La Junta Departamental de Maldonado modificó la ordenanza de construcciones (TONE) para habilitar bloques bajos de nueve o 12 metros de altura y “edificaciones bajas o unidades locativas aisladas o apareadas de 7 metros” en predios frentistas a las ramblas de los Ingleses y de los Argentinos en Piriápolis, en algunos tramos. Se entiende que, de ese modo, se reactivará la zona.

El Frente Amplio (FA) se expidió en contra y reclamó un estudio más profundo de las modificaciones. También lamentó que la Intendencia de Maldonado (IDM) no haya sometido la iniciativa a consulta y opinión de las autoridades municipales y vecinos.

El edil del Partido Nacional (PN), Adolfo Varela, argumentó a la diaria que Piriápolis es un balneario que “está bastante deprimido en materia de construcción”, tiene edificaciones muy altas, pero ordenanzas bajas. Por lo tanto, entiende que la creación de bloques bajos en tierras baldías con el permiso de construcción y los metros necesarios puede “generar [...] un potencial de inversión”. A su vez, recordó que cuando se construyen edificios, “la intendencia tiene ganancias en materia de construcción inmobiliaria y generación de empleo”.

Sin embargo, el edil del FA Juan Urdangaray dijo durante la sesión que votaron negativo no por las modificaciones planteadas, sino porque entienden que “cuando se trata de cuestiones de ordenamiento territorial, hay que consultar a los técnicos y a la ciudadanía sobre qué piensa”. La Ley de Ordenamiento Territorial en su artículo 28 establece que “deberán prever mecanismo de seguimiento, control y evaluación técnica y monitoreo ciudadano”.

No obstante, el edil nacionalista Javier Sena dijo que esta fue una de las iniciativas presentadas en 2016 para modificar el TONE. Señaló que se propone una edificación de cuatro niveles “no agresiva y [que] puede ser un punto de inflexión en cuanto al movimiento económico de esa zona”. No obstante, advirtió que “debe estar acompañada de la tolerancia a los impuestos”, porque si bien forma parte de la legislación vigente, “en estas zonas no están incorporados”.

Lineamientos de la modificación

En el expediente Nº 160/2025 se indica que esta iniciativa —que contó con el informe favorable de los tres ediles blancos de la Comisión de Obras Públicas- abarca las subzonas de los predios frentistas a la Rambla de los Ingleses, entre la Avenida de Punta Fría hasta la cañada en la manzana 1014 y de la Rambla de los Argentinos entre Gabriel Pereira y Santiago Vázquez. Los bloques y edificaciones bajas a construir deberán contar con previo permiso de construcción y tener “la viabilidad para la disposición de las aguas servidas por parte de OSE”.

El expediente fue avalado por la Dirección de Urbanismo de la IDM el 10 de abril y, un día después, el intendente Enrique Antía resolvió enviarlo a consideración de la Junta Departamental. El edil del FA y arquitecto Jorge Pieri subrayó a la diaria que Antía se aseguró de que el expediente se votara con celeridad y que se presentó en el edificio del legislativo a la hora de la sesión plenaria.

Posturas cruzadas sobre el estudio del expediente

La bancada del FA consideró que faltó estudio y discusión en la Comisión de Obras del legislativo y también en el plenario sobre la modificación normativa. El proyecto de decreto departamental fue remitido antes de la Semana de Turismo, ingresó a la Junta Departamental el 21 y fue firmado el 22 en una sesión extraordinaria de la Comisión de Obras.

“No se entiende el apuro de votarlo. No es la manera de tratar asuntos de este calibre”, debido a que requiere de un estudio previo, opinó Pieri. Su compañero de bancada, Fernando Borges, fundamentó su voto negativo con los mismos argumentos: “nos gusta estudiar un poco más estas situaciones”, puntualizó.

También cuestionó la falta de trabajo descentralizado. “No hubo consulta absolutamente a nadie” y no se trata de una zona alejada que “tiene una necesidad de construcción”, sino de la rambla de Piriápolis, opinó. Pieri remarcó que no hubo consulta con el Municipio de Piriápolis ni con las organizaciones vecinales de la zona, y tampoco con OSE para evaluar si hay saneamiento.

En cambio, Varela sostuvo a la diaria que “no corresponde [consultar al Municipio de Piriápolis] porque la materia de legislación es 100% de la Junta Departamental, no tiene nada que ver un municipio”. Además, desde la bancada del PN consideran que se cumplieron los pasos administrativos y legales correspondientes.

Varela aseguró en el plenario que si quisieran modificar la ordenanza sin un estudio previo, “lo podemos hacer, porque es la potestad que tiene esta junta”. Cabe aclarar que cuando hay modificaciones de la ordenanza de construcción hay un proceso de estudio por parte del Ejecutivo y las comisiones, consulta con los municipios y las organizaciones involucradas, evaluación del saneamiento con OSE y luego discusión en el plenario, y en este caso no se dio.