El presidente de la Comisión Fomento de Punta Colorada, Daniel Giménez, aclaró a la diaria que no están “alineados” con los reclamos judiciales de las personas que hoy viven en las casas costeras conocidas por sus techos rojos de dos aguas. Pero enfatizó que se trata de viviendas de alto valor patrimonial para el balneario, aunque no hayan sido declaradas como tales. “Hasta el logo de la comisión tienen los techitos rojos. Perderlas sería un dolor irrecuperable para la comunidad”, destacó.

“Estamos de acuerdo con los fallos de la Justicia, no reclamamos nada en ese sentido. La Justicia falló a favor del Estado y esos terrenos tienen que ser de uso público”, dijo, aunque entiende que el intendente Enrique Antía podría concretar los planes que les anunció para ese lugar sin necesidad de demoler las casas.

Giménez recordó que, durante una reunión mantenida en setiembre de 2021, Antía y su director general de Planeamiento, Roberto Chiacchio, informaron a la comisión que “en una parte se iba a ubicar la organización S.O.S Fauna Marina, en otra el club de vela, que es agradable y necesario, y en otro había una idea de un museo, que compartimos”, detalló.

Vecinos de Punta Colorada.

Vecinos de Punta Colorada.

Foto: Daniel Giménez

Sin embargo, opinó que ahora “la noticia de la demolición no es clara” y que “despierta alarma” entre los vecinos: “Esas construcciones nos identifican y son parte del paisaje”. Por ese motivo, este fin de semana se movilizaron frente a las casas en cuestión con carteles de “no a la demolición de los techitos rojos” y “señor Antía, no todo es plata en la vida”, entre otras consignas.

Además, la comisión dirigió una carta al intendente con copia al alcalde del Municipio de Piriápolis, René Graña. “Recuperar para el uso público un sector actualmente privado constituye un paso muy importante, que saludamos. Pero no compartimos la demolición de edificaciones que tienen un gran valor histórico y que herirá la sensibilidad de los vecinos que ven allí sus recuerdos más queridos”, escribieron. Para finalizar, solicitaron a Antía que “reconsidere” la demolición y se pusieron “a las órdenes” para buscar “alternativas” junto a la alcaldía y otras organizaciones de la zona.

Además del recurso de amparo que rechazó la Justicia civil y que está en proceso de apelación, los abogados de quienes viven en “los techos rojos” presentaron una denuncia penal por abuso de funciones contra Antía. Esa investigación judicial sigue en curso.