Tras celebrar la declaratoria de Punta Ballena y parte de su sierra como “reserva departamental” natural, las organizaciones que promovieron la iniciativa ante la Junta Departamental de Maldonado se preparan para una nueva etapa: lograr que el gobierno nacional ingrese al icónico lugar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Una “buena señal” en ese sentido es la reunión que mantendrán el próximo viernes la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Estela Delgado, y el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, con una delegación del movimiento social.

“El gesto indica que el gobierno está actuando rápido”, evaluó la doctora Isabel Gadino, integrante de la Red Unión de la Costa (RUC) y representante del Centro Universitario Regional Este (CURE) en la comisión que, según se estableció por decreto, elaborará un Plan de Manejo de Punta Ballena.

La declaratoria de reserva departamental y la implementación de medidas cautelares que prohíben nuevas construcciones mientras se tramita el ingreso al SNAP es, para las organizaciones sociales, “un paso enorme” en la preservación y protección de los diversos valores de la punta rocosa.

No obstante, en diálogo con la diaria, Gadino recordó que “también el humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos es una reserva departamental y nunca pasó nada con ella”. “Ese es un antecedente que, para nosotros, enciende luces amarillas. No es para quedarnos tranquilos y tenemos toda una etapa de trabajo por delante”, advirtió.

Por otra parte, la académica consideró que, en el escenario más favorable, el ingreso al SNAP podría darse “dentro de un par de años”. Antes hay que analizar los mecanismos para que los predios en poder de privados pasen nuevamente al dominio público.

La posibilidad de que el conglomerado de empresas Triple Impacto adquiera las tierras y se las done al Estado parece remota. Según Gadino, los ejecutivos intentaron negociar la compra con Delfín Ezequiel Carballo, principal del grupo propietario de los predios en Punta Ballena, pero fracasó: “Primero hubo bastantes dificultades para acceder a él y luego respondió que no venderá, así que la empresa se bajó del proyecto”, señaló.

Ahora, “si la vía es expropiar, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Cómo se negociará el precio con los privados y cómo se dividirán las responsabilidades ante la posibilidad de un juicio? Hay mucho trabajo por delante”. De eso pretenden hablar los colectivos con Delgado y Nario. Entretanto, se tomarán un respiro al cabo de un año y medio de intensas acciones para impedir, en principio, la construcción del proyecto residencial de 29 edificios.

“Fue un tiempo largo por la intensidad; reuniones por Zoom hasta altas horas, trámites, actividades de financiación para sostenernos. Capaz que un año no es tanto para un conflicto, pero la intensidad fue mucha y también con momentos de desazón. Nunca perdimos las esperanzas, pero sí teníamos mucho temor”, confesó Gadino.

A su juicio, la magnitud del movimiento, el compromiso de sus integrantes y el enorme respaldo de la población fueron factores determinantes para no bajar los brazos.