Junto con la pandemia llegaron el teletrabajo y el lockdown. Los empleadores pasaron a estar más tiempo dentro de sus casas y aumentaron las exigencias y el maltrato verbal, así como la necesidad de tener empleadas 24 horas dentro de la casa, contó Marizza Trindade, vicepresidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) y referente en Maldonado.

“Trabajar con cama no significa estar de sol a sol. El salario mínimo de la doméstica es 22.093 pesos mensuales líquidos por ocho horas de trabajo. No se puede trabajar con cama por ese sueldo. Somos tan necesarias para los patrones como el trabajo lo es para nosotras. Hay que hacerse valer”, expresó.

Trindade señaló que desde que se creó el régimen especial de subsidio por desempleo, la cantidad de días trabajados por mes en muchos casos se redujo a sólo diez. “A los patrones el seguro especial les vino bárbaro porque les atendemos la casa por la mitad del dinero. Este gobierno lo que ha hecho es favorecer a los patrones. El seguro especial es una carga para el Banco de Previsión Social [BPS]”, dijo Trindade.

A raíz de la pandemia, el Poder Ejecutivo creó este régimen para los trabajadores con una reducción máxima de hasta 19 días completos mensuales o de 50% de su horario habitual. La medida está vigente hasta el 30 de junio.

Otro de los problemas a los que se han enfrentado las domésticas desde que comenzó la crisis sanitaria es que los empleadores se niegan a pagar los días en que no pueden concurrir cuando algún integrante de la familia fue hisopado o contrajo covid.

Según Trindade, desde 2010 existe un convenio que establece que si la empleada no concurre a trabajar por decisión del empleador, este debe pagar el jornal de todas formas.

En setiembre, luego de haber sido acusada por su empleadora de transmitirle covid a su esposo, Trindade decidió trabajar toda la jornada con tapabocas. Hace poco, sin embargo, le pidieron que no lo usara, porque ya no era necesario. “Pero yo quisiera que la gente vea cómo viven: salen y entran, nadie se lava las manos, se acuestan vestidos”, observó.

La sindicalista considera que es necesaria una mayor presencia de inspección en el trabajo doméstico. No sólo por el respeto al protocolo de prevención de covid-19, sino también por la cantidad de domésticas informales que trabajan para extranjeros.

Uno de estos casos se visibilizó en enero, cuando dos trabajadoras domésticas bolivianas denunciaron ser explotadas por una persona que les retenía el sueldo y las sometía a maltrato psicológico. Trindade señaló que la mayor parte de las domésticas que trabajan en José Ignacio son extranjeras. “Me pregunto cuántas de ellas están registradas en BPS”, agregó.

Se estima que en Uruguay hay 130.000 empleadas domésticas, de las cuales sólo 76.000 están registradas en el BPS, indicó. En todo el país son 400 las trabajadoras afiliadas al sindicato y en Maldonado hay apenas 30 afiliadas activas.

“Con la pandemia pasó que muchas no pudieron pagar la cuota [90 pesos mensuales] y el estatuto dice que después de seis meses de deuda, la trabajadora queda desafiliada. Lo que hicimos fue retirar fondos del sindicato para que no quedaran desafiliadas”, dijo Trindade.

A pesar de que el sindicato fue refundado en 2005, la afiliación es muy baja si se la compara con el sector de la construcción, en el que casi la mitad de los trabajadores forman parte del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Actualmente, no hay filiales del SUTD en nueve departamentos. La dirigente sindical atribuye la baja sindicalización del sector al desconocimiento de derechos por parte de las trabajadoras y al miedo a las represalias.