El doctor en Ciencias Néstor Mazzeo, profesor titular en la Universidad de la República e investigador en el instituto Saras, lleva más de una década investigando los sistemas localizados en la costa del departamento de Maldonado, con énfasis en las lagunas destinadas al suministro de agua potable para la población: Sauce, Blanca y Escondida. También ha trabajado sobre la laguna del Diario y, más recientemente, en la laguna Garzón. Aunque en estos años se ha generado un amplio conocimiento para mitigar o evitar impactos ambientales, poco de ese trabajo se ha reflejado en la toma de decisión de los gobernantes.

“Sobre muchos de esos sistemas hay un cúmulo muy grande de información, incluso planes y estrategias, pero persisten grandes dificultades en su implementación. No hay una correspondencia entre lo que sabemos y lo que hacemos”, lamenta el experto en diálogo con la diaria. Sobre los motivos de esto, las claves para generar un cambio, los desafíos para la gestión del agua y los “mensajes” que deja el trabajo académico en esos sistemas habló en la siguiente entrevista.

¿Qué determina la “no correspondencia” entre el conocimiento y la toma de decisión en la gestión ambiental?

Uno de los puntos es la fragmentación; tenemos una tendencia a analizar la realidad vinculados a ciertos dominios disciplinares y eso nos impide comprender muchos de los problemas de forma integral. Se dice que “el mundo tiene problemas, las universidades tienen departamentos y el Estado tiene ministerios”, y ese es uno de los factores clave. Otro factor es lo que el sistema socioecológico llama “la discordancia de escalas”. Esto pasa mucho en el ámbito político, que está muy focalizado en el corto plazo. Las dinámicas electorales obligan a los actores políticos a conseguir resultados y estrategias en períodos muy cortos de tiempo; esto, muchas veces, conspira contra construcciones de más largo aliento. Ahí hay un conjunto de grandes componentes que explican esa no correspondencia.

¿Cómo se encuadran, en este contexto, las acciones de la sociedad civil organizada?

Para muchos, esas acciones implican un punto de quiebre en los sistemas actuales de gestión de temas ambientales. En el caso de Punta Ballena, por ejemplo, se ve claramente un consenso transversal que va más allá de partidos políticos y de condiciones socioeconómicas o ideológicas en cuanto a elementos que se entienden como bienes comunes. Frente al acuerdo y la convocatoria en defensa de ese bien común, lo más interesante es cómo se organizó la sociedad civil y su interacción con la academia. Pasaron a utilizar de forma efectiva todos los espacios que la normativa de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible contemplaba.

Siempre recuerdo reflexiones de Marcelo Cousillas y José Sciandro en cuanto a que el principal desafío es la brecha entre el marco normativo y su aplicación. Es muy interesante seguir explorando el caso porque, más allá de la organización de la sociedad civil, el trabajo pudo realizarse también porque hay un marco normativo e institucional que contemplaba esas interacciones. Acá hay un salto: la sociedad civil comenzó a comprender no sólo las reglas de juego sino también cómo jugarlas, y eso obliga a procesos que comienzan a ser mucho más transparentes. Ahora queda muy clara cuál es la trazabilidad de lo que opinan los cuadros técnicos y qué es lo que indican las organizaciones de la sociedad civil; si un ministro va en contra de esos elementos, tiene que plantear argumentos muy buenos para justificar su firma. Es un cambio que me parece muy importante.

¿Cómo observa la movilización social en defensa del humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos ante el plan de la Intendencia de Maldonado [IM] de rellenarlo y construir un picódromo?

Lo que está habiendo ahí es una consecuencia de la experiencia en Punta Ballena. Las organizaciones de la sociedad civil están muy empoderadas y no están dispuestas a ceder elementos que constituyen bienes comunes. En el caso del humedal, hay una discusión de fondo que es hacia dónde vamos en términos de desarrollo y a qué estamos apostando. En esta medida percibo una crisis de imaginación. Por un lado, la decisión de trasladar escombros para esa zona puede tener beneficios para la IM, aunque encierra perjuicios enormes, pero el perjuicio más grande es la propuesta de construir un picódromo. Eso afectará el potencial del avistamiento de aves y la focalización de fauna para un turismo que, si bien es incipiente en Uruguay, a nivel global genera recursos sorprendentes. Si se implementara la propuesta de un parque en la Aglomeración Central, que está en las directrices del ordenamiento territorial de 2011, habría una cantidad de beneficios impresionantes, particularmente para un departamento que necesita diversificar y desestacionalizar su turismo.

¿Cómo han evolucionado las medidas de protección de la calidad del agua de la laguna del Sauce?

La laguna del Sauce es un ejemplo tapizado de estudios, evaluaciones técnicas y propuestas concretas. Los avances más importantes están en las consecuencias: programas de monitoreo que asisten en los procesos de análisis y toma de decisión a nivel de la planta potabilizadora de OSE y que permiten a los técnicos anticiparse a la problemática y activar una cantidad de procedimientos. Se ha hecho una inversión enorme en la planta, pero todo eso es una consecuencia del proceso. Si vamos a las causas, viendo el plan de acción aprobado en 2015, o si uno lee el plan de gestión de cuenca que está en su última fase de aprobación, se observa que gran parte de las medidas y estrategias que atacan la causalidad tiene un nivel de implementación muy bajo. Básicamente, porque no hay recursos económicos. De ahí emerge un mensaje clave que hay que incorporar en los cambios de la gestión del agua: un supuesto del cambio constitucional de 2004 era que las barreras económicas caerían si se avanzaba en forma efectiva con la cooperación interinstitucional e internivel, pero en la realidad eso no ocurre, pues muchas acciones no están en ninguna parte del presupuesto y no hay recursos asignados a ninguna de las instituciones.

Organizaciones vecinales y ambientales advirtieron sobre los impactos negativos “irreversibles” que traerá la urbanización Los Manantiales, aprobada junto a la laguna del Diario. ¿Comparte esa preocupación?

En la laguna del Diario hay mucho movimiento y varios desafíos a partir de la aprobación de ese desarrollo. Creo que hay grandes dificultades para incorporar en el ámbito del diseño urbano, en el ámbito de la arquitectura, todo lo que sabemos de interfase entre las matrices urbanas y los ecosistemas acuáticos. El problema es que no se evalúan los efectos acumulados. Al tomar una decisión sobre Los Manantiales no sólo hay que ver el estado de la laguna del Diario y los costos que implica manejar ciertas consecuencias, sino también la expansión reciente de otros sectores urbanos que generan una serie de problemas no directamente vinculados al tema saneamiento.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, ampliar el ámbito urbano en una cuenca así modifica drásticamente el balance hidrológico. Cada vez que llueve escurre mucha más agua, por un tema de impermeabilización del suelo. Eso genera cambios no sólo en el flujo de entrada de agua durante los eventos de precipitación, sino también en lo que transporta el agua en términos de contaminantes y demás. Otro punto: es muy sabido que con toda el área urbana que se está estableciendo en la cuenca de la laguna del Diario ya tendría que haberse modificado la conexión con el mar. Ese alcantarillado fue diseñado en un contexto de décadas atrás que no tiene nada que ver con la actualidad. Ahí veo una dificultad en el ámbito de la gestión que es cómo evaluamos los efectos acumulativos de las cosas. No podemos ir evaluando iniciativa por iniciativa porque nos perdemos una parte de la película.

Las lagunas Blanca y Escondida, al este del departamento, también son enclaves atractivos para los desarrollistas. ¿Cómo impactan las urbanizaciones allí?

Blanca y Escondida son casos fascinantes. Se trata de sistemas en los que los desarrollos de baja intensidad tienen a las lagunas como principal atractivo para las inversiones. Sin embargo, las acciones que se realizan conspiran contra esos cuerpos de agua. Ese contrasentido me resulta sumamente fascinante. Alguien de Economía analizaba que esto ocurre porque los desarrollistas obtienen beneficios en un corto plazo, y puede ser una hipótesis a analizar. Yo creo que, en gran medida, también hay desconocimiento. Se han autorizado edificios de varios pisos en la salida subterránea de agua de la laguna hacia el mar; no se pusieron a evaluar la extracción de agua subterránea o los sistemas de presión de napas para los cimientos, por ejemplo. También hay mucho desconocimiento en cuanto a las prácticas de jardinería.

¿Cómo evalúa las medidas instrumentadas para controlar el crecimiento de plantas acuáticas en la laguna Garzón?

Es un tema muy desafiante. La gestión de la barra requiere condiciones muy particulares porque debe transcurrir muy poco tiempo entre que se toma la decisión de abrirla y se implementa la medida. Esa decisión sólo debería tomarla alguien que está en el territorio. Es llamativo que se tome en Montevideo, algo que genera un problema que en nuestro campo llamamos “policentrismo”. Ahí hay capacidades en el territorio, hay personas encargadas del área protegida a quienes no les asignan roles que perfectamente podrían cumplir. Quienes gestionan el parque tienen la capacidad y la formación para analizar y tomar la decisión de una forma efectiva. En definitiva, en el caso de Maldonado y también a nivel nacional hay grandes desafíos en la gestión del agua. Eso se traduce en crisis como la que hubo en la zona metropolitana y se requieren muchos cambios.

¿La alianza entre la sociedad civil y la academia es una vía para generar esos cambios?

La gestión de estos componentes de capital natural (agua, suelo, costa), cómo se analizan y se toman las decisiones, involucra a muchos actores. Más allá de los actores gubernamentales, los sistemas contemporáneos de gobernanza ya incluyen a la sociedad civil y a la academia. En general, los procesos de cambio ocurrirán cuando haya alianza entre esos dos actores. En algunos momentos hubo alianzas que involucraban a los tres actores, pero en los tiempos más recientes es más común o frecuente entre sociedad civil y academia.

No es algo que haya valorado el intendente Enrique Antía en los últimos diez años, según cuestionan las propias organizaciones.

Las interacciones de los dos gobiernos de Antía con la sociedad civil han sido casi nulas, no así en los períodos anteriores. Un dato muy fuerte en ese sentido son las estadísticas que llevo de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce. En diez años, la IM faltó a 80% de las reuniones; eso habla de cómo percibe esos espacios en los que participan muchos actores, que incluso son clave porque articulan el nivel nacional con el departamental.

Los sistemas de gobernanza ambiental contemporáneos se construyen sobre lo que el filósofo Daniel Innerarity llama “la democracia completa”. En muchos ámbitos del interior del país predomina el clientelismo político y eso es algo muy estudiado, pero en Maldonado, volviendo al ejemplo de Punta Ballena, vemos que la alianza entre sociedad civil y academia les pasó por arriba a todos los actores políticos. Incluso, revisando el archivo, es interesante cómo en el transcurso de los acontecimientos varios políticos cambiaron su discurso. En definitiva, siempre se necesitará alianza de actores; es muy difícil que un actor por separado pueda generar una transformación radical.

Sin embargo, esa alianza sociedad-academia requiere capacidad económica, experiencia y tiempo. Quizás las características de Maldonado han jugado a favor.

Es cierto, no siempre las comunidades tienen esas posibilidades. En el caso de Maldonado hay un contexto socioeconómico particular. Ahí hay que volver a recordar a Maslow y la pirámide de la satisfacción. Hay un montón de gente muy concentrada y con tiempo para trabajar en estas temáticas ambientales porque tiene resueltos aspectos mucho más básicos de su vida, y eso no es menor. También Maldonado tiene la particularidad de contar con muchos docentes en régimen de dedicación total, que deben cumplir roles de investigación y extensión. Ahí ya hay otro capital que ayuda en este tipo de interacción.

¿Qué opina de los planes de gestión del agua y el saneamiento en Maldonado?

Ahí también hay desafíos. Por ejemplo, el fideicomiso de OSE aprobado en 2024 incluyó una cantidad de obras necesarias para Maldonado, pero dejó afuera el saneamiento de La Capuera. Estaba construido todo el sistema central, los sistemas de bombeo, que implicaron millones de dólares, pero no pudimos avanzar en las redes secundarias. Lo que pagamos por suministro de agua potable no cubre los costos de OSE ni los costos necesarios para asegurar una buena cosecha de agua en una cuenca, y eso hay que analizarlo. Muchas veces los fondos que se obtienen de los centros más grandes se destinan a parte de la población con menos densidad y está bien, porque de otra forma no les llegarían las obras; el problema ahí es que no tenemos los números sobre la mesa, no los conocemos y, por lo tanto, las discusiones son bastante rudimentarias. Falta mucha transparencia.

También debemos entender que estos grandes desafíos no podrán ser resueltos por un esfuerzo exclusivo del ámbito público, que debe atender en el corto plazo problemas serios, como la pobreza. Creo que hay que cambiar el formato y complementar capacidades en el marco de esa alianza entre actores. Para que el país llegue a atender la demanda no satisfecha de gestión pública del agua se requiere un ciclo de crecimiento muy largo, muy virtuoso, que llegará dentro de muchos años. Entretanto, hay que encontrar otras modalidades. El ámbito público solo no puede con esto.