El juez letrado de Maldonado de quinto turno, Federico Rodríguez, rechazó el recurso de amparo presentado por los habitantes de las viviendas de Punta Colorada que la Intendencia de Maldonado (IDM) quiere demoler.

En la sentencia, Rodríguez consideró que sobre el tema existe “cosa juzgada”, ya que hubo otro proceso de amparo que los accionantes promovieron en 2021, que buscaba la suspensión de las demoliciones, lo que fue desestimado en primera y en segunda instancia.

“Atento a que existe resolución firme en un proceso tramitado con el mismo objeto y causa, corresponde el acogimiento de la excepción de cosa juzgada interpuesta con respecto a las personas físicas que fueron parte del proceso tramitado”, señala la sentencia, a la que accedió la diaria.

Rodríguez cuestionó el argumento de la defensa en cuanto a la obligación de presentar una orden judicial para avanzar con la demolición señalando que eso sólo se da en los casos en los que exista una resistencia efectiva a la demolición.

“Si la construcción, loteo o fraccionamiento con destino habitacional recae sobre un bien de dominio público, resulta aplicable el Art. 69.3 de la Ley. En estos casos, la preceptividad del accionamiento judicial para la demolición de las construcciones está expresamente condicionada a la existencia de “resistencia del infractor” a lo actuado por la autoridad administrativa”, expresa la resolución judicial.

Rodríguez defendió el accionar de la IDM señalando que su actuación “fue adoptada en ejercicio de las facultades que la Ley expresamente le confiere, adecuando su accionar a los mandatos legales y constitucionales”.

La defensa de los accionantes, llevada en materia civil por los abogados Hugo Costa y Marcelo Güinle y en penal por el estudio Donnángelo-Durán-Sasson, anunció que la resolución será apelada y evalúa los pasos a seguir en los diferentes ámbitos judiciales vinculados con el caso.

La demolición fue definida en una resolución de la IDM en 2021, y la disposición fue impugnada por la familia, integrada por personas de entre 80 y 87 años, por lo que está pendiente la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, los abogados presentaron una denuncia penal contra el intendente Enrique Antía por abuso de funciones, que está en trámite.