La Red de Unión de Grupos de la Costa está integrada por 47 colectivos, ONG, organizaciones vinculadas a la academia y gremios estudiantiles. Este jueves sus integrantes divulgaron un comunicado en el que expresaron su disconformidad con el manejo de los espacios costeros por parte de las intendencias, los municipios costeros, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Sobre todo denuncian la ejecución de obras con un impacto negativo para la costa en San José, Canelones, Maldonado y Rocha y la falta de diálogo con las autoridades y exigen el cumplimiento de las Ley de Protección Ambiental, la Directriz de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero.

En este sentido, propusieron la creación de una mesa ambiental para poder instrumentar un protocolo de actuación frente a las intervenciones, que “involucre -sin excusas- a la sociedad civil organizada, vecinos y ciudadanos interesados”. “Estamos siendo testigos del acelerado deterioro y la pérdida de nuestro sistema costero debido al mal manejo de su gestión”, señalan en el comunicado.

Indicaron que tras una reunión presencial con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, enviaron una propuesta para dar respuesta a las diferentes situaciones que atraviesan los departamentos. A pesar de haber llegado al acuerdo de seguir en contacto, no obtuvieron más respuestas ni acuso de recibo de la propuesta.

De punta a punta

En Rocha acusan la destrucción de la duna costera por extracción de arena y la disminución del frente costero debido a las construcciones, un aumento en las superficies pavimentadas, por contaminación lumínica, alteración de sitios arqueológicos y la destrucción y relleno de humedales, zonas proclives a inundaciones.

En Maldonado las denuncias están relacionadas a obras concretas de la Intendencia Departamental de Maldonado, como la remodelación de las ramblas de San Francisco, Punta Colorada y Punta Negra y a proyectos inmobiliarios como el edificio Delamar 2 en la desembocadura del Arroyo Maldonado, el complejo The Collete (en la Barra) y el residencial La Orilla-Punta del Este (en Balneario Buenos Aires). Son “emprendimientos de desarrollos privados sobre el cordón dunar, que acceden a espacios de interés públicos a través de excepciones municipales”, indicaron

En Canelones son varias las problemáticas enunciadas. Sobre Solís Chico señalaron las obras en la desembocadura del Arroyo Solís Chico con maquinaria pesada, la construcción de diques y la utilización de geotubos. Cuestionaron la autorización del Ministerio de Ambiente a empresas que realizan emprendimientos de minería sobre la franja costera y reclaman que las autoridades departamentales se abran al diálogo.

Los colectivos de San José denunciaron la contaminación del agua con agroquímicos como consecuencia de la producción agropecuaria, especialmente de soja y centeno, que derivan en la presencia de cianobacterias en el balneario Kiyú; y la erosión de la costa suroeste que va camino a “desaparecer”, según expresaron.