector no estatal. Como resultado, la recaudación impositiva asociada a la actividad económica quedó rezagada respecto del peso nominal del sector privado, mientras que la actividad pública se contrajo con fuerza.

La señal más sensible es el gasto social. En 2008, el gasto social representaba 42 por ciento del PIB; en 2024 cayó a 19,5 por ciento. El gasto en educación pasó de 14,2 por ciento a 6,1 por ciento; en salud pública y asistencia social, de 12,4 por ciento a siete por ciento, y en seguridad social, de 7,1 por ciento a 4,4 por ciento. Incluso sin entrar en debates sobre la calidad, los salarios reales o la disponibilidad de insumos, esta trayectoria es la expresión de una transición: del universalismo de amplias prestaciones a un esquema donde el acceso efectivo al bienestar depende cada vez más de arreglos familiares, individuales y de mercado.

Esto no implica que el Estado haya renunciado formalmente a su papel. Pero cuando el Estado reduce su esfuerzo social relativo, el bienestar tiende a mercantilizarse. Y no todo cae por igual: el peso del gasto social dentro del gasto total disminuyó de 53,8 por ciento en 2008 a 45,6 por ciento en 2024. En otras palabras, no es solo que el Estado se hizo más pequeño; también se hizo relativamente “menos social”. El dato de 2024 es especialmente revelador: aunque el gasto total subió como porcentaje del PIB, el gasto social cayó. Es decir, incluso cuando el agregado no se contrajo la canasta social se achicó.

Estas tendencias se combinan con políticas que aumentan la carga sobre las familias: desmantelamiento gradual de la libreta de abastecimiento; desplazamiento de algunos servicios especializados de salud desde las policlínicas hacia los hospitales (con mayores costos de acceso); la casi eliminación de los internados escolares, y la provisión insuficiente de servicios de cuidados para una población que envejece con rapidez.

Por otro lado, y a diferencia de crisis anteriores, desde 2015 la inversión ha crecido. La formación bruta de capital fijo pasó de 8,6 por ciento a 12,8 por ciento del PIB entre 2015 y 2024. Sin embargo, en ese período más del 36 por ciento de la inversión total se destinó a hoteles e infraestructura turística conexa. La inversión puede sostener el bienestar futuro, pero exige algún tipo de equilibrio con el consumo presente y que se destine a proyectos con retornos verificables. La prioridad otorgada a hoteles de alto costo y los resultados por debajo de lo esperado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel revelan problemas de ejecución, coordinación y rendimientos efectivos. En consecuencia, el sacrificio de consumo presente no se ha traducido en mejoras proporcionales del bienestar futuro.

La caída del gasto social también genera costos económicos: menor calidad educativa, pérdida de capital humano, mayor vulnerabilidad social, aumento de actividades ilícitas, deterioro del clima económico y emigración como estrategia racional de las personas. El país pierde capital humano, la administración pública se debilita y la gestión de la crisis se complica aún más, lo que alimenta un círculo vicioso.

Un Estado más pequeño –y, en los hechos, menos social– tampoco se tradujo en un impulso decidido y estratégico del sector privado. Si el Estado traslada responsabilidades de bienestar a los hogares, debería dotarlos de capacidades para asumirlas: ingresos reales más altos, mercados funcionales y un entorno regulatorio que facilite la creación de valor. Eso no ha ocurrido de forma consistente. El resultado es un país con un Estado que maneja menos recursos fiscales, con menor gasto social y con una economía más pobre. El corolario es claro: el modelo no solo muestra baja eficiencia y escaso dinamismo, sino que produce resultados distributivos cada vez más regresivos. La crisis actual no es solo una crisis económica o de crecimiento; es también una crisis social.

La centralidad del problema interno

La crisis suele interpretarse como un enfrentamiento entre dos voluntades: la de las élites políticas cubanas, que buscan preservar su estatus, y la de Estados Unidos, enfocado en debilitar ese orden. Esa lectura reduce la economía a un apéndice del conflicto. En realidad, desde los años 1990 la política exterior se ha convertido en sustituto de la política económica. En lugar de construir una base productiva capaz de financiar importaciones, sostener servicios y absorber shocks, se optó por soluciones externas: primero el subsidio soviético, luego el petróleo venezolano y después apoyos puntuales de diversos socios. Esa estrategia no solo consolidó la dependencia; también debilitó los incentivos para reformar las reglas, aumentar la productividad y profesionalizar el Estado.

La Cuba postsoviética encierra una paradoja: la dependencia respecto de Estados Unidos se consolidó desde los años 1990 a través de remesas, turismo, telecomunicaciones y circuitos de importación, mientras que la relación política siguió definida por la confrontación.

La posición de Cuba en el Caribe y la asimetría de poder frente a Estados Unidos elevaron los costos de una estrategia de choque permanente: comercio más caro, mayor necesidad de inventarios, desaprovechamiento de ventajas naturales (como la cercanía al gigantesco mercado estadounidense) y mayores costos de seguridad y desarrollo. En ese contexto, solo transferencias externas a gran escala desde una potencia extrahemisférica como la Unión Soviética podían compensar parcialmente esa presión y sostener la viabilidad del modelo.

Pero esa protección también implicó restricciones y debilitó las fuentes internas de resiliencia. Cuba pasó a depender de un patrón tecnológico más rezagado –el soviético– y de una matriz energética intensiva en combustibles fósiles importados y equipamiento pesado, poco adecuada para una economía insular con recursos limitados y alta vulnerabilidad externa. Además, la adopción de un sistema económico menos eficiente erosionó gradualmente las capacidades productivas de un país cuyo principal potencial comparativo descansa en su capital humano y en la gestión de su entorno natural. Aunque el modelo permitió concentrar recursos en educación y salud, restringió su utilización productiva y desincentivó el aprendizaje en el puesto de trabajo, la innovación y la gestión.

En el plano político, el liderazgo carismático y el control estricto de las posibles alternativas redujeron los costos de coordinación bajo presión externa y facilitaron la administración de un entorno hostil. Pero ese mismo diseño centralizado sentó las bases de un desgaste progresivo: la concentración extrema de poder amplificó el costo político de décadas de resultados económicos insuficientes y, en ausencia de alternancia institucional, erosionó la legitimidad de la élite gobernante.

Tras el colapso soviético, Cuba quedó expuesta al sistema internacional sin el apoyo de una gran potencia aliada, pero manteniendo sus vulnerabilidades materiales. La dirigencia optó por una estrategia de supervivencia: reformas marginales para recuperar un mínimo de funcionalidad sin una integración plena y gradual al orden económico internacional. En la etapa posterior, Cuba siguió una trayectoria ambigua: aumentó la dependencia directa de Estados Unidos, mientras intentaba compensarla con alianzas con competidores de Washington (China, Rusia, Venezuela), lo que añadió nuevas incertidumbres.

La pregunta sobre si esto es consecuencia de un descuido gubernamental o la manifestación de una fuerza gravitatoria geopolítica admite una respuesta doble: ambas cosas son ciertas. La gravitación geopolítica determina la dirección de los flujos; el diseño político-institucional explica por qué esa dependencia se canaliza de manera más costosa y frágil, y menos productiva.

La discusión sobre Cuba ya no puede reducirse a quién aporta oxígeno externo ni durante cuánto tiempo más podrá administrarse la escasez. La cuestión decisiva es si las élites políticas aceptarán un cambio de reglas que permita generar riqueza, sostener los servicios y reconstruir la capacidad estatal sin depender de una nueva renta geopolítica. Mientras esa decisión se postergue, cada alivio será transitorio y cada coyuntura reaparecerá como emergencia, cuando en realidad refleja la ausencia de un modelo de país independiente y viable para el siglo XXI.

Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Es profesor auxiliar e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

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