La Junta Departamental de Maldonado aprobó la propuesta que presentaron organizaciones sociales y ambientalistas, tras una campaña de recolección de 34.000 firmas, para declarar a Punta Ballena como área natural protegida. La iniciativa popular fue avalada por la unanimidad de los ediles, en una sesión extraordinaria convocada para la noche de este lunes 17.
La actividad de los ediles comenzó una hora y media más tarde de lo previsto, con el tratamiento de un informe aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión especial que estudió el tema desde el 7 de febrero pasado. Tras escuchar a una delegación vecinal y la opinión de técnicos de la Intendencia de Maldonado, la comisión especial modificó el texto, que originalmente constaba de dos artículos.
El proyecto fue ajustado desde el punto de vista jurídico tras consultas a la Corte Electoral y a diferentes asesores sobre el procedimiento legislativo, con el ánimo de evitar o minimizar recursos de los privados en contra del Estado.
Lo que establece el decreto
El primer artículo aprueba la iniciativa popular presentada en el expediente 735/2024. El segundo declara “a Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena como reserva departamental, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 17.234 (que da esa potestad al gobierno departamental) en razón de sus valores naturales, sociales y culturales”.
El tercer artículo plantea dos propuestas al Poder Ejecutivo. La primera es que la zona de marras se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de acuerdo a los artículos 4 y 5 de la ley citada y al artículo 6 del decreto del Poder Ejecutivo 52/005, “bajo un estatuto de protección que preserve sus actuales condiciones paisajísticas y ecosistémicas”.
Por otro lado, establece la creación de una comisión administradora integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el gobierno departamental de Maldonado, la Universidad de la República y la sociedad civil” que tendrá a su cargo la elaboración del Plan de Manejo del área de referencia.
Para “evitar la construcción de obra nueva y la realización de modificaciones en el ecosistema”, el cuarto artículo establece una servidumbre non aedificandi sobre siete padrones de Punta Ballena. La medida abarca al “padrón número 15.503 de la localidad catastral Punta Ballena y la afectación de los padrones números 12.934, 12.935, 12.936, 12.937, 12.938 y 12.939” de la misma localidad, de acuerdo a artículos de la Constitución de la República y de cuatro leyes.
Por último, el decreto determina que “las limitaciones y aviso establecidos en el artículo precedente estarán vigentes hasta tanto ocurra una resolución expresa del Poder Ejecutivo” que integre Punta Ballena al SNAP.
Hecho histórico y elogios a la movilización social
Ediles blancos y frenteamplistas coincidieron en definir la aprobación del decreto como “un hecho histórico” en defensa de “un ícono nacional”.
Reconocieron, además, la movilización de las organizaciones que, junto con la academia, presentaron decenas de informes y miles de observaciones en las etapas de puesta de manifiesto y audiencia pública del proyecto Complejo Residencial Punta Ballena. Ese trabajo determinó que el Ministerio de Ambiente (MA) rechazara la autorización ambiental previa del emprendimiento, admitieron desde ambas bancadas. También hubo menciones para el trabajo del edil frenteamplista Joaquín Garlo, actualmente diputado, por su aporte a la causa ciudadana.
Repasos del proceso histórico de las tierras, citas al informe del MA que rechazó el proyecto inmobiliario, elogios oficialistas al “compromiso del intendente Enrique Antía con la protección y recuperación de la faja costera” y críticas de la oposición a las excepciones a la normativa edilicia concedidas por el gobierno departamental se sucedieron en las dos horas previas a la votación del decreto por unanimidad.
En general, los ediles enfatizaron que la aprobación del decreto es el primer gran paso hacia la preservación definitiva de Punta Ballena. Varios blancos consideraron que, probablemente, el proceso se encamine hacia la expropiación de las tierras y apuntaron, en ese sentido, a las acciones futuras del Ejecutivo nacional.
En las barras, integrantes de las organizaciones que trabajaron para advertir sobre los daños irreversibles y las violaciones legales que implicaba aprobar el proyecto inmobiliario en cuestión, quienes además promovieron la iniciativa de declarar a Punta Ballena como área natural protegida, estallaron en gritos de alegría y abrazos emocionados. Desde sus bancas, los ediles los aplaudieron de pie.